Nos acercamos al fin del primer trimestre de 2021 sin señales de que la causa democrática venezolana esté avanzando. Esa es la cruda realidad. Como, para efectos de presión interna, la oposición sigue dentro del laberinto de Dédalo sin hilo de Ariadna, el único costo que está pagando el régimen por sus acciones es el de las sanciones internacionales. Como ha sido ya expuesto hasta el hartazgo, las sanciones limitan el flujo de recursos que se distribuye entre quienes mantienen a la elite chavista en el poder y también contribuyeron con el abandono del sistema económico cuasiestalinista, lo cual ha generado ciertas mejoras en términos de abastecimiento e inflación. De manera que la remoción completa de estas medidas punitivas haría un cambio político aun menos probable que lo que ya es, y hasta podría descarrilar los cambios en la política económica.
Pero siempre hay que tener en cuenta que las sanciones son un medio, no un fin. Sería ridículo discutir su pertinencia de manera dogmática e inflexible. Hacer de ellas un tótem cuyo cuestionamiento constituiría una herejía, tal como hacen sus críticos más acérrimos fuera de la elite chavista con el voto.
Para empezar, las sanciones no pueden por sí mismas surtir el efecto deseado de un cambio político. La disidencia no verá su objetivo cumplido si no combina la presión externa con una presión interna hoy casi inexistente. Incluso si las calles estuvieran repletas de manifestantes, no hay garantía de éxito. En otras palabras, las sanciones son parte de una estrategia que pudiera rendir frutos solo en el mediano o largo plazo.
Mientras, en Venezuela la vida sigue, con todas sus penurias. Cualquier cosa que le amargue todavía más la existencia al ciudadano común pudiera resultarle inadmisible. Las sanciones no son excepción. Mientras cumplen su propósito, no deberían exigirle mayores sacrificios a las masas. No en un clima de fatiga y frustración, como el actual. De hecho, si sus efectos colaterales fueran tales, terminarían siendo contraproducentes porque, al provenir de los aliados internacionales de la dirigencia opositora, la población las asociaría con ella, restándole así apoyos y mermando su capacidad para convocar movilizaciones.
Llegamos así al problema del diésel, el carburante usado por vehículos de carga. Como parte de su política de máxima presión sobre el régimen chavista y su mayor fuente de ingresos (Pdvsa), en octubre pasado el Departamento del Tesoro prohibió los intercambios de crudo venezolano por diésel para todo ente que no quiera vérselas con Washington. En su momento, las consecuencias de esta medida no se sintieron porque el inventario de aquel combustible en Venezuela era suficiente. Pero eso pudiera estar cambiando justo ahora.
Otro tanto informó el portal periodístico Crónica Uno, que además citó las advertencias de agricultores y responsables de la industria alimenticia sobre una eventual escasez generalizada de víveres debido a la paralización de la flota de camiones que los distribuye.
Todos sabemos lo que implica la escasez: racionamientos, colas interminables y revendedores con apodo de insecto himenóptero. Sería como volver a un aspecto insufrible de la vida en Venezuela entre 2014 y 2018. Pero esta vez la causa no sería el control de precios nefasto ordenado por Miraflores, sino un efecto secundario del esfuerzo por restaurar la democracia.
Las cosas no tienen por qué ser así. Francisco Monaldi, profesor de Rice University y uno de los especialistas venezolanos más destacados en materia petrolera, explicó en declaraciones a El Estímulo que Washington puede volver a autorizar los intercambios de crudo por diesel sin modificar las sanciones, puesto que la documentación legal de las mismas no incluye dichos intercambios. Al igual que las fuentes consultadas por Reuters y Crónica Uno, Monaldi alertó que las consecuencias de la falta de diésel pudieran sentirse en los próximos meses.
Desde luego, si es Pdvsa la que importa el diésel, su distribución quedaría a cargo de quien la elite chavista decida. Pero me atrevería a decir que los beneficios que de ello puedan sacar quienes mantienen al chavismo en el poder serían insignificantes, lo que implica que el efecto de la presión externa no mermaría.
Así que a la dirigencia opositora le conviene actuar de inmediato. La iniciativa la deberían tomar sus representantes en Washington. Obviamente no son ellos quienes prohibieron el cambio de petróleo por diésel ni pueden revocarlo. Pero sí son los que pueden contactar a los responsables y sugerirles lo que pudieran hacer. Así se evitaría que las sanciones tengan un efecto perjudicial para el venezolano común. Es sencillo. No hay nada complejo. No es un enigma como la desaparición de Rudolf Diesel en el Canal de la Mancha hace más de cien años.
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