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Plan Cayapa carcelario ¿solución o estafa?

La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, durante una jornada del Plan Cayapa en la Penitenciaría de Barquisimeto, Lara. Foto Jesús Pernía / Mppsp, octubre de 2019.

 

@cnietopalma 

El llamado “Plan cayapa” fue creado por Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario, en enero de 2012, hace 9 años y unos meses. Su objetivo era disminuir el retardo procesal y darles celeridad a los juicios de las personas privadas de libertad.

Según una nota publicada en la página web de este ministerio el 16 de octubre de 2019, “Varela señaló que se iba a dar una continuidad permanente al Plan Cayapa para dar respuesta al problema procesal de las privadas y de los privados de libertad».

Entonces dijo: “Numerosos son los factores que se interponen para darle curso a los casos de los internos, como problemas de traslado, múltiples causas acumuladas en los juzgados, entre otros”. Y agregó “que se preveía extender este plan hacia los retenes de las policías estadales, a fin de atender a toda la población penitenciaria y agilizar la resolución de los casos”.

Lo cierto es que en los actuales momentos tenemos una población penitenciaria de 110.000 privados de libertad. La cifra es aproximada, pues no existen datos oficiales desde hace muchos años. De estos, un 7 % son mujeres y 65.000 se encuentran en centros de detención preventiva o calabozos policiales, que Varela ha convertido en las nuevas cárceles de Venezuela.

Es importante destacar que estos son espacios donde los privados de libertad deberían estar por un lapso no mayor de 48 horas, porque no reúnen las condiciones estructurales necesarias.

Aunado a esto, vigilar las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad es responsabilidad del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Un mandato que establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio de fecha 26 de julio de 2011. Los cuerpos policiales, convertidos en cuidadores de presos, solo son responsables de cuidar a la ciudadanía. En la actualidad al menos un 30 % de nuestros policías están en sus lugares de trabajo cuidando presos. En vez de estar en la calle cuidando a la gente.

Para darnos una idea del éxito o fracaso del “Plan Cayapa carcelario” es que a nueve años y unos meses más de su creación, aun y cuando no hay datos oficiales, como antes dije, el retardo procesal de los presos venezolanos llega aproximadamente al 70 %.

Esta cifra, la más alta del continente americano, nos demuestra que los procesos judiciales siguen paralizados y que este plan ha sido un fracaso rotundo.

El fracaso del “Plan Cayapa” es tan evidente, que a solicitud del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Sabb, Nicolás Maduro ordenó en octubre del 2019 la instalación de una mesa de consulta de alto nivel para organizar un plan de descongestionamiento nacional de los calabozos policiales. Con resultados nada favorables hasta la fecha, por cierto.

No puedo negar que se han realizado varias jornadas del “Plan cayapa” en el país. Sin embargo, las mismas arrojan muy pocos resultados positivos. Ello, debido a que la alta movilidad de personas privadas de libertad de los sitios donde se encuentran sus procesos a lugares distantes imposibilita el seguimiento de los mismos y ocasiona por consecuencia un gran retardo procesal.

Por dar un ejemplo, hace poco tiempo se cerró la cárcel de Guanare en el estado Portuguesa, y sus reclusos fueron trasladados a sitios remotos como los estados Bolívar, Monagas, Sucre y otros.

Es evidente que sus causas quedarán paralizadas porque al no permanecer en los sitios donde están sus procesos, sumado a la falta de capacidad operativa para efectuar los traslados a tribunales, se genera un grave retardo procesal que el “Plan cayapa” no puede solucionar. Simplemente porque los miembros del poder judicial que asisten a estos operativos no son los jueces naturales de los reclusos, es decir los que llevan sus juicios, y no pueden tomar ninguna decisión.

Por eso pienso que el “Plan Cayapa” es otra de las muchas estafas que el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha cometido contra la población reclusa en Venezuela y sus familiares. Les hacen creer que les darán la libertad con esta supuesta atención que les brindan y al final nada pasa, todo sigue igual. Mientras el retardo procesal sigue en aumento.

cnietopalma@gmail.com

 

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