Mientras la mayoría de los gobiernos del mundo dedican las 24 horas promoviendo políticas orientadas a superar los nefastos efectos de la pandemia, lamentablemente existe una minoría de mandatarios cuya permanente estrategia es esconder la cruenta realidad que azota a sus habitantes.
En América Latina varios presidentes se han dedicado, cual ruleta rusa, a subestimar el drama que ha ocasionado alrededor de 350.000 fallecimientos a nivel global y cerca de 50.000 en nuestro continente.
Es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, quien califica a los infectados de coronavirus como enfermos de neumonía; de Jair Bolsonaro en Brasil, quien tildó a la covid-19 de una “gripecinha” y que hoy registra en su país 360.000 contagiados y 23.000 fallecidos; y del régimen venezolano, que discrimina a los afectados por el virus, aun siendo venezolanos, como “armas biológicas” enviadas por el “imperio” y por el presidente Duque de Colombia, como si estos no fueran seres humanos amparados por nuestras leyes y los convenios internacionales.
En ese objetivo se pretende difundir una sola versión del desarrollo de la pandemia en Venezuela, calificando de enemigos a todos aquellos que contradigan la versión de los conspicuos voceros gubernamentales, convirtiendo en terroristas y criminales a los profesionales de la salud y de los medios de Comunicación Social. Contra ellos el régimen ha dirigido en primera línea las baterías del Estado, intentando maquillar la tragedia que se expande en todo el territorio nacional.
La dictadura gobernante fue cuestionada por la OIT, previo al desarrollo de la pandemia, ante la persecución de sindicalistas por defender la libertad sindical en los casos de Rubén González, Rodney Álvarez, sindicalistas de Ferrominera en Guayana y a los directivos sindicales de la gobernación del estado Sucre.
A estos casos se agregan ahora las decenas de periodistas detenidos por comunicar lo que está sucediendo en los diferentes centros de asistencia médica, como es la proliferación de contagios y la ruina del sistema de salud para atenderlos.
Recientemente la presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado Zulia, Hania Salazar, fue amenazada públicamente en una transmisión en cadena por el Secretario de Gobierno regional tras denunciar y convocar a una jornada pacífica de protesta por las críticas condiciones del sistema de salud, infraestructura ruinosa de los hospitales, inexistencia del servicio de agua para lavarse las manos, de jabón, alcohol, implementos de prevención, guantes, mascarillas, ni ventilación adecuada, además de una alimentación precaria y tener que cumplir jornadas laborales de 24 horas.
En este contexto, los trabajadores de la economía informal, que laboran por miles en el Mercado de las Pulgas en Maracaibo, fueron reprimidos por la GNB por exigir su derecho al trabajo, situación similar que se ha dado en otros estados del país. Recientemente en el estado Lara detuvieron a 6 ciudadanos por protestar por la escasez de gasolina, así como a trabajadores de SIDOR por denunciar la suspensión del contrato colectivo.
En definitiva, las protestas y microconflictos laborales se extienden en todo el territorio nacional exigiendo al régimen resolver sus reclamos, mientras confrontan las políticas represivas gubernamentales.
Todo, en un contexto de Estado fallido, somalizado, invadido por grupos militares y misiones extranjeras que saquean los diezmados recursos naturales que otrora hicieron de nuestro país la economía más próspera del continente.
* Movimiento Laborista
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