El izado de la bandera de la república islámica en Parque Carabobo confirma la radicalización de un cuerpo antaño famoso por su neutralidad.
Desde la semana pasada, la bandera de la República Islámica de Irán ondea en la fachada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
No es un hecho casual, producto de la mente de algún policía radical. De haber sido así, pronto la hubiesen arriado. En cambio, la bandera iraní es exhibida en forma continua desde hace varios días, en el tope del asta derecha, a la entrada del edificio de Parque Carabobo, sede histórica de una de las cuatro instituciones de seguridad ciudadana del país.
No pusieron atención a leyes ni protocolos. Un despacho que se supone fundamental para preservar el Estado de Derecho en el país desatendió la norma correspondiente al uso de las banderas en las instituciones públicas, elaborada por el propio oficialismo en marzo de 2006. Según ese texto, el tricolor venezolano tenía que estar a la derecha, en señal de su mayor importancia.
Este podría ser considerado un detalle insignificante, pero es un reflejo de la manera atropellada como se están desarrollando los procesos en el país, donde ya se perdió incluso la atención por las formalidades.
Nunca antes habían izado la bandera de un país extranjero en la vieja central de policía. Era la primera vez que lo hacían, y lo hicieron mal.
Pero este hecho, y la decisión que lo originó, no pueden restringirse a los confines de una sala de interrogatorios. Ciertamente, cuando la bandera de la república islámica era elevada frente a la llamada “policía científica”, la gasolina traída de ese país empezaba a ser dispensada en las estaciones de servicios, luego de haber cruzado medio mundo en cinco buques. Sabemos que no era un regalo ni un gesto de solidaridad revolucionaria, sino una costosa operación comercial, pagada con oro del Banco Central. Y aun así, fue saludada con servilismo.
En el primer momento, la imagen de la bandera iraní al frente del edificio de Parque Carabobo fue recibida con incredulidad. Los viejos policías egresados de esa institución, acostumbrados a la neutralidad contra viento y marea, creyeron que se trataba de otra travesura de las redes sociales. Luego de hacer un par de llamadas, constataron que no era un montaje.
“Estamos ante un proceso sistemático de politización, que no tiene ningún sentido”, advirtió el exdirector de ese organismo, Miguel Dao.
Para este comisario general, lo de la bandera iraní es un “exabrupto” que no debió ser avalado por la jerarquía de la institución.
“En mi caso, de haber sido el director, no lo permitiría. Otros, sí”, sentenció.
Dao no quiso mencionar en ningún momento al funcionario que rige los destinos de Cicpc, y sobre quien recaen todas las críticas, el comisario general Douglas Rico. Sin embargo, no ocultó su descontento hacia el mensaje que transmite la colocación de la bandera iraní, en la entrada de la central policial.
Al igual que el resto de las policías y componentes de la FAN, Cicpc ha visto afectado su desempeño por una creciente corrupción, cuyo capítulo más reciente fue el presunto involucramiento de dos importantes jefes de Carabobo en las redes de tráfico de drogas comandadas por Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith. Pero era claro que los funcionarios de la institución hacían esfuerzos por mantenerse al margen de la diatriba política, aun incluso en contra de los dictados de su director.
El comisario general Douglas Rico es un ejemplo de cómo el poder modifica a los seres humanos. Este funcionario creció durante los primeros años del chavismo a la sombra del comisario Vicente Álamo, quien llegó a la subdirección durante la gestión de Marcos Chávez. Rico se hizo experto en la investigación de robos. La pesquisa sobre una banda de asaltantes de blindados lo hizo acreedor de un cangrejo de bronce, en la primera década de este siglo. Pero luego pidió una temprana jubilación, argumentando precisamente que la politización enrarecía el ambiente en las filas de Cicpc. Y se acomodó en la empresa privada.
Pero la vida da vueltas. Con la llegada de Miguel Rodríguez Torres a Relaciones Interiores, Rico fue reincorporado para que asumiera la subdirección. En 2016, con la destitución del comisario José Gregorio Sierralta, llegó al tope.
Los cambios en él comenzaron a hacerse patentes con el caso del inspector jefe Oscar Pérez, cuyo grupo fue perseguido sin cuartel, señalado de llevar a cabo actos de terrorismo. Esto enrareció el clima interno del cuerpo. Antes que calmar las aguas, Rico se radicalizó aun más, al declarar en mayo de 2018 que Cicpc era una institución “revolucionaria”. Eso implicaba que serían aplastados quienes estuviesen contra el “proceso”, y mientras tanto los colectivos que matan en el 23 de Enero, a plena luz del día, permanecen impunes. Con estos antecedentes, no debía extrañar que la bandera iraní fuese izada por sus agentes.
El caso del actual director de Cicpc también tiene sus rarezas. A pesar de su permanencia prolongada en la conducción de este despacho, ha quedado fuera del radar de las sanciones estadounidenses. Tómese en cuenta que el Departamento del Tesoro ha congelado los bienes y eliminado las visas a jefes de casi todos los cuerpos de seguridad de alcance nacional, vinculados a la represión contra la disidencia política, como son el Sebin, Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana.
En este sentido, podría decirse que el izado de la bandera iraní en Parque Carabobo es como un reto, a ver si Washington reacciona. La pajita en el hombro, buscando pelea.
Breves
* Una nueva forma de engaño están aplicando los delincuentes, para aprovecharse de la escasez de medicamentos en tiempos de cuarentena. Comienza con la distribución a través de grupos de mensajería (Whatsapp, Telegram, etc) de un mensaje en el que se ofrece en forma gratuita la conocida marca de insulina Lantus. “Recibimos un donativo muy grande por parte de laboratorios Pisa”, dice el texto. Luego da un número telefónico de Caracas atribuido a una supuesta asociación civil, cuyo nombre nunca es precisado. Pero esa marca específica de insulina no pertenece a la empresa mencionada. Además, ese laboratorio no opera en Venezuela, sino en México. Las investigaciones hechas hasta el momento por Cicpc indican que se trataría de un esquema destinado a la estafa o la extorsión vía telefónica, puesto que las personas interesadas en recibir donativos deben aportar numerosos datos personales, lo que incrementa el riesgo de ser víctima de amenazas.
* Hasta el mes de abril, Zulia era el estado donde los cuerpos de seguridad habían recibido la mayor cantidad de denuncias por extorsión, con 45. Eso equivale al 33 % de los expedientes iniciados este año por el referido delito en todo el país. Aragua y Distrito Capital/Miranda totalizaron la misma cantidad de casos durante los primeros cuatro meses de 2020, con 21. Desde Zulia, se ha extendido a otros estados occidentales el uso de granadas para dar credibilidad a las amenazas, y apurar los pagos. Así han arremetido también contra comercios de Trujillo y Lara. Simultáneamente, los líderes de las bandas envían videos en los que aparecen ellos mismos exigiendo a las víctimas que cooperen, mediante la entrega de cantidades en divisas extranjeras. De esta forma, las pequeñas bandas se consolidan como grupos estructurados de delincuencia organizada.
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