Temores de violencia política en Guyana corrían desde hace varias semanas en medios diplomáticos y de altos funcionarios de la ONU con motivo de las elecciones parlamentarias convocadas para el 02MAR20. El gobierno de David Granger sufrió un impeachment el 21DIC18 y debieron ser realizadas elecciones parlamentarias en un plazo de 90 días, lo cual no ocurrió. Granger, del partido APNU, presentó su nombre frente a Irfaan Alí, del Partido Progresista del Pueblo. Tras más de dos días de las votaciones, los resultados electorales no habían sido publicados llamando la atención que las nueve regiones alejadas de la capital habían reportado el 04MAR20 sus resultados faltando los cómputos de la región 04 Demerara-Mahaica, que incluye a la capital Georgetown y que es la que aporta mayor número de asientos a la Asamblea Nacional. La noche del 06MAR20 las autoridades electorales (GECOM) divulgaron los resultados de la región 04 asignándole el 63 % de los votos a la coalición que respalda a Granger, con lo cual el actual mandatario lograría continuar en el cargo que ejerce desde 2015.
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Los resultados de las elecciones comenzaron a ser impugnados ante evidencias de conductas poco transparentes por parte de los agentes electorales de la región 04. La noche del 05MAR20 la embajadora de EE. UU., Sarah-Ann Lynch, los altos comisionados británico y de Canadá Greg Quinn y Lilian Chatterjee, y el jefe de la delegación de la Unión Europea, Fernando Ponz-Canto, difundieron un comunicado en el cual “cuestionaron” los resultados de la región 04 con base en sus observaciones y pedían completar el escrutinio. En la mañana del 06MAR20, con los ánimos caldeados en las calles de Georgetown, las misiones internacionales de observación de la OEA, Commonwealth, Unión Europea y el Centro Carter emitieron una declaración, denunciando que la “tabulación de los resultados para las elecciones en la Región 4 se interrumpió y sigue siendo incompleta”. Poco después, EE. UU., el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea expresaron “su profunda preocupación por las acusaciones creíbles de fraude electoral que pueden influir en los resultados de esta elección” y pidieron a Granger “evitar una transición de gobierno que creemos que sería inconstitucional, ya que se basaría en un proceso de tabulación de votos que carecía de credibilidad y transparencia”. Granger está proclamando su victoria mientras la oposición denuncia fraude.
Los señalamientos de fraude electoral pueden convertirse en detonante para una grave crisis política en una de las economías más pobres del continente pero que está adquiriendo la condición de poderoso exportador de petróleo. El próximo gobierno guyanés sería el primero en disfrutar de una holgura presupuestaria basada en la producción petrolera que empresas de EE. UU. y China realizan en aguas reclamadas por Venezuela. Granger, quien ha actuado como aliado de las petroleras estadounidenses permitiéndoles avanzar sobre territorio en disputa con Venezuela, está siendo ahora objetado por el Departamento de Estado de EE. UU. El candidato opositor es visto con simpatías por la izquierda continental en razón de las relaciones que su partido ha mantenido con el régimen cubano.
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El 06MAR20, en una rueda de prensa colectiva en la Casa Blanca, Trump fue interrogado por el corresponsal del diario británico The Guardian acerca de los resultados en las elecciones primarias del Partido Demócrata que reflejaban el ascenso del ex vicepresidente Joe Biden. Trump respondió “¿Joe Biden? Él es de izquierda. En muchos sentidos, es peor que Bernie». Tras el “supermartes” del 03MAR20, cuando catorce estados realizaron sus votaciones primarias, las opciones reales para escoger al rival de Trump en las elecciones del 3NOV20 quedaron reducidas dentro del Partido Demócrata a dos: el abiertamente izquierdista Bernie Sanders y Biden, quien asume el rol del demócrata moderado que puede enfrentar a Trump y neutralizar al ala radical de su partido. Sea cual sea el candidato demócrata, Trump se propone señalarlo de izquierdista radical y utilizar la crisis venezolana como ejemplo de lo que podría ocurrir en EE. UU.
El comentario de Trump se produjo a su salida para tomar vuelo hacia Florida, con escalas en Tennessee donde se reunirá el 07MAR20 con el presidente brasileño Jair Bolsonaro.
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El restablecimiento de la democracia en Venezuela aparece como uno de los temas acordados entre los dos gobiernos para la reunión y cena que ofrece Donald Trump a Jair Bolsonaro, planificada para la noche del 07MAR20 en la residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. El esquema acordado para el encuentro y el sitio donde tendrá lugar son señales de la proximidad con que la actual Casa Blanca está relacionándose con el gobierno brasileño. La sesión con Bolsonaro se produce pocos días después de la cita de Trump con el colombiano Iván Duque en Washington con quien, aparte del tema de la erradicación de narcocultivos en Colombia, fue abordado igualmente el “tema Venezuela”.
La inusual visita de cuatro días de un mandatario brasileño al estado de Florida, tendrá en el tema de las relaciones militares EE. UU.-Brasil uno de los platos fuertes. El domingo 08MAR20 Bolsonaro visitará la sede del Comando Sur, donde será atendido por el almirante Craig Faller y representantes del Departamento de Defensa. En ese contexto será suscrito el acuerdo bilateral RDT&E investigación, desarrollo, tests y evaluación) con el cual la industria bélica brasileña aspira a ampliar su presencia en EE. UU. y a nivel global. El entroncamiento de la política exterior brasileña con Washington igualmente hará que la situación en el Medio Oriente y la seguridad regional americana sea objeto de las conversaciones entre Trump y Bolsonaro.
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Una operación de propaganda fue desatada por el eje castrochavista con el triple objetivo de golpear al gobierno de transición en Bolivia, mejorar la imagen internacional de Evo Morales y afectar la candidatura de Luis Almagro a un nuevo período en la Secretaria General de la OEA.
El 26FEB20 aparece publicado en el portal “Monkey Cage” del diario The Washington Post un trabajo suscrito por John Curiel y Jack R. Williams sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia del 20OCT19. Curiel y Williams se presentaron como investigadores del “Election Data and Science Lab” del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT. Los autores quienes comienzan su texto afirmando que en Bolivia se produjo un “golpe de Estado” contra Evo Morales obviaron que su artículo había sido elaborado por contrato con el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), uno de las decenas de centros de estudios que pululan en Washington en procura de financiamiento. El 27FEB20 el Informe Otálvora solicitó vía email a John Curiel información sobre el financiamiento de su estudio sin recibir su respuesta.
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El texto publicado por Curiel y Williams en el portal de The Washington Post es un resumen de un informe de los mismos autores, presentados como expertos estadísticos en temas electorales, que fue publicado el 27FEB20 en el portal del CEPR. La operación propagandística había cumplido su primera meta: publicar un texto supuestamente amparado por el prestigio de The Washington Post y del MIT. El informe de Curiel y Williams se limita a una serie de simulaciones estadísticas contrastando los resultados del recuento preliminar de las votaciones (suspendido antes de finalizar) contra los resultados finales que daban una ventaja de más de 10 % que le permitían a Morales proclamarse reelecto en primera vuelta. Esos resultados fueron calificados como sospechosos por técnicos de la OEA presentes en Bolivia lo que se sumó a protestas populares para dar pie a la crisis política en la cual Evo Morales aceptó la celebración de una segunda vuelta electoral y posteriormente renunciara al cargo y abandonara el país. El informe de Curiel y William no se basó en información de campo (irregularidades informáticas, en actas y escrutinios, etc.) que considerara los hechos ocurridos en Bolivia, sino en juegos de simulación estadística de laboratorio.
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Mark Weisbrot, fundador, imagen pública y jefe del CEPR, ha mantenido relaciones directas con los gobiernos castrochavistas por más de una década. El 05MAR11 fue recibido en el Palacio de Miraflores cuando viajó a Caracas escoltando al actor Sean Penn, quien era habitual huésped de Hugo Chávez. El 24AGO12 fue huésped de Rafael Correa en Quito, donde ofreció una “charla magistral” en defensa de Julian Assange quien permanecía protegido por el gobierno ecuatoriano en su embajada en Londres. El 06MAR14 Weisbrot visitó nuevamente Miraflores en compañía del actor Danny Glover, quien figura como miembro del directorio del CEPR. Ambos acompañaron a Nicolás Maduro en un acto proselitista en el centro de Caracas que fue transmitido por la televisión oficial. Los organizadores del evento colocaron a Weisbrot a un lado de otro operador internacional del chavismo, el español Ignacio Ramonet, justo detrás de Maduro.
En 2019, Weisbrot publicó junto con el economista Jeffrey Sachs un trabajo con apariencia científica, en la cual decía demostrar que las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen chavista eran las responsables de la caída de la producción petrolera venezolana “y causaron daños muy graves a la vida humana y a la salud, incluyendo un estimado de más de 40 000 muertes entre 2017-2018”. El informe Sachs-Weisbrot, ampliamente utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro, se basaba en una engañosa comparación entre la industria petrolera de Venezuela y Colombia, sin tomar en cuenta el proceso de deterioro de la petrolera estatal venezolana Pdvsa durante el régimen chavista. Al igual que en el caso de las elecciones bolivianas, el estudio de Weisbrot sobre las sanciones a Pdvsa se limitaba a un dudoso y unicausal ejercicio estadístico.
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Personal del CEPR ha estado trabajando para el régimen chavista por casi dos décadas. Por lo menos tres miembros del equipo de “investigadores” del CEPR formaron parte de la oficina de propaganda creada en Washington por el gobierno de Hugo Chávez en 2003, denominada “Venezuela Information Office” VIO. Esa oficina era dirigida por Olivia Goumbri y coordinada por Deborah James, quien actualmente forma parte del equipo de CEPR. Goumbri ha actuado por más de una década como agente al servicio del gobierno chavista y, dada su condición de estadounidense, regularmente se ha registrado ante el Departamento de Justicia de EE. UU. por prestar servicios políticos a la Embajada de Venezuela en Washington. En los reportes de actividades que Goumbri ha presentado al Departamento de Justicia suele aparecer Mark Weisbrot como usual participante en actividades propagandísticas del régimen chavista en la capital de EE. UU.
En el listado de miembros del CEPR también figura el ecuatoriano Guillaume Long, quien ocupara una larga lista de cargos durante los gobiernos de Rafael Correa, incluyendo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Long actúa como el puente entre el CEPR y el entramado castrochavista en el continente.
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Pocas horas después de que fueran publicadas las dos versiones del trabajo de John Curiel y Jack R. Williams, el gobierno de Andrés López Obrador dio el segundo paso de la operación contra Luis Almagro y a favor de Evo Morales. El 28FEB20, la representante permanente de México en la OEA, Luz Baños Rivas, entregó a la Secretaría General del organismo una comunicación exigiendo que Almagro explicara “por escrito” las diferencias entre el informe de los observadores de la OEA y la “nota del Washington Post” y que “investigadores especializados independientes” realizaran un “análisis comparativo” entre “la investigación del MIT” y el de la misión de la OEA. De esta manera el gobierno de México falsamente le asignaba el informe al MIT y al The Washington Post y careaba a Almagro.
El 29FEB20, el presidente argentino Alberto Fernandez, mediante un tuit, se sumó públicamente a la operación: “Según un informe publicado por el @washingtonpost y realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Evo Morales ganó los comicios electorales del año pasado por más de 10 puntos de diferencia, sin que mediara fraude alguno”. La alianza de López Obrador y Alberto Fernández contra Almagro estaba en pleno apogeo. Los gobiernos de México y Argentina, ambos protectores de Evo Morales, estaban actuando en obvia combinación señalando a Almagro de ser responsable de un golpe de Estado en Bolivia.
El 29FEB20 el “Grupo de Puebla”, la neoorganización castrochavista, emitió un comunicado apoyando “la solicitud de la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en relación a solicitar antecedentes para contrastar su informe técnico con el “Análisis sobre la elección de Bolivia en 2019” de los “investigadores” Williams y Curiel. Entre los firmantes del comunicado del Grupo de Puebla se encuentran el excanciller Celso Amorín, el excanciller de Evo Morales David Choquehuanca, el chileno Marco Enriquez-Ominami, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el colombiano Ernesto Samper, el paraguayo Fernando Lugo y el presidente argentino en ejercicio Alberto Fernández. El 02MA20, Ernesto Samper tuiteó “La disputa entre la OEA y el MIT sobre el fraude electoral en Bolivia se resuelve fácilmente: mientras que Almagro busca su reelección, los técnicos del MIT buscan la verdad y esa verdad está clara como el agua: No hubo fraude. Evo sigue siendo el Presidente legítimo”. Los apoyos inmediatos desde el gobierno de Maduro y por parte del partido Podemos de España dejaban en evidencia la calidad de campaña propagandística. El aparato propagandístico de la izquierda latinoamericana y española encendió todos sus usuales multiplicadores de contenidos. La operación ganaba espacios repitiendo la falsedad de que el MIT había determinado que en Bolivia no hubo fraude. El abierto enfrentamiento contra Almagro confirmaba los objetivos de la conspiración instrumentalizada desde Washington.
El 04MAR20, el MIT por intermedio del provost Richard Lester informó al gobierno de Bolivia que el trabajo de Williams y Curiel es “un estudio externo” realizado por los autores en calidad de “consultores independientes” del CEPR y no del MIT.
