Las mensualidades de los colegios privados en Venezuela podrían aumentar entre un 4,5% y un 6% como consecuencia de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, aprobada recientemente por la administración de Nicolás Maduro.
Fausto Romeo Monte, vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), informó, en entrevista para el Circuito Unión Radio, que la contribución especial para el fondo de pensiones establecido por la ley «va a incrementar las cuotas de escolaridad, en cada plantel, de cada estudiante en un promedio entre 4,5 % a 6 %».
Romeo Monte explicó que los colegios privados están enviando circulares a los padres y representantes para notificarles sobre el aumento y la necesidad de pagar un retroactivo por el tiempo que ha transcurrido desde la entrada en vigencia de la ley, el pasado 16 de mayo.
«Cada uno de los planteles están en este momento generando circulares a cada uno de los padres y representantes indicándoles que tienen que pagar un retroactivo», señaló el vicepresidente de Andiep.
Romeo Monte también destacó que los colegios privados destinan el 70% de su presupuesto al pago de sueldos, bonificaciones, seguro social y el bono de alimentación. El aumento del 9% para el fondo de pensiones representa un nuevo gasto significativo para estas instituciones.
“Ley de Protección de Pensiones es otra carga para la empresa privada”
De acuerdo con la ONG Cedice Libertad a través del Observatorio de Gasto Público, la recientemente aprobada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social es una carga para el sector privado y productivo del país.
Según la organización, con el reglamento se crea una contribución especial a personas jurídicas privadas sobre el valor de todos los pagos a los trabajadores activos, por concepto de salario y bonificaciones no salariales, nunca por debajo del salario mínimo.
Cedice indicó que entre los efectos que se esperan de la medida, destaca un impacto en los costos y el flujo de caja de las empresas privadas que operan en el país.
De acuerdo a Cedice, la ley no apunta a proteger el bienestar de los trabajadores, sino todo lo contrario.
“Hay que reflexionar sobre el problema de fondo y es que el sistema de pensiones de reparto y tributos de este tipo rompen con el importante vínculo entre esfuerzo y recompensa, entre contribuciones y beneficios y eso destruye los incentivos correctos”, concluyen.
