En horas del mediodía de este 25 de marzo un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela encaró a la nueva ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, instándola a que durante su gestión atienda a las necesidades urgentes que atraviesan las universidades del país.
En esta fecha, tanto la recién designada ministra como los viceministros Francisco Garcés y Yoel Amaya acudieron a la UCV para una reunión con el Consejo Universitario. A la salida de este encuentro Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, abordó al grupo para plantearle algunos de los temas que preocupan a los estudiantes.
Suárez opinó en la conversación con la profesora de la Escuela de Psicología de la misma casa de estudios que para que exista paz y convivencia en el país “tiene que cesar la persecución”, tras relatar situaciones que han estado padeciendo tanto él como otros dirigentes estudiantiles. San Juan le instó a que consignara las pruebas de dicha persecución.
“Las pruebas están, profesora. Al próximo carro que nos esté persiguiendo, quizá le pediremos que lo rotulen como del FCU. Capaz hay un interés de los cuerpos de seguridad del Estado en hacernos una donación. Porque van y vienen carros, de arriba para abajo, hasta nuestras casas,incluso”, relató Suárez.
La titular de Educación Universitaria alegó que desde el 12 de febrero había solicitado una reunión con Suárez por distintas vías para tratar este y otros temas, pero que el líder estudiantil no había accedido. También, mencionó que sus versiones sobre algunos episodios de persecución no habían sido congruentes: “No me parece que acá, con cámaras, hagas esto y digas que no nos hemos querido reunir (…) Sentémonos en una cosa no preparada para que salga en los medios, porque así no solucionaremos los problemas”, le increpó.
En otro punto del debate, el presidente de la FCU-UCV denunció que el chavismo había asfixiado presupuestariamente a las universidades y que la solución a los problemas que ahora se promete llegaría 27 años tarde, lo que generó una respuesta en tono de molestia por parte de la profesora.
“Si tú quieres que tengamos un debate político, lo tenemos (…) Eso no es cierto. Acá no se ha llegado ningún 27 años tarde, acá se dice que se ha intentado acabar con las universidades y eso no es cierto. Yo te puedo mostrar los presupuestos de las universidades desde 1999 hasta acá. Si nosotros hablamos de problemas políticos, hablemos de problemas políticos, pero no hablemos de cosas que no son ciertas”, expresó San Juan.
Suárez refirió haber constatado no solo en la UCV, sino en otras universidades públicas como la Universidad del Zulia, la de Los Andes y la Carabobo, la “crisis y precariedad” en la que subsisten y la invitó a visitar dichas casas de estudios.
En esta parte del debate intervino el profesor de la Facultad de Ingeniería y también nombrado hace poco como viceministro de Bienestar Estudiantil, Yoel Amaya, quien atribuyó a las sanciones las dificultades en la asignación del presupuesto universitario.
“Son diez años de medidas coercitivas unilaterales. Acá hubo un bloqueo criminal y te lanzo este datico: se le vendió petróleo a Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no puede hacer la transferencia al Banco Central porque el Banco Central no está en el sistema internacional. Y tanto es así que los mismos senadores del mismo gobierno gringo están tratando de quitar todas las medidas unilaterales, que no son una, son casi 900″, detalló.
#25Mar Miguelangel Suárez, presidente de la (FCU-UCV), denunció ante la nueva ministra universitaria 27 años de asfixia presupuestaria. "Eso no es cierto", dijo Ana María San Juan, quien sostuvo que no se ha pretendido acabar con las universidades pic.twitter.com/IJWcyqJnw9
— Runrunes (@RunRunesWeb) March 26, 2026
Amaya agregó que desde la nueva gestión del Ministerio de Educación Universitaria están dispuestos “a mejorar lo que haya que mejorar y corregir lo que haya que corregir”.
Insuficiencia presupuestaria crónica
San Juan es la tercera mujer que asumirá la cartera de Educación Universitaria en los últimos siete años. Por esa dependencia han pasado Cesar Trompiz (2019-2021), la fallecida Tibisay Lucena (2021-2023), la también exrectora electoral Sandra Oblitas (2023-2024) y Ricardo Sánchez (2024-2026).
En su carta de aceptación del cargo, San Juan indicó que conocía y reconocía todas las demandas del sector y que harían todos los esfuerzos necesarios para avanzar, “de manera real y sostenida, en el bienestar de toda la comunidad universitaria”. También, prometió puertas abiertas para sindicatos, gremios, autoridades universitarias y demás representantes.
Contrario a lo que afirmó San Juan en sus declaraciones frente a los estudiantes, organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes han confirmado los limitados presupuestos que han puesto a las universidades en riesgo de funcionamiento.
En un reporte de julio de 2025, elaborado en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Aula Abierta, y el Centro para la Paz y Derechos Humanos «Padre Luis María Olaso» de la Universidad Central de Venezuela, destacaron el “acoso presupuestario” al que son sometidas las universidades, que se expresa en una “política regresiva en el financiamiento de la educación superior y la desprotección de los derechos laborales del personal universitario”.
Alertaron que diversas universidades venezolanas han denunciado la “insuficiencia crónica” de los presupuestos asignados, lo que ha derivado en graves afectaciones salarios insuficientes para el personal docente, administrativo y obrero; incumplimientos en los pagos laborales; reducción de becas estudiantiles y deserción del personal docente.
Para la fecha, reportaban que el salario base de un profesor titular a dedicación exclusiva se ubicaba por debajo de cinco dólares mensuales mientras el bono vacacional —que en 2002 equivalía a más de USD 4.800— fue reducido a apenas a 56 dólares, lo que representa una pérdida del 95 % de su valor adquisitivo.
A mediados de 2025, desde la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) informaron que esta casa de estudios perdió entre el 44% y el 50% de sus profesores en los últimos años debido a la grave crisis salarial que afecta al sector universitario3.
También, el Observatorio de Universidades (OBU) han denunciado que la asfixia presupuestaria en Venezuela se ha convertido en una política sistemática que compromete la existencia misma de la educación superior pública Según sus reportes más recientes de 2024 y 2025, las instituciones sobreviven con apenas una fracción mínima de los recursos necesarios para operar.
“Las universidades públicas registran, en su mayoría, al menos 10 años sin mantenimiento estructural a causa de la asfixia presupuestaria de las que son víctimas”, alertaban en mayo de 2025.
En 2024, universidades como la UCV recibieron menos del 5% del presupuesto solicitado al Ejecutivo. El OBU señala que, aunque las cifras en bolívares pueden parecer mayores por la inflación, al convertirlas a divisas representan una reducción real de recursos.
Para mayo de 2025, el OBU documentó que 83% de las denuncias en universidades públicas corresponden a daños graves en la planta física y en servicios: 85% de los baños no funciona y el 91% de los universitarios no tiene acceso a agua diariamente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
