La referencia al Cartel de los Soles en el último informe de la JIFE ha suscitado sospechas y alertas, aun entre aquellos que en su momento avalaron la existencia de esta supuesta banda de militares.
La mención al llamado Cartel de los Soles en el último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), como era de esperarse, ocasionó enorme revuelo y puso de nuevo el nombre de Venezuela en el primer plano de la discusión sobre el tráfico internacional de drogas.
No es para menos. La JIFE es un órgano de extraordinario prestigio que, según la Organización de Naciones Unidas, es “independiente y cuasijudicial”. Sus trece miembros son elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU. Diez de esos integrantes son propuestos a este cuerpo por los gobiernos de sus respectivos países. Se trata de personas que por regla general han surgido del mundo académico y de la investigación, cuyos criterios tiene peso específico en este ámbito de conocimiento.
La sola mención al Cartel de los Soles en el reporte de este organismo, correspondiente a 2019, aunque carece de mayor fundamentación dentro del propio texto, tiene un enorme valor y se transforma en una suerte de conocimiento común.
Para la expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid, actual ONA), Mildred Camero, la mención al Cartel de los Soles en el informe de la JIFE fue “tardía”.
“En el libro azul que entregábamos generalmente por estos meses de marzo a la ONU, en la forma de un cuestionario, advertíamos que había un grupo de militares que estaba traficando drogas, y que se presumía se podía tratar de un grupo denominado el Cartel de los Soles”, recordó la exjuez.
Camero estuvo al frente de la Conacuid hasta que el entonces presidente Hugo Chávez decidió terminar la ejecución del convenio de cooperación bilateral en materia de drogas con EE. UU., en 2005. Chávez tomó esta determinación basado, precisamente, en el informe de uno de los militares de la Guardia Nacional que estaba enfrentado a la funcionaria, en medio de una guerra de mutuos señalamientos.
“Las informaciones que mandamos hace quince años ahora tienen valor”, afirmó la exjuez.
Sin embargo, es claro para ella que esta referencia internacional al grupo de militares metidos a traficantes tiene un “propósito político evidente”.
Cada día que transcurre, la Fuerza Armada adquiere mayor importancia como medio para la prolongación de Maduro en el poder. Por ende, una referencia en el ámbito de la ONU al Cartel de los Soles contribuye a reforzar los discursos que colocan al régimen venezolano en el plano del “narcoestado”.
No cabe duda que en todos los niveles de la institución militar hay oficiales involucrados en el comercio ilícito de drogas, al igual que en el contrabando de alimentos y combustibles y, más abajo, en el robo descarado y en actos de piratería. Cada caso conocido en materia de drogas solo contribuye a alimentar la convicción sobre la existencia del mencionado cartel. Como por ejemplo el del general Aquiles Lapadura, excomandante de la zona operativa de defensa integral del Zulia (Zodi Zulia), vinculado a una investigación sobre el presunto desvío de ácido sulfúrico (un importante precursor para la fabricación de cocaína). Este oficial fue destituido en noviembre de 2019, cuando apenas tenía tres meses en el cargo.
Pero la historia sobre el Cartel de los Soles viene desde el segundo gobierno de Rafael Caldera. Entonces le decían el Cartel del Sol, en singular, puesto que supuestamente involucraba a generales de brigada.
Con el pasar del tiempo, la historia sobre este grupo fue transformándose y aderezándose con nuevos hechos, algunos de ellos sin mayor conexión. Los intentos del exabogado de Inteligencia Militar, coronel Claudio Turchetti, para que los juzgados castrenses investigaran a este grupo, fueron inútiles.
Uno podría pensar que, en medio de este ambiente generalizado de impunidad, el paso de cocaína por el país se incrementaría de forma exponencial, amparado por las complicidades al más alto nivel. Pero a juzgar por un interesante reporte presentado en marzo por Geoff Ramsey y David Smilde, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), la realidad es un poco más compleja.
El trabajo, titulado Más allá de la narrativa del narcoestado (Beyond the narcostate narrative), recoge las estadísticas elaboradas por la base de datos consolidada de las agencias antidrogas estadounidenses, llamadas CCDB, que es el termómetro más confiable para evaluar los vaivenes de producción y tráfico a través de los distintos países.
Según las estadísticas, entre 2015 y 2019 el paso estimado de cocaína por Venezuela tuvo dos etapas. En los tres primeros años (15 al 17) hubo un alza importante, de 134 a 249 toneladas métricas del alcaloide. Desde entonces, la tendencia ha sido a la baja, hasta situarse en unas 210 toneladas métricas.
Estas fluctuaciones parecieran explicarse en parte por el incremento de la producción mundial de cocaína, que llegó hasta las 2864 toneladas en 2016, y que a partir de entonces ha estado en descenso, de acuerdo con el CCDB.
Entonces, aunque las cifras netas puedan ser escandalosas, el paso de cocaína por Venezuela representaría poco más del 11,3 % de la producción mundial de esta droga para 2019. Y este comportamiento ha sido relativamente constante, si se analizan las estadísticas disponibles desde la década pasada.
Se podría pensar que esa estabilidad en cuanto al paso de cocaína por el país sugiere la existencia de una “ruta segura”, en la percepción de los jefes de los grandes carteles. En otros términos, que las conexiones entre los traficantes y los gobernantes venezolanos son robustas. Pero el reporte de WOLA advierte que hay otras rutas más activas en cuanto al tonelaje de drogas que movilizan, como las que van desde el Pacífico colombiano hasta Honduras, y especialmente a Guatemala y México, y sin embargo los gobiernos de estos países no son cuestionados en el plano internacional con la misma intensidad que el venezolano.
Todos estos criterios contribuyen a movilizar el debate sobre el rol de Venezuela en el tráfico internacional de drogas. Es una discusión que debe contribuir a la colocación de cada factor en su debida importancia. Si las 210 toneladas de cocaína que pasan por el país (2019) fuesen manejadas solamente por el mentado Cartel de los Soles, la solución sería muy sencilla, y netamente de orden policial y militar. La realidad, sin embargo, impone un abordaje mucho más amplio.
Breves
* Al momento de la redacción de esta nota, se desarrolla en el país una situación caótica con respecto a las restricciones del derecho a la libre circulación, con el propósito aparente de prevenir la extensión del coronavirus. Los alcaldes, gobernadores y el gobierno central, a través de la Fuerza Armada, han implantado cada uno normas o criterios tan variados que, al final, es el funcionario de turno el que decide quién pasa y quién se devuelve. La alcaldía de Maracaibo comenzó la expedición de salvoconductos para el aprovisionamiento de gasolina, mientras que las zonas operativas de defensa integral emiten los suyos, mediante formatos que supuestamente posibilitan al portador el traslado entre municipios y estados. En medio de tan alta discrecionalidad, se abren las puertas nuevamente para la solicitud de coimas, en especial para los casos de empresas o individuos sobre los que no existe un criterio claro para calificar sus labores como esenciales o de seguridad. Este punto debe ser aclarado por el Ejecutivo nacional cuanto antes.
* Desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia informan que, en vísperas de la declaratoria presidencial del estado de alarma, fueron restringidas al máximo las visitas para los presos de conciencia y comunes que permanecen en las celdas de El Helicoide. La medida fue adoptada con la finalidad de prevenir los contagios por Covid 19, o coronavirus. En la Dirección de Contrainteligencia Militar, de la noche a la mañana, indicaron a los familiares y a los abogados de los detenidos que no llevaran alimentos hasta nuevo aviso, lo que se entiende también como una precaución, pues el virus puede ser transmitido a través de los envases. Estas decisiones endurecen aun más el régimen de reclusión al que están sometidos los presos políticos, desde mucho antes que se conociera de la existencia de la referida enfermedad. El temor ahora es que, en este aislamiento con aparente justificación, serán pocas las oportunidades de notificar al exterior si se producen contagios entre los internos. Temen que los propios custodios sean el vehículo para la transmisión de la enfermedad, toda vez que ellos poseen una mayor capacidad de movimiento que la ciudadanía común.
