Mañana cumple Julian Assange un año de permanencia en la Embajada del Ecuador en Londres. El Gobierno ecuatoriano aceptó la solicitud de asilo 10 meses atrás, pero el del Reino Unido no le ha otorgado el salvoconducto para salir del recinto diplomático.
Sin esa autorización para trasladarse al Ecuador, el fundador de WilkiLeaks sería arrestado por la Policía londinense. Assange es reclamado por las justicia sueca acusado por presuntos abusos sexuales por dos ciudadanas de ese país, aunque el australiano los niega y sostiene que son un pretexto para tras la extradición a Suecia, resuelta por los tribunales británicos, ser entregado a la justicia estadounidense, por las filtraciones de los cables reservados de la diplomacia norteamericana.
El canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, se reunió ayer en Londres con su par británico William Hague. Los dos ministros acordaron que debería establecerse un grupo de trabajo bilateral para buscar una salida diplomática al conflicto, aunque la Cancillería británica aclaró que no se logró ningún avance sustancial. La situación de Assange no se ha alterado, y la iniciativa de la comisión de juristas de los dos países es ciertamente mejor que nada, pero no da fundamento para augurar una solución fácil.
Las normas de asilo diplomático en los países europeos no son las mismas que rigen en el sistema interamericano, con una tradición distinta sobre la materia. El Reino Unido ha reiterado que cualquier solución debe sujetarse a la observancia de la institucionalidad jurídica de su país, cuyos tribunales resolvieron la extradición.
No se avizora una salida cercana para el caso Assange, al que contradictoriamente el Gobierno ecuatoriano lo ha presentado como una defensa de la libertad de expresión, aunque la apabullante mayoría del Gobierno en la Legislatura acaba de aprobar una Ley de Comunicación que da el más duro golpe a esa libertad.
