Revista Perspectiva: Los superpoderes de Maduro, ¿para qué? @ReviPerspectiva
En la mañana de este martes 8 de octubre, el presidente venezolano Nicolás Maduro se dirigió a la Asamblea Nacional para pedir la aprobación de una Ley Habilitante, que lo faculte con poderes especiales para legislar, es decir, tener la facultad de emitir decretos con rango o fuerza de ley sin control alguno de la Asamblea. Según declaró, sus objetivos son “la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica”.
Estos poderes le permitirían transformar el sistema judicial para aplicar la ‘pena máxima’, no menor a 20 años de prisión, para los corruptos. Asimismo, Maduro buscaría frenar la inflación (que está en la tasa más alta de América Latina con un 32,9% en lo que va del año 2013) abriendo el mercado permuta para liberar divisas, y así enfrentar la crisis económica que atraviesa el país.
Según el discurso oficial ésta obedece a una conspiración fraguada por los dueños de los medios de producción en contra del proyecto chavista.
Sin embargo, no es claro que estos poderes sean verdaderamente necesarios para los propósitos planteados por Maduro. Los antecedentes de leyes habilitantes aprobadas a Chávez y la tensa relación entre el Gobierno y la oposición, apuntan a que esta iniciativa en realidad tendría otras intenciones:
- Enarbolar la bandera de la anticorrupción para contrarrestar la impopularidad
La contralora Adelina González y la fiscal Luisa Ortega Díaz aplaudieron la petición de Maduro y manifestaron su preocupación por las altas cifras de corrupción. González sostuvo que 3 mil funcionarios han sido señalados por “responsabilidad administrativa” en actos corruptos y se han presentado 1.296 sanciones desde el año 2000. Ortega Díaz, por su parte, informó que desde el 26 de julio la Fiscalía ha detenido a 50 personas bajo cargos de corrupción.
Aunque la organización Transparencia Venezuela comparte la preocupación por estas cifras, su directora Mercedes de Freitas señaló que la solución no es otorgar poderes especiales al presidente, sino, por el contrario, quitarle algunas prerrogativas como la influencia del ejecutivo sobre la Justicia, la confidencialidad sobre los manejos estatales y el uso electoral de los recursos públicos. En la misma dirección, la analista independiente Elsa Cardozo aseguró que para combatir la corrupción no hace falta crear nuevas leyes sino cumplir las existentes.
el líder de la oposición, Henrique Capriles, calificó la cruzada anticorrupción como una “mentira”, argumentando que el Gobierno solo ha perseguido a funcionarios de rango medio y no se ha metido con los “peces gordos” del chavismo.
Además, las acciones emprendidas por el ejecutivo se han enfocado en perseguir a los políticos de oposición. A mediados de julio la Asamblea Nacional le retiró la inmunidad parlamentaria al opositor Richard Mardo, acusado por el Gobierno de blanquear capitales y defraudar al fisco. En agosto la Fiscalía dictó orden de captura contra el también diputado opositor Oscar López, por presunta legitimación de capitales, defraudación fiscal y asociación para delinquir. Y lo mismo ha ocurrido con otros opositores que están siendo indagados por hechos parecidos. Sin embargo, ya que el gobierno ostenta el poder y ejecuta los fondos públicos, es a lo menos dudoso que las prácticas corruptas se circunscriban estrictamente a la oposición.
Una de las intenciones de fondo de Maduro es, probablemente, alzar la bandera de la anticorrupción para combatir la baja popularidad que atraviesa su Gobierno. Impopularidad debida en buena parte a la crisis económica que tiene al país al borde de la hiperinflación, con graves problemas de abastecimiento de alimentos e insumos básicos, e incluso con militares custodiando los supermercados.
- Allanar el camino de la revolución
Durante su mandato (1999-2013), Hugo Chávez acudió a estos poderes especiales cuatro veces: 6 meses en 1999; 12 meses entre el 2000 y 2001, 18 meses entre 2007 y 2008, y otros 18 meses entre 2010 y 2012, períodos en los que aprobó por decreto más de 200 leyes. De esta forma, por ejemplo, nacionalizó la industria aurífera, fundó un banco agrícola estatal, dictó una Ley del Trabajo, creó programas sociales, reformó el Código Orgánico Procesal Penal, fijó precios de los productos y reformó las Fuerzas Armadas. En definitiva, Chávez se apoyó en los poderes especiales para profundizar la “revolución bolivariana”.
Este antecedente apunta a que Maduro usaría los superpoderes en el mismo sentido que su predecesor y mentor. Y más considerando que el actual mandatario ha mostrado estar dispuesto a todo para conseguir el voto faltante y completar los 99 de 165 diputados que se requieren para sacar avante la Habilitante.
Por semanas se rumoró que el Gobierno le retiraría la inmunidad parlamentaria a la diputada opositora María Corina Machado inhabilitándola para votar la petición del gobierno, y permitiendo que su suplente, Ricardo Sánchez, se convirtiera en el voto 99. El problema fue que Sánchez dijo públicamente que no apoyaría la petición de Maduro. Entonces el Gobierno enfiló baterías contra la diputada María Mercedes Aranguren, del pequeño Movimiento Independiente Ganamos Todos (Migato), la oposición desde 2011, pues el suplente de Aranguren, Carlos Flores, sí daría visto bueno a la Habilitante.
La fiscal Ortega Díaz solicitó el pasado jueves un antejuicio de mérito contra Aranguren por presuntos malos manejos en la administración de un estadio de fútbol. Días después, Ortega afirmó que la conducta de Díaz se presumía como delito.
Curiosamente, la decisión se toma justo en esta coyuntura, siendo que la acción contra Aranguren se preveía desde el 24 de septiembre, cuando la diputada denunció que miembros de la bancada oficialista le habían ofrecido cancelar su caso a cambio de apoyar los superpoderes de Maduro y que, además, habían sobornado a su suplente Flores.
Entre tanto no se realice la votación, y se apruebe la Ley Habilitante no sabremos quién es el voto 99. Sin embargo, en las redes sociales hay un gran movimiento en apoyo al oficialismo con los Hashtags #YoSoyelDiputado99, #YoSoyel99 y #PuebloConMaduroSialaHabilitante con más de 125.000 tweets -que aumentan minuto a minuto- en los últimos 3 días.
- Atacar a la oposición
Los opositores sostienen que estos poderes especiales sirvieron en el pasado para atacarlos y sospechan que la historia volverá a repetirse en contra de los legisladores y políticos de la alianza liderada por Henrique Capriles, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Según Leopoldo López, jefe del partido opositor Voluntad Popular, Maduro buscará instaurar “jueces sin rostro” con el fin de perseguir adversarios políticos.
La propuesta de la Ley Habilitante llega en un momento de máxima tensión entre el oficialismo y la oposición. En una misma alocución, el mandatario llamó a la juventud a tomar “acciones de calle” para apoyar su iniciativa y lanzó ataques a la oposición, mencionando la existencia de “una olla podrida en el financiamiento de la derecha fascista venezolana”.
Días atrás el diputado opositor Henry Ramos denunció que el Gobierno ya había emitido una orden de captura contra Capriles. A esto se suman episodios como la aparición de un supuesto audio que ‘prueba’ que Chávez está vivo y secuestrado por sus copartidarios (y la respuesta de los chavistas, que supuestamente desmiente dicho audio); la expulsión de tres funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela bajo la acusación de apoyar a miembros de la oposición en una conspiración contra Maduro; y la instalación de una Comisión Especial en la Asamblea Nacional dedicada a espiar a organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.
Fuente: Revista Perspectivas