En Venezuela vivimos una terrible realidad de colapso y caos, en la que violaciones masivas a los derechos humanos se producen sobre la población diariamente.
Una dura realidad que se da en un contexto dictatorial en el que el principal promotor y ejecutante de estas violaciones es el Estado. Venezolanos en distintos sectores de la sociedad son hostigados, perseguidos, detenidos, torturados, e incluso asesinados, por funcionarios y organismos gubernamentales. También, por grupos paramilitares al margen de la ley, que son reconocidos y amparados oficialmente.
Sin instituciones independientes y no parcializadas como la Asamblea Nacional, estos hechos se producen con la mayor impunidad. A través de la censura, la propaganda oficial y sus campañas de desprestigio, son minimizados por el gobierno y se tergiversa su discusión en la opinión pública. Sus víctimas son criminalizadas e ignoradas, contando sólo con el apoyo de ONG y redes particulares de solidaridad.
En nuestra construcción de convivencia en el Municipio Libertador, hemos vivido los estragos de estas violaciones, sobre todo en nuestras áreas de trabajo relacionadas con la violencia y la alimentación. Comunidades atacadas por las FAES, hostigadas por colectivos armados, vulneradas en sus derechos alimentarios y de salud, en las que sectores tan importantes y vulnerables como los niños y jóvenes son directamente afectados.
Sin duda, se trata de una de las necesidades más imperantes para el cambio: la restitución de un Estado democrático que garantice y vele activamente por los derechos humanos de los venezolanos, así como el fortalecimiento del tejido social en la generación de mecanismos de protección y denuncia. Priorizar su discusión seria en la opinión pública, llevar a la justicia a los perpetradores, apoyar a las victimas en el proceso de recuperación, recomponer el sistema público para que promueva y proteja efectivamente estos derechos, son las grandes tareas que afrontamos al respecto.
En este sentido, la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, la primera de un funcionario de esta importancia en el país, ha representado una oportunidad valiosa para visibilizar las verdaderas causas y reconocer la amplia dimensión de la grave crisis que afrontamos, así como generar acciones concretas para el cese de las violaciones masivas que desde el Estado estamos sufriendo todos los venezolanos.
Uno de los resultados de esta visita ha sido el de lograr la permanencia de 2 representantes de la Alta Comisionada en Venezuela, lo que permita monitorear la situación y dar información veraz al respecto, así como recibir casos y ayudar a darles proceso en instancias internacionales. Esto tendría un impacto positivo frente al hostigamiento oficial y la orfandad institucional que vivimos.
Los derechos humanos, tanto en su vulneración como en la efectividad de los esfuerzos que se realicen para su protección y ejercicio, serán fundamentales en la construcción de un país democrático, inclusivo y de desarrollo.
La actual situación no puede continuar. Los venezolanos debemos articularnos, desde nuestros ámbitos y posibilidades particulares, para apoyar a las víctimas y denunciar los casos. Solo así lograremos la justicia y avanzaremos hacia una restitución de la convivencia nacional.
Roberto Patiño
Coordinador de Movimiento Mi Convive y Alimenta La Solidaridad
Coordinador de Voluntarios por Venezuela
Miembro de Primero Justicia
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