La semana pasada por primera vez la Santa Sede ha sido confrontada por una instancia internacional, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, por las numerosos casos de abuso sexual a niños perpetrados por miembros de la Iglesia.
Muchas cosas han cambiado desde el año 1962, cuando instruyó a todos los miembros de la Iglesia para que guarden silencio frente a estos casos, incluso bajo amenaza de excomunión. En el camino están las disculpas hechas a las víctimas de parte de Juan Pablo II y de Benedicto XVI; los llamados a enfrentar estos casos bajo una política de “cero tolerancia” que se tradujo en una disposición para que los obispos denuncien a la justicia los casos de pederastia en los que se encuentren involucrados miembros del clero; y la conformación, por parte del papa Francisco, de la “Comisión para la Protección de Menores”.
El Vaticano considera normal que un Estado sea llamado a rendir cuentas de sus compromisos internacionales, pero negó toda información relativa a este tema alegando que con esto se protegía a las víctimas y que no tiene jurisdicción para juzgar los abusos que cometan los sacerdotes en otros países.
Las asociaciones de víctimas han expresado su desconfianza en las medidas tomadas y parece una reacción justificada por varias razones: el uso de la dualidad Santa Sede y Vaticano ha permitido eludir la responsabilidad por daños civiles en algunos países; el papa Juan Pablo II nombró en el año 1994 a Marciel Maciel, fundador de la organización Legionarios de Cristo, “líder de la juventud” pese a las muchas denuncias que existían por los abusos cometidos por este mexicano; la política de “movilidad” que implica el traslado de los denunciados a otro país; o que el Vaticano haya negado, en el 2013, la extradición de Josef Wesolwski, exnuncio apostólico en República Dominicana, para que sea juzgado por las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre él y otro sacerdote católico.
La Santa Sede ha sido acusada de privilegiar el buen nombre de la Iglesia Católica y el prestigio de los sacerdotes por sobre los intereses de millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en su ámbito de influencia, pero especialmente sobre la vida, bienestar e integridad de miles de víctimas en al menos 70 países .
El terminar con la impunidad, tomar medidas efectivas para poner fin a estos casos, privilegiar la protección de la integridad, bienestar y derechos de cada niño, niña y adolescentes por sobre el buen nombre de la institución, son algunas de las acciones esperadas también por miles de sacerdotes y monjas que se dedican plenamente al bienestar de la infancia, tengo el privilegio de conocer a varios de ellos, otros de los afectados por la forma poco transparente en que se maneja este tema.
