En Venezuela ha surgido un nuevo magnate de medios: el Estado. En mitad de una crisis económica que ahoga las finanzas públicas, la autodenominada Revolución Bolivariana cuenta con una red de 14 canales de televisión, una red global por satélite (TeleSur), cuatro periódicos —y pronto, un quinto rotativo— y decenas de emisoras de radio, en un grupo mediático destinado a “promover la gestión del Gobierno, los valores socialistas e impulsar la revolución”, como reza el Presupuesto presentado recientemente por el Ejecutivo para 2015. Para financiar sólo una parte de este conglomerado, el Gobierno de Nicolás Maduro prevé invertir el año próximo 3.600 millones de bolívares (según la tasa oficial de cambio menor, algo más de 508 millones de dólares, aunque en el polémico sistema cambiario venezolano, con el tipo más favorable para el bolívar supondría sólo 64,7 millones de euros).
Al mismo tiempo, el chavismo se dispone a aprobar con su mayoría parlamentaria una ley que le permitirá aportar fondos de manera directa a más de 500 emisoras comunitarias que le son afectas, sin tener que pasar por las autoridades locales. Desde sus inicios, el proceso comandado porHugo Chávez consideró el terreno mediático como un campo de batalla crucial, por lo que debía hacerse con un arsenal de medios propios. De allí estas cifras, recolectadas en un estudio del académico Marcelino Bisbal, director de los Estudios de Posgrado en Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, una institución docente jesuita.
“Tomamos todos los renglones destinados a comunicación de los distintos entes en la Ley de Presupuesto y, desde luego, la mayor partida corresponde al Ministerio de Información y Comunicación”, relata el investigador.
A pesar de que la redoblada inversión oficial en difusión “no guarda ninguna relación con los escasos índices de audiencia de los medios del Estado”, Bisbal sostiene que la lógica para medir la eficiencia de esa inversión se corresponde en realidad a “una voluntad de copar todos los espacios de la vida pública. Si bien es cierto, como insisten voceros del Estado, que, medidos en unidades, todavía hay muchos más medios privados, se trata de medios intimidados y autocensurados, donde la verdad oficial predomina”.
Los 3.600 millones de bolívares asignados en el Presupuesto superan las partidas previstas para el Poder Judicial y el Poder Electoral, dos de los cinco poderes del Estado según la Constitución vigente desde 1999.
En 2015 deben celebrarse las elecciones para renovar el Parlamento, una ocasión que regularmente exigiría recursos adicionales para el Consejo Nacional Electoral (CNE), núcleo de ese poder.
Ese monto, destinado a financiar apenas una fracción de los medios del Estado —en el Presupuesto, según el estudio, no se especifican los desembolsos para la televisión de la Fuerza Armada o para la Corporación Maneiro, el ente encargado de importar papel de prensa, por ejemplo—, bastaría para costear la construcción de 301 escuelas, según calcula a partir de los datos de Bisbal la reportera Maru Morales, del diario El Nacional de Caracas, en una nota que el rotativo destacaba este lunes.
En la distribución de recursos, en cualquier caso, la Administración revolucionaria refleja las prioridades de su proyecto: destina a TeleSur, su canal internacional, un 75% más que el dinero reservado para Tves (Televisora Venezolana Social), la emisora que en 2007 improvisó para ocupar la frecuencia tradicionalmente asignada a RCTV, un canal privado al que el entonces presidente Hugo Chávez sancionó y obligó a desaparecer del aire.
El domingo, en un espacio de entrevistas del canal Televén, el diputado del oficialismo a la Asamblea Nacional Julio César Chávez (que no está relacionado con la familia del fallecido presidente), vaticinó además que antes del 15 de diciembre el Parlamento —dominado por la mayoría chavista— aprobará la nueva Ley de Comunicación del Poder Popular.
Julio César Chávez, quien preside en la Asamblea Nacional la Comisión de Medios, se felicitó de que la nueva normativa incluya la conformación de un fondo “para que los medios comunitarios se financien y no dependan de gobernaciones y alcaldías”.
