Se cumplen tres meses desde que funcionarios encapuchados y armados detuvieron arbitrariamente a Jonathan Bravo, un adolescente de 17 años, cuando estaba en su casa en Coro, estado Falcón, el 11 de enero de 2025.
A lo largo de este tiempo, su familia ha denunciado irregularidades en el proceso de detención de Jonathan. Se le acusa de enviar unos supuestos mensajes en un grupo de WhatsApp en contra del gobernador de Falcón, Víctor Clark. Pero su mamá niega esas acusaciones.
El adolescente estaba por comenzar sus estudios de Odontología en la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS), después de haber culminado el curso introductorio. Tenía que inscribir formalmente la carrera el 13 de enero, pero su detención se lo impidió.
Además de ser víctima de una detención arbitraria y de ser menor de edad, su familia destaca que Jonathan fue diagnosticado desde los cinco años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y a los 12 le detectaron tips motores producto de la misma condición. El TDAH es un trastorno neuropsiquiátrico que genera dificultades para relacionarse, prestar atención, hiperactividad e impulsividad, condiciones que se pueden agravar en reclusión.
En declaraciones en marzo pasado a este medio su madre, Francys Palencia, destacó que el joven había presentado problemas de estrés.
“Con este trastorno que tiene y privado de libertad no puede estar bien, no es un muchacho común como los que están allí, él trae un problema que arrastra desde pequeño y eso combinado le afecta muchísimo. Aparte, desde niño se me ha enfermado, él es muy sensible, es un muchacho vulnerable a cualquier enfermedad”, contó entonces.
Jonathan es uno de los 896 presos políticos (cinco adolescentes entre ellos) que existen en Venezuela, según la lista actualizada el 7 de abril por el Foro Penal.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (también conocidas como Reglas Mandela) contemplan que no deben permanecer en prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables, o a quienes se diagnostique una
discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión. También contemplan que los servicios de atención sanitaria proporcionará tratamiento psiquiátrico a los reclusos que lo necesiten.
Enviado a juicio sin justificación
El 6 de marzo inició el juicio contra el adolescente de forma telemática, a través de un celular. A Jonathan Bravo lo imputaron por los presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio. La señora Palencia, desestima estas acusaciones y solo espera poder estar con su hijo en su hogar, con tranquilidad.
“Queremos que termine esta pesadilla. No sabemos hasta cuándo se extenderá, simplemente ponen fechas de juicio, nos presentamos a la audiencia, sin medio probatorio y siguen manteniéndolo privado de libertad”, denunció en entrevista con Runrun.es.
La Fiscalía había solicitado una pena de 10 años de prisión para el adolescente. Esto, según advirtió el 11 de marzo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos es una “petición desproporcionada” y se trata, además, de un “juicio viciado”.
Toda esta situación ha afectado mucho la salud mental de Jonathan Bravo. Su madre advirtió que él manifiesta estar “estresado, no soporta el encierro y de salud está decaído con mareos”.
Durante tres meses, la familia de Jonathan ha hecho solicitudes al Ministerio Público para que el adolescente sea evaluado por un psicólogo, pero ha sido en vano. “Van tres meses y nada que lo ve un profesional”, alertó.
Un joven deportista y activista religioso
Jonathan Bravo es deportista desde pequeño. Tras haber estado en natación por recomendación de un médico neurólogo, pues esto lo ayudaría con su tratamiento por el TDAH, descubrió que ese deporte no le gustaba y comenzó a jugar fútbol.
Durante un largo tiempo formó parte del equipo Águilas de Cristo, un grupo cuyos directivos son cristianos. En los años siguientes pasó a formar parte de otros equipos futbolísticos, siendo este el deporte que lo apasiona desde siempre.
Sin embargo, por problemas de salud, no pudo continuar en los espacios deportivos por un tiempo, pero siguió desarrollándose en otros espacios como activista en un grupo religioso, una actividad que también lo apasiona, al igual que el deporte. El año pasado intervino en actividades en un hospital con los niños de bajos recursos.
El pasado mes de marzo, Francys Palencia también declaró a este medio y afirmó que su hijo es un buen muchacho y es inocente de las acusaciones que pesan en su contra. Por ahora están a la espera de la próxima audiencia que se realizará el 23 de abril. Lo que ella más espera es que su hijo pueda salir en libertad.
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