El pasado 10 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió la Licencia General 8N para Venezuela, donde se autoriza a cuatro empresas de servicios mantener las operaciones necesarias o la liquidación de ellas con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) hasta el mes de noviembre de este año.
«(Esto con el motivo de) Garantizar una mayor libertad polÃtica en Venezuela y para asegurar unas elecciones presidenciales competitivas e inclusivas el 28 de julio. Es un paso esencial hacia una Venezuela más próspera y segura», escribió Francisco Palmieri, jefe de Misión de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, en su cuenta institucional de X (Twitter).Â
Los Estados Unidos considera los intereses de seguridad nacional y polÃtica exterior a la hora de evaluar una licencia especÃfica. Garantizar una mayor libertad polÃtica en Venezuela para asegurar unas elecciones presidenciales competitivas e inclusivas el 28 de julio es un paso…
— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) May 10, 2024
De acuerdo con Palmieri, las medidas incluyen las «transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela, participación en reuniones de accionistas y directorios, realizar pagos de facturas de terceros por transacciones y actividades autorizadas, siempre que dicha actividad estuviera autorizada en el momento en que ocurrió, es decir, para abril de 2020».
También se permite con esta Licencia General, que expira el 15 de noviembre de 2024, el pago de impuestos locales y compra de servicios públicos en Venezuela, asà como el pago de salarios a empleados y contratistas en el paÃs.
La administración de Joe Biden ya habÃa concedido una licencia a la petrolera francesa Maurel & Prom (M&P) para seguir operando en Venezuela, pese a las sanciones impuestas por Washington. Esta fue la primera licencia especÃfica aprobada por la OFAC para producir en el paÃs, luego de la no renovación de la anterior GL44 que flexibilizó las sanciones.



