Comunicado: Las Academias Nacionales frente a la crisis universitaria

La crisis que vive la universidad venezolana aflora de nuevo con fuerza, como consecuencia de la difícil situación económica y social que atraviesa el país. Hasta ahora, los medios de comunicación se han encargado de divulgar noticias sobre aspectos socialmente sensibles. Destacan la lucha emprendida por las asociaciones de profesores, profesionales, empleados y obreros en búsqueda de reivindicaciones económicas adecuadas al cumplimiento de sus responsabilidades. De igual manera hacen referencia a las legítimas manifestaciones de los estudiantes en su lucha por acceder a una educación de calidad. Una educación que garantice su formación académica para contribuir en forma efectiva al desarrollo del país. Sin embargo, poco tratamiento se ha dado a uno de los temas centrales de la llamada crisis universitaria. Nos referimos al asedio permanente al que ha sido sometida la universidad autónoma venezolana en flagrante violación de los principios que rigen su funcionamiento.

Las Academias Nacionales observan con mucha preocupación cómo el concepto de autonomía universitaria, consagrado en la Constitución Nacional, está siendo violado a través de diferentes acciones. De acuerdo con nuestra Carta Magna: …El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite (…) a su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación.

Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. (…) se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario.

En efecto, la autonomía universitaria ha sido víctima de un acoso gubernamental que se expresa de diferentes maneras: reducción del presupuesto anual destinado al funcionamiento, actividades académicas, de investigación y desarrollo, biblitecas, extensión, atención a los estudiantes. La autonomía es igualmente violada mediante la distorsión de los mecanismos de elección de las autoridades y las instancias de cogobierno. Y finalmente es destrozada su infraestructura por brigadas de choque que han producido daños irreparables al patrimonio y al desarrollo de las actividades académicas. Frente a esta situación las Academias Nacionales tienen la obligación de insistir ante la nación en que, sin universidades sólidas, ningún país puede lograr un crecimiento sostenible. Y que las universidades sólidas son aquellas que cuentan con profesores con alta formación académica a quienes se les garantiza la libertad del ejercicio docente y de investigación según estándares internacionales y unas condiciones de vida respetables. No puede escapar al entendimiento de ningún funcionario gubernamental, particularmente si es egresado o profesor universitario, que el Estado tiene la obligación de apoyar y proteger a las universidades que producen conocimiento y forman los recursos humanos capaces de impulsar el desarrollo del país.

De estar interesado en dotar a la juventud de un sistema de educación acorde con los retos del siglo XXI, el Estado, respetando la condición de autonomía de las universidades, tiene la obligación de enfrentar con toda urgencia problemas como la renuncia de profesores investigadores muy bien preparados, que emigran en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo, la disminución de la producción, científica, tecnológica y humanística, el deterioro de la planta física, de las bibliotecas y  laboratorios de las universidades, la carencia de planes de beca que tengan como único  requisito la capacidad de los aspirantes y al mismo tiempo subsanar las deficiencias de  la educación primaria y media.

Ningún sector de la sociedad civil y empresarial que aspire a vivir en un país mejor del que tenemos, debe quedar indiferente ante el evidente cerco a las universidades nacionales. Es un asunto grave que afecta a la sociedad como un todo.

Rafael Muci-Mendoza, Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Claudio Bifano, Presidente de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales

Luis Mata Mollejas, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

Manuel Torres Parra, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

Adhesiones individuales

Leonardo Azparren Giménez, Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.

Carmen Mannarino, Individuo de Número (electa) de la Academia Venezolana de la Lengua.

Alexis Márquez Rodríguez Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.

Joaquín Marta Sosa, Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.

Carlos Pacheco, Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.

Ana Teresa Torres, Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.

_________________

Inés Quintero, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Elías Pino Iturrieta, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Manuel Rodríguez Campos, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Manuel Donís Ríos, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Elena Plaza, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Edgardo Mondolfi, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Maria Elena González Deluca Lucca, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

José Rafael Lovera, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

 

La crisis que vive la universidad venezolana aflora de nuevo con fuerza, como consecuencia de la difícil situación económica y social que atraviesa el país. Hasta ahora, los medios de comunicación se han encargado de divulgar noticias sobre aspectos socialmente sensibles. Destacan la lucha emprendida por las asociaciones de profesores, profesionales, empleados y obreros en búsqueda de reivindicaciones económicas adecuadas al cumplimiento de sus responsabilidades. De igual manera hacen referencia a las legítimas manifestaciones de los estudiantes en su lucha por acceder a una educación de calidad. Una educación que garantice su formación académica para contribuir en forma efectiva al desarrollo del país. Sin embargo, poco tratamiento se ha dado a uno de los temas centrales de la llamada crisis universitaria. Nos referimos al asedio permanente al que ha sido sometida la universidad autónoma venezolana en flagrante violación de los principios que rigen su funcionamiento.

Las Academias Nacionales observan con mucha preocupación cómo el concepto de autonomía universitaria, consagrado en la Constitución Nacional, está siendo violado a través de diferentes acciones. De acuerdo con nuestra Carta Magna: …El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite (…) a su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación.

Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. (…) se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario.

En efecto, la autonomía universitaria ha sido víctima de un acoso gubernamental que se expresa de diferentes maneras: reducción del presupuesto anual destinado al funcionamiento, actividades académicas, de investigación y desarrollo, biblitecas, extensión, atención a los estudiantes. La autonomía es igualmente violada mediante la distorsión de los mecanismos de elección de las autoridades y las instancias de cogobierno. Y finalmente es destrozada su infraestructura por brigadas de choque que han producido daños irreparables al patrimonio y al desarrollo de las actividades académicas. Frente a esta situación las Academias Nacionales tienen la obligación de insistir ante la nación en que, sin universidades sólidas, ningún país puede lograr un crecimiento sostenible. Y que las universidades sólidas son aquellas que cuentan con profesores con alta formación académica a quienes se les garantiza la libertad del ejercicio docente y de investigación según estándares internacionales y unas condiciones de vida respetables. No puede escapar al entendimiento de ningún funcionario gubernamental, particularmente si es egresado o profesor universitario, que el Estado tiene la obligación de apoyar y proteger a las universidades que producen conocimiento y forman los recursos humanos capaces de impulsar el desarrollo del país.

De estar interesado en dotar a la juventud de un sistema de educación acorde con los retos del siglo XXI, el Estado, respetando la condición de autonomía de las universidades, tiene la obligación de enfrentar con toda urgencia problemas como la renuncia de profesores investigadores muy bien preparados, que emigran en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo, la disminución de la producción, científica, tecnológica y humanística, el deterioro de la planta física, de las bibliotecas y  laboratorios de las universidades, la carencia de planes de beca que tengan como único  requisito la capacidad de los aspirantes y al mismo tiempo subsanar las deficiencias de  la educación primaria y media.

Ningún sector de la sociedad civil y empresarial que aspire a vivir en un país mejor del que tenemos, debe quedar indiferente ante el evidente cerco a las universidades nacionales. Es un asunto grave que afecta a la sociedad como un todo.

Rafael Muci-Mendoza, Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Claudio Bifano, Presidente de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales

Luis Mata Mollejas, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

Manuel Torres Parra, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

Adhesiones individuales

Leonardo Azparren Giménez, Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.

Carmen Mannarino, Individuo de Número (electa) de la Academia Venezolana de la Lengua.

Alexis Márquez Rodríguez Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.

Joaquín Marta Sosa, Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.

Carlos Pacheco, Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.

Ana Teresa Torres, Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.

_________________

Inés Quintero, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Elías Pino Iturrieta, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Manuel Rodríguez Campos, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Manuel Donís Ríos, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Elena Plaza, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Edgardo Mondolfi, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

Maria Elena González Deluca Lucca, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

José Rafael Lovera, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia