La prolongación de la emergencia humanitaria ha hecho que las “muertes en averiguación” ahora sean más numerosas que los propios homicidios
El 25 de julio, el señor Valdez intentaba reparar el caucho trasero de un camión.
Para este hombre de 46 años de edad era un día más de trabajo en el local Super Cauchos Chirica, en el municipio Caroní del estado Bolívar. Cuando inflaba el neumático, se escuchó un estallido.
Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Algunas partes del caucho salieron despedidas, como si se tratara de una granada. Una de ellas impactó a Valdez en el abdomen. Murió en el hospital de Guaiparo. Para la policía judicial, se trató de un caso de fallecimiento por accidente.
Tres días después, el señor Luces navegaba en una pequeña embarcación por el sector pesquero Las Galderas de Angostura del Orinoco. A sus 53 años, sabía que la captura podía mejorar si se acercaba a la orilla.
El peñero, arrastrado por la corriente, chocó contra las ramas de un árbol que se metía en el cauce. Oculto entre las ramas estaba un nido de avispas.
Luces se arrojó al agua, y nunca más lo vieron con vida. No murió por las picaduras, sino por ahogamiento.
Estos son apenas dos de cientos de casos que se acumulan año tras año en una categoría que, a falta de mejor denominación, es conocida como “averiguación-muerte”.
En el informe anual correspondiente a 2021, el Observatorio Venezolano de la Violencia alertó sobre un incremento en estos casos.
El director de este centro, Roberto Briceño León, indicó que esta categoría también opera como una especie de “caja negra”, en la que son metidos los casos cuyas pesquisas no van más allá de lo evidente.
“Son casos muy complicados, cangrejos, donde no se logra saber lo que ha pasado. Pero también, de forma muy marcada en este siglo, lo que no se quiere investigar”, indicó.
El 28 de julio, por ejemplo, murió en el hospital universitario de Los Andes, Mérida, un hombre de 61 años de edad, porque supuestamente ingirió un químico fertilizante “de manera accidental”. El hombre era oriundo de Santa Elena de Arenales, una zona rural de ese estado, al sur del Lago de Maracaibo, donde se presume que los habitantes pueden distinguir el sabor y olor de una sustancia de este tipo.
Es llamativa la proliferación de expedientes de muertes en averiguación. En algunos, incluso, las víctimas aparecen con heridas por armas cortantes, pero quedan en esa categoría, según Briceño, “porque se desconoce la intencionalidad de la acción”.
Uno de estos casos pudo presentarse en una vivienda de Sabaneta de Barinas, el 31 de julio.
Ese día, el dueño del inmueble, Argenis Rangel, tomó a un cochino por las patas traseras con el propósito de sacrificarlo. Al parecer, en la faena había testigos. El porcino, desde luego, chillaba y se retorcía para zafarse. Según el parte policial, una de sus patadas golpeó la mano en la que el hombre de 57 años de edad portaba el cuchillo para el sacrificio. El utensilio terminó clavado en la región esternal izquierda. Cuando llegaron al hospital Jesús Camacho, ya el campesino había muerto.
El caso quedó catalogado como una muerte accidental.
Pero no todos ocurren en sitios apartados.
El 13 de mayo, por ejemplo, un hombre de 38 años de edad falleció luego de permanecer cuatro días hospitalizado en El Llanito. Lo trasladaron desde su residencia, ubicada en Las Minas de Baruta, donde supuestamente ocurrió el hecho fatal. Familiares relataron a la policía que el sujeto manipulaba un cableado de Cantv cuando perdió el equilibrio y cayó justo donde estaba un palo de escoba, que se le incrustó en el recto. La causa de muerte: “caída de altura”.
Las muertes en averiguación han proliferado en todo el país, hasta el punto de que ya son más numerosas que los homicidios. De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, durante la primera mitad del año fueron iniciados 1816 expedientes en los que no se sabía a ciencia cierta la causa del fallecimiento. Esto es 37 % más que las muertes consecuencia de hechos delictivos.
El incremento de este tipo de muertes, además, es un subproducto de la emergencia que vive el país. En la primera mitad del año, por lo menos setenta personas perdieron sus vidas electrocutadas, ya sea porque intentaron conectarse ilegalmente al cableado o porque tuvieron un contacto no buscado con las líneas de transmisión. Por estas muertes nadie se responsabiliza. Tampoco por las 53 víctimas de explosiones de bombonas y tuberías de gas doméstico en mal estado. En el último caso, fallecieron Carmen Aurora Álvarez, de 67 años de edad, y su hijo Gabriel Bastos, de 46 años, cuando estalló un recipiente del fluido en una casa del sector Santa Ana de Carapita. Bastos, por cierto, agonizó durante doce días.
Es cierto que todos los días ocurren accidentes fatales. Pero en una situación de emergencia generalizada como la venezolana, los accidentes se hacen más frecuentes, y sus consecuencias se tornan mortales con mayor facilidad.
Breves
- Volvieron las carreras de carros en la autopista Francisco Fajardo. Estas competencias, conocidas como “piques”, comienzan los jueves a partir de la medianoche en el distribuidor Los Ruices, sentido a La Urbina. Un funcionario que vela por la seguridad de los conductores en esa vía expresa envió recientemente un video que muestra a un vehículo compacto detenido en el canal rápido, justo abajo del puente del distribuidor, en la espera de su contrincante. En ese momento, llega una patrulla del servicio de vigilancia vial de la Policía Nacional. El conductor de inmediato aceleró en forma tan violenta que dejó atrás al auto oficial, sin posibilidades de alcanzarlo. Los llamados “piqueros” no solo utilizan automóviles. En las madrugadas, también hacen carreras con motocicletas que van raudas por la autopista del Este hasta La Trinidad. “Se ve presencia policial, pero (los agentes) no tienen capacidad para emprender una persecución contra estos vehículos que están modificados, tanto en la suspensión como en los motores”, explicó el funcionario. Añadió que poner bloqueos a estas vías representaría un peligro para estos pilotos, y también para otros que no participan en las carreras. En septiembre de 2012, un conductor falleció cuando el vehículo que manejaba fue embestido por otros que participaban en una de estas competencias por la Fajardo, a la altura de El Paraíso.
- El 22 de junio, fue presentado ante la corte del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) el venezolano Carlos Orense Azócar. Este hombre, de 66 años de edad, fue detenido por autoridades italianas en un hotel de Casalvieri, una localidad de Frosinone a 100 kilómetros al sureste de Roma, en atención a una notificación roja cursada a través de Interpol. La acusación contra Orense fue incorporada en los registros judiciales en junio de 2021. El documento indica que, desde 2003 y hasta esa fecha, alias el Gordo presuntamente participó en tráfico de drogas hacia EE. UU., utilizando para ellos aeronaves que iban a Centroamérica y República Dominicana, e igualmente a través de las vías marítimas. También le imputan la posesión de ametralladoras y otros “artefactos destructivos”. Medios impresos de Italia y EE. UU. describieron a Orense como un participante en el llamado Cartel de los Soles, y de forma especialmente cercana con el exjefe de investigaciones financieras de la Disip (actual Sebin), comisario general Pedro Luis Martin, así como también con el exdirector de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal, quien continúa en disputa judicial para impedir la extradición desde España. Sin embargo, la acusación que cursa en Nueva York no hace mención alguna al tema del referido cartel. Solo indica que algún integrante del grupo con el que Orense operaba ya está en custodia en Estados Unidos. En el acto de presentación, Orense fue asistido por un abogado público, pues decía carecer de medios para pagar un defensor privado. Una organización de periodistas radicada en EE. UU. introdujo una moción para que sean divulgados los estados financieros de Orense, y determinar así la veracidad de su declaración.
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