Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) emitieron un comunicado el pasado 24 de mayo en el que condenaron la desaparición forzada, a manos de la dictadura venezolana de más de 50 líderes políticos y sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, entre éstos de Juan Pablo Guanipa, líder fundamental del partido Primero Justicia, exgobernador electo del Estado Zulia y exprimer vicepresidente de la última Asamblea Nacional democrática”.
Los exmandatarios consideran que la comunidad internacional “ha de adoptar con urgencia medidas para conjurar la gravedad de estos hechos“.
“Alzamos nuestra voz para observar la indiferencia y la tolerancia de estas prisiones sistemáticas, como la que afecta a Juan Pablo Guanipa, sacado de su clandestinidad, pues representan un grave atentado a los principios de Humanidad y banalizan las garantías de la democracia y el Estado de Derecho”, enfatizaron.
En el texto recordaron que la Misión Independiente para la Determinación de Hechos de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela ha denunciado que mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación “es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”.
Recalcaron que también la Misión de la ONU ha constatado que “las detenciones selectivas forman parte de un plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar a figuras de oposición, o a quienes son percibidos como tales”.
El documento resalta que tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 “la misma Misión confirmó esta modalidad de razia que ahora se reitera por parte del régimen dictatorial luego de la convocatoria de una farsa electoral rechazada por la mayoría de los venezolanos, en un proceso sin controles y de suyo no democrático”.
La activación de un nuevo ciclo represivo
Una nueva oleada represiva en Venezuela desató el gobierno en los días previos a los cuestionados comicios regionales y parlamentarios del 25 de mayo. Dirigentes políticos, activistas, defensores, comunicadores, profesores, adultos mayores y estudiantes venezolanos, así como más de una decena de extranjeros, han sido el blanco de esta nueva “razia” contra la oposición y la disidencia, como lo denunció la líder opositora María Corina Machado.
En una alocución el pasado 23 de mayo el ministro de Interior y Justicia del madurismo, Diosdado Cabello, confirmaba la detención de al menos 70 personas entre venezolanos y extranjeros en los últimos días por presuntos “planes violentos” previos al 25 de mayo.
En el nuevo ciclo represivo se incluyó a Juan Pablo Guanipa, líder de Primero Justicia y cercano colaborador de María Corina Machado, quien fue exhibido en la televisión estatal esposado, con chaleco antibalas, rodeado de funcionarios encapuchados y presentado como “jefe de una red terrorista”.
La persecución no se limita a altas figuras de la oposición política. En la lista de detenidos identificados hasta ahora, confirmada por Runrun.es, hay al menos 27 ciudadanos venezolanos, entre ellos dirigentes de Proyecto Venezuela, Voluntad Popular y Vente Venezuela, comunicadores sociales; una profesora de liceo, una activista por los derechos de la mujer; un estudiante de la UCV y dos adultos mayores. Además, según la versión del gobierno, también fueron arrestados al menos diez extranjeros, procedentes de países como Pakistán, Serbia, Alemania, Argentina, Albania y Ecuador.
La represión alcanza incluso a quienes protestan por un salario digno. La profesora Lourdes Villareal, conocida por asistir a las manifestaciones del sector educativo, fue detenida a plena luz del día en La Pastora, Caracas. El señor Isidro León y el comunicador José Raúl Amiel, por tener más de setenta años, deberían haber quedado exentos de prisión preventiva según el Código Orgánico Procesal Penal; sin embargo, fueron detenidos en sus casas, sumándose al patrón de arbitrariedad que vulnera la presunción de inocencia.
La iniciativa Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento denunció que estos actos reproducen crímenes bajo investigación de la Corte Penal Internacional, pues combinan la criminalización de la disidencia con el hostigamiento a familiares y la exhibición pública de detenidos.
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