A dos semanas de haber retomado sus labores, los trabajadores de la ensambladora Chrysler de Venezuela fueron informados que para noviembre la planta se paralizará de nuevo.

La información la suministró el secretario de actas del sindicato, William Ruiz, quien indicó que la medida se debe a que la autopartista Danaven ha tenido dificultades con la adquisición de insumos, porque no le han asignado las divisas y esto los llevará a detener la producción por lo menos por dos semanas.

“Esto sucederá si la empresa proveedora no logra traer las piezas para las camionetas Jeep Grand Cherokee”.

Cabe recordar que esta ensambladora inició sus labores el pasado 22 de septiembre, luego de estar seis meses inactiva.

Actualmente está produciendo 30 unidades diarias. Los mil 35 trabajadores que tiene la nómina están laborando con normalidad.

En otro orden de ideas, Ruiz informó que los miembros de la Federación Unitaria de Trabajadores Automotrices, Autopartistas y Conexos (Futaac), se reunirán este lunes en horas de la tarde con los 23 trabajadores de la empresa Suramericana de Soplados, compañía que fue cerrada por el patrono.

En el encuentro los sindicalistas estudiarán una serie de acciones que llevarán a cabo en defensa del personal de la planta que elaboraba los tanques de gasolina para las ensambladoras. “A nosotros nos cuesta creer que se estén cerrando empresas a los ojos de funcionarios del Estado y no se haga nada, cuando esta situación va en detrimento de la producción nacional”.

Recordó que Suramericana de Soplados es la única compañía que elabora los tanques de gasolina automotrices desde hace diez años.

Al consultarle si se han dado los encuentros con el Ejecutivo nacional, aseveró que el comisionado para la industria automotriz, que fue designado por el Gobierno, no ha sostenido reuniones con los trabajadores, pese a que el sector ha solicitado varias mesas de diálogo.

Notitarde

El gobierno argentino declaró hoy el estado de “alerta epidemiológica” por el ébola, mientras se investiga si un guineano que se encuentra aislado en Brasil por sospechas de que puede padecer la enfermedad pasó por Argentina.

La declaración, anunciada por el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, significa que aumentarán las medidas de control de ingreso aéreo y fronterizo al país y los recursos para formar personal sanitario y dotar los hospitales.

El anuncio siguió a la noticia de que un ciudadano de Guinea Conakry, uno de los países más afectados por el ébola, está aislado en un hospital de Río de Janeiro por presentar algunos de los síntomas de la enfermedad, por lo que ha sido declarado caso sospechoso.

El guineano fue atendido en primer lugar en Cascavel, en el estado de Paraná, fronterizo con Argentina.

El Ministerio de Salud argentino confirmó que se investiga si Souleymane Bah accedió a Brasil por tierra desde Argentina.

También en la provincia fronteriza de Misiones (noreste) se realizan diligencias, ya que Bah pidió refugio en una localidad brasileña cercana al municipio misionero Bernardo de Irigoyen, según detalló hoy el ministro de Sanidad provincial, Oscar Herrera Ahuad.

“Le hemos pedido información a Migraciones para que nos confirmen. La localidad de Bernardo de Irigoyen tiene un paso fronterizo seco, tenemos que pensar que no sólo hay vías formales por las cuales se cruza ya que en una frontera tan permeable, tan porosa, puede haber pasado por una vía no oficial”, declaró Herrera Ahuad en una rueda de prensa.

Bah, de 47 años, llegó a Brasil en calidad de refugiado el pasado 19 de septiembre procedente de Guinea Conakry, uno de los países africanos más afectados por el virus, después de hacer escala en Marruecos.

Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich explicó que “el ministerio de Salud (argentino) ha establecido el alerta epidemiológico por el ébola y ya se han disparado los distintos mecanismos de alerta para la detección de casos”.

El jefe de ministros detalló que mediante esta medida se incrementará especialmente la vigilancia para el “ingreso de personas por vía aérea”, a pesar de que Argentina no tiene vuelos directos con los países africanos donde se originó el brote.

Capitanich recalcó que Argentina “sigue las directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” y que el país cuenta con un sistema de alerta que incluye “recursos humanos, tecnología y centros sanitarios de referencia” para la detección y evaluación de posibles casos.

Además, el funcionario destacó que “Argentina es el único país de América Latina que tiene un sistema para detectar y analizar casos de ébola en 24 horas, lo que es importante para evitar la expansión de una epidemia de estas características”.

El método fue desarrollado por el Instituto Malbrán a partir del envío de material genético viral desde un centro de referencia de la OMS y es el único de estas características que existe en la región.

El centro logró diseñar un “primer” o cebador que permite multiplicar el genoma del virus de ébola si se encuentra en una muestra de sangre u otros fluidos y así confirmar o descartar un caso.

El viceministro de la cartera sanitaria, Jaime Lazovski, indicó que de momento se ha analizado el caso de cinco personas -cuatro ciudadanos argentinos y uno chino que viajaron desde Nigeria- en diversos puntos del país que resultaron ser falsas alertas.

“Esas situaciones dispararon los alertas de inmediato y no fue necesario el aislamiento estricto, pues se descartó inmediatamente que padecieran ébola”, dijo Lazovski.

El viceministro había confirmado este jueves a Efe la decisión de reforzar el sistema de salud, a través de la formación del personal, la compra de equipos de aislamiento y la elaboración de una normativa, tras los contagios detectados en Estados Unidos y España.

Hasta ahora, solo tres hospitales de referencia en todo el país estaban preparados para tratar esta enfermedad, el Garrahan y el Militar Central, ambos en Buenos Aires, y el Néstor Kirchner, ubicado en el cinturón metropolitano de la capital argentina.

El Nacional 

En virtud de la solicitud planteada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de que se declarara el antejuicio de mérito contra el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Miranda, Juan Carlos Caldera, con el fin de continuar con el procedimiento penal por vía ordinaria, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fijó para el día jueves 23 de octubre a las 10:00 de la mañana para que se realice la audiencia oral pública.

De esta manera, en presencia de los magistrados del TSJ, la máxima representante del Ministerio Público expondrá los argumentos jurídicos acerca de que el parlamentario debe ser procesado por la presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales, previstos en los artículos 79 y 35 de la Ley Contra la Corrupción, y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.

El referido artículo 79 de la Ley contra la Corrupción señala que “la persona que alardeando de valimiento o de relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionario público reciba o se haga prometer, para sí o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, bien como estímulo o recompensa de su mediación, bien so pretexto de remunerar el logro de favores, será penado con prisión de dos (2) a siete (7) años; y con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, a quien dé o prometa el dinero o cualquier otra utilidad de las que se indican en este artículo, a menos que haya denunciado el hecho ante la autoridad competente antes de la iniciación del correspondiente proceso judicial”.

Mientras que el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece que “quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita será castigado con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido”.

El día de la audiencia oral y pública, la Fiscal General explanará los argumentos correspondientes por lo que considera se debe proseguir una investigación penal por la vía ordinaria.

Finalizada la audiencia, que permite réplica y contrarréplica, corresponde a los magistrados del TSJ dictaminar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de Caldera López.

Vale recordar que el Ministerio Público presume que el parlamentario incurrió en los mencionados delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales, cuando éste recibió de manos de una persona una suma de dinero, de acuerdo con la denuncia que formularon tres ciudadanos del estado Miranda que consignaron un video, al cual se le practicó una experticia para corroborar su autenticidad.

De la investigación preliminar y el análisis de los recaudos consignados por los denunciantes, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que se pudiera estar en presencia de los referidos delitos.

Dentro de los argumentos expuestos por la Fiscal General ante la Sala Plena del TSJ para realizar la solicitud, resalta la declaración del entonces candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien luego de la transmisión del video por los medios de comunicación declaró: “El diputado Juan Carlos Caldera queda fuera de este proyecto. Él se puso al margen de este proyecto. Él no tiene el derecho de utilizar mi nombre, ni ninguna otra persona tiene el derecho de utilizar mi nombre para obtener beneficios personales”.

Panorama