«No se imaginan el sufrimiento de los presos y sus familias por el retardo procesal». En la imagen, recluso en uno de los atestados calabozos policiales del país. Foto en Voces del Desamparo.
Cuatro meses tiene la justicia venezolana paralizada al día que escribo estas líneas. El Tribunal Supremo de Justicia mediante la Resolución N°005-2020 decidió prorrogar esta suspensión de las actividades judiciales en todo el país hasta el próximo 12 de agosto 2020, lo que ya sumaría 5 meses de paralización por la covid-19. A esto debemos sumarle que el 15 de agosto comienzan las vacaciones judiciales, que finalizan el 16 de septiembre. Serían entonces 6 meses con la justicia en cuarentena.
Cuando comenzaba a escribir esta pequeña opinión, leí un tweet de quien considero uno de los abogados penalistas más brillantes que tenemos en este país, a quien admiro profundamente. Y quien además siempre ha manifestado su preocupación por la lentitud de la justicia venezolana, o lo que todos conocemos como retardo procesal.
Esto me inspiró a escribir hoy de este tema, aunado a que comparto plenamente estas palabras de este sabio del Derecho.
El tema de la paralización de la justicia afecta a muchas personas. A colegas abogados, a usuarios del sistema de justicia y a quienes me referiré hoy de manera especial: los hombres y mujeres privados de libertad y sus familiares, que es el tema que siempre he trabajado y por el que estoy muy sensibilizado. A pesar de las críticas y comentarios de los que piensan diferente.
No se imaginan los que me leen el sufrimiento que este grupo de personas vive por lo que está ocurriendo con el retardo procesal. Diariamente recibo, o recibimos desde “Una Ventana a la Libertad”, organización que dirijo, llamadas, correos, mensajes por las redes sociales pidiendo ayuda por esta situación.
Lamentablemente es poco lo que podemos hacer, mas allá de denunciar y que el mundo sepa lo que ocurre en el sistema penitenciario venezolano. Pero igual nos da una de impotencia muy grande, porque somos una organización no gubernamental. Y el otorgar libertades, realizar planes para disminuir el retardo procesal, ayudar a hombres y mujeres privados de libertad por las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestras cárceles y centros de detención preventiva es responsabilidad del Estado a través de sus diferentes instituciones.
Casi para finalizar quiero informar a los que no saben que, en la actualidad, aun y cuando no existen cifras oficiales, tenemos un aproximado de 110.000 personas privadas de libertad, de las cuales al menos un 70% de ellos están procesados. 45.000 de ellas en cárceles tradicionales y 65.000 en centros de detención preventiva, sin condiciones para mantener detenidos por más de 48 horas, pero que se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas.
El retardo procesal en las causas penales es muy grave y la cuarentena por la covid-19 lo aumenta, con consecuencias nefastas para los presos.
Finalizo denunciando de manera directa a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, como única responsable de esta situación. La gran culpable de que los policías se hayan convertido en cuidadores de presos, y no de los ciudadanos, es ella.
Y en algún momento de la vida le tocará responder por eso. No podemos olvidar que los delitos violaciones a los derechos humanos no prescriben. Cuando esto acabe, que estoy seguro acabará pronto, esta señora deberá responder por los delitos que ha cometido ¡no saben cuánto espero por ese momento!
No es venganza, es simple justicia.
*cnietopalma@gmail.com
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