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¡A otro con ese cuento!, por Carolina Jaimes Branger

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CLAUDIA DÍAZ GUILLÉN FUE ENFERMERA DE HUGO CHÁVEZ desde 2002. El diario colombiano El Tiempo, en un reportaje de Valentina Lares Martiz del 26 de septiembre de este año, refiere con lujo de detalles cómo una persona que no tenía preparación financiera de ningún tipo llegó a convertirse en Tesorera de la Nación y Directora del Fondo Nacional de Desarrollo. Su único mérito: su incondicionalidad con Hugo Chavez.

Díaz cae en desgracia cuando el gobierno de Maduro “descubre” –luego de la publicación de los Panamá Papers- que ella y su esposo, el capitán Adrián Velásquez, poseían una empresa registrada en la República de Seychelles y cuentas millonarias en Suiza. Es de preguntarse cómo una simple enfermera y un simple capitán -cuyos sueldos juntos no alcanzarían los $2000 anuales- podían tener cuentas millonarias en Suiza. Pero así es la revolución.

Refiere Lares Martiz que “al explotar el escándalo en el año 2016 y ya con el presidente Hugo Chávez fallecido, fueron requisados por la policía varios apartamentos del matrimonio en una zona clase media de Caracas -San Bernardino-, donde los funcionarios incautaron desde motos de agua hasta bolsitos repletos de diamantes, pasando por uniformes militares y relojes de marca”. Díaz Guillén y su marido cayeron presos este año en España, por la orden de captura oficiada por el gobierno venezolano. Ahora se declara “perseguida política” para evitar su extradición a Venezuela. ¿Perseguida política? ¡Ojalá que la audiencia española que le toca decidir la extradición le dé curso! Pero más que la extradición, deseo que les quiten todo lo que se robaron.

Ahora la señora se dice víctima del régimen venezolano, cuando formó parte de las macollas al más alto nivel. Tuvo el tupé de asegurarle a la Audiencia Española “que su gestión siempre se apegó a la ley, aun cuando recibió instrucciones ilegales de “altos funcionarios” del gobierno durante los últimos meses de vida de Chávez”. La Constitución establece en su artículo 25 que los funcionarios que ordenen o ejecuten actos que violen o menoscaben los derechos, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Y encima, la ignorancia no exime del cumplimiento de la Ley. ¡A otro con ese cuento!

@cjaimesb

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