Venezuela reprobada en la ONU en derechos económicos, sociales y culturales por Carlos Nieto Palma

 

Durante los pasados 2 y 3 de junio en la ciudad de Ginebra, el Estado venezolano fue evaluado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el tercer informe presentado por el Estado venezolano, referente a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a dicha evaluación asistieron representantes del Estado así como de diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que se dedican a esta área de trabajo.

Hace apenas unos días el mencionado comité evaluador publicó su informe final donde nuevamente el Estado venezolano queda muy mal parado en el cumplimiento de los derechos humanos en el país, esta vez de manera especial los derechos económicos sociales y culturales que según la ONU no son garantizados en el país.

Si bien es cierto que ven algunos pocos avances positivos, el informe habla de la ratificación por parte del Estado venezolano de instrumentos internacionales, la adopción de diversas leyes como la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/Sida y sus familiares, entre otras, los progresos realizados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como la lucha contra la desnutrición; los puntos preocupantes y negativos para esta instancia internacional superan abiertamente lo bueno que se ha hecho.

Entre las materias de preocupación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU está la justiciabilidad de los derechos garantizados en el pacto, existe una clara falta de coherencia por parte de los tribunales en la aplicación de los contenidos del Pacto. El comité recomendó garantizar la aplicabilidad de los derechos consagrados en el Pacto, así como promover su contenido y la posibilidad de invocarlos ante los órganos judiciales del país. Igualmente, hablan de falta de independencia del Poder Judicial y la inexistencia de un procedimiento legal para el nombramiento y destitución de jueces, así como la gran cantidad que se encuentran en cargos provisionales, lo que puede afectar su libre desempeño. El comité recomendó que se adopten todas las medidas necesarias para lograr la independencia del Poder Judicial.

Igualmente manifestó la falta de independencia de los órganos establecidos para luchar contra la corrupción. El comité recomendó que se siga con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales y se sancione a los culpables. Por otra parte, pidió que la Defensoría del Pueblo se adapte a los principios acordados en París en 1991 relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU el Estado venezolano debe considerar su reintegración al sistema de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente estableció que existe un limitado acceso a información de interés público y una ley que lo regule. Hay una falta de mecanismos de rendición de cuentas, lo que limita una evaluación objetiva de las decisiones tomadas por el Estado. El comité recomendó una ley que garantice el acceso a la información y la transparencia de la administración pública.

Para esta instancia internacional hay una evidente falta de cooperación entre el Estado y las organizaciones encargadas de la defensa de los Derechos Humanos. No se respetan las plenas garantías a los defensores de derechos humanos que participan con su testimonio en los mecanismos de protección de derechos humanos. El comité recomendó que el Estado redoble los esfuerzos de cooperación constructiva con las organizaciones de la sociedad civil y que garantice que los defensores de derechos humanos puedan ejercer su trabajo sin ningún tipo de intimidación o amenaza.

Igualmente el comité vio graves deficiencias en materia de tratamiento de los pueblos indígenas. Carencia de un marco legal integral para la no discriminación. Persistente desigualdad entre hombres y mujeres para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Existe un número significativo de desempleados, afectando a jóvenes y mujeres.  Manifestó su preocupación porque el salario mínimo no sea suficiente para una vida digna para los trabajadores. Tendencia regresiva en los resultados de la lucha contra la pobreza. Grave situación del sistema de salud, debido a la escasez de insumos y medicamentos. Así como el deterioro de algunos hospitales y la falta de personal médico. Falta de información sobre las medidas tomadas para impedir las limitaciones a la libertad de expresión, entre otros.

Hasta aquí solo unas pinceladas de la grave situación de los derechos humanos en nuestro país. Negar una gran crisis después de leer esto sería estar demasiado ciego o no querer ver lo que está a la vista y todos lo vivimos hoy en día.

 

 @cnietopalma

El Nacional

cnietopalma@gmail.com

 

 

 

Durante los pasados 2 y 3 de junio en la ciudad de Ginebra, el Estado venezolano fue evaluado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el tercer informe presentado por el Estado venezolano, referente a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a dicha evaluación asistieron representantes del Estado así como de diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que se dedican a esta área de trabajo.

Hace apenas unos días el mencionado comité evaluador publicó su informe final donde nuevamente el Estado venezolano queda muy mal parado en el cumplimiento de los derechos humanos en el país, esta vez de manera especial los derechos económicos sociales y culturales que según la ONU no son garantizados en el país.

Si bien es cierto que ven algunos pocos avances positivos, el informe habla de la ratificación por parte del Estado venezolano de instrumentos internacionales, la adopción de diversas leyes como la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/Sida y sus familiares, entre otras, los progresos realizados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como la lucha contra la desnutrición; los puntos preocupantes y negativos para esta instancia internacional superan abiertamente lo bueno que se ha hecho.

Entre las materias de preocupación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU está la justiciabilidad de los derechos garantizados en el pacto, existe una clara falta de coherencia por parte de los tribunales en la aplicación de los contenidos del Pacto. El comité recomendó garantizar la aplicabilidad de los derechos consagrados en el Pacto, así como promover su contenido y la posibilidad de invocarlos ante los órganos judiciales del país. Igualmente, hablan de falta de independencia del Poder Judicial y la inexistencia de un procedimiento legal para el nombramiento y destitución de jueces, así como la gran cantidad que se encuentran en cargos provisionales, lo que puede afectar su libre desempeño. El comité recomendó que se adopten todas las medidas necesarias para lograr la independencia del Poder Judicial.

Igualmente manifestó la falta de independencia de los órganos establecidos para luchar contra la corrupción. El comité recomendó que se siga con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales y se sancione a los culpables. Por otra parte, pidió que la Defensoría del Pueblo se adapte a los principios acordados en París en 1991 relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU el Estado venezolano debe considerar su reintegración al sistema de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente estableció que existe un limitado acceso a información de interés público y una ley que lo regule. Hay una falta de mecanismos de rendición de cuentas, lo que limita una evaluación objetiva de las decisiones tomadas por el Estado. El comité recomendó una ley que garantice el acceso a la información y la transparencia de la administración pública.

Para esta instancia internacional hay una evidente falta de cooperación entre el Estado y las organizaciones encargadas de la defensa de los Derechos Humanos. No se respetan las plenas garantías a los defensores de derechos humanos que participan con su testimonio en los mecanismos de protección de derechos humanos. El comité recomendó que el Estado redoble los esfuerzos de cooperación constructiva con las organizaciones de la sociedad civil y que garantice que los defensores de derechos humanos puedan ejercer su trabajo sin ningún tipo de intimidación o amenaza.

Igualmente el comité vio graves deficiencias en materia de tratamiento de los pueblos indígenas. Carencia de un marco legal integral para la no discriminación. Persistente desigualdad entre hombres y mujeres para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Existe un número significativo de desempleados, afectando a jóvenes y mujeres.  Manifestó su preocupación porque el salario mínimo no sea suficiente para una vida digna para los trabajadores. Tendencia regresiva en los resultados de la lucha contra la pobreza. Grave situación del sistema de salud, debido a la escasez de insumos y medicamentos. Así como el deterioro de algunos hospitales y la falta de personal médico. Falta de información sobre las medidas tomadas para impedir las limitaciones a la libertad de expresión, entre otros.

Hasta aquí solo unas pinceladas de la grave situación de los derechos humanos en nuestro país. Negar una gran crisis después de leer esto sería estar demasiado ciego o no querer ver lo que está a la vista y todos lo vivimos hoy en día.

 

 @cnietopalma

El Nacional

cnietopalma@gmail.com

 

 

 

Durante los pasados 2 y 3 de junio en la ciudad de Ginebra, el Estado venezolano fue evaluado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el tercer informe presentado por el Estado venezolano, referente a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a dicha evaluación asistieron representantes del Estado así como de diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que se dedican a esta área de trabajo.

Hace apenas unos días el mencionado comité evaluador publicó su informe final donde nuevamente el Estado venezolano queda muy mal parado en el cumplimiento de los derechos humanos en el país, esta vez de manera especial los derechos económicos sociales y culturales que según la ONU no son garantizados en el país.

Si bien es cierto que ven algunos pocos avances positivos, el informe habla de la ratificación por parte del Estado venezolano de instrumentos internacionales, la adopción de diversas leyes como la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/Sida y sus familiares, entre otras, los progresos realizados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como la lucha contra la desnutrición; los puntos preocupantes y negativos para esta instancia internacional superan abiertamente lo bueno que se ha hecho.

Entre las materias de preocupación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU está la justiciabilidad de los derechos garantizados en el pacto, existe una clara falta de coherencia por parte de los tribunales en la aplicación de los contenidos del Pacto. El comité recomendó garantizar la aplicabilidad de los derechos consagrados en el Pacto, así como promover su contenido y la posibilidad de invocarlos ante los órganos judiciales del país. Igualmente, hablan de falta de independencia del Poder Judicial y la inexistencia de un procedimiento legal para el nombramiento y destitución de jueces, así como la gran cantidad que se encuentran en cargos provisionales, lo que puede afectar su libre desempeño. El comité recomendó que se adopten todas las medidas necesarias para lograr la independencia del Poder Judicial.

Igualmente manifestó la falta de independencia de los órganos establecidos para luchar contra la corrupción. El comité recomendó que se siga con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales y se sancione a los culpables. Por otra parte, pidió que la Defensoría del Pueblo se adapte a los principios acordados en París en 1991 relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU el Estado venezolano debe considerar su reintegración al sistema de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente estableció que existe un limitado acceso a información de interés público y una ley que lo regule. Hay una falta de mecanismos de rendición de cuentas, lo que limita una evaluación objetiva de las decisiones tomadas por el Estado. El comité recomendó una ley que garantice el acceso a la información y la transparencia de la administración pública.

Para esta instancia internacional hay una evidente falta de cooperación entre el Estado y las organizaciones encargadas de la defensa de los Derechos Humanos. No se respetan las plenas garantías a los defensores de derechos humanos que participan con su testimonio en los mecanismos de protección de derechos humanos. El comité recomendó que el Estado redoble los esfuerzos de cooperación constructiva con las organizaciones de la sociedad civil y que garantice que los defensores de derechos humanos puedan ejercer su trabajo sin ningún tipo de intimidación o amenaza.

Igualmente el comité vio graves deficiencias en materia de tratamiento de los pueblos indígenas. Carencia de un marco legal integral para la no discriminación. Persistente desigualdad entre hombres y mujeres para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Existe un número significativo de desempleados, afectando a jóvenes y mujeres.  Manifestó su preocupación porque el salario mínimo no sea suficiente para una vida digna para los trabajadores. Tendencia regresiva en los resultados de la lucha contra la pobreza. Grave situación del sistema de salud, debido a la escasez de insumos y medicamentos. Así como el deterioro de algunos hospitales y la falta de personal médico. Falta de información sobre las medidas tomadas para impedir las limitaciones a la libertad de expresión, entre otros.

Hasta aquí solo unas pinceladas de la grave situación de los derechos humanos en nuestro país. Negar una gran crisis después de leer esto sería estar demasiado ciego o no querer ver lo que está a la vista y todos lo vivimos hoy en día.

 

 @cnietopalma

El Nacional

cnietopalma@gmail.com