En “Madres Poderosas”, una organización que agrupa 13 casos de ejecuciones extrajudiciales, mujeres se acompañan para exigir justicia en los asesinatos de sus hijos, ocurridos en enfrentamientos simulados por organismos policiales.
Esta organización integrada por 11 madres, una hermana y un padre que está en Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas. La idea surgió de dos madres que perdieron a sus hijos en medio de ejecuciones extrajudiciales.
Carmen Arroyo, una de las creadoras de este grupo, perdió a su hijo Cristian. Un funcionario policial le quitó la vida y, a pesar de la depresión causada por el homicidio de su hijo, ella lucha incansablemente por obtener justicia, según un reportaje de Constructoras de Paz.
El pasado 22 de enero de 2024, después de más de 11 audiencias, Arroyo por fin logró que se condenara a Aljerdy Victorino Pacheco Rengifo, el policía que disparó contra su hijo a 23 años y 15 días de prisión. Los otros funcionarios que actuaron como cómplices necesarios, siguen libres, sin ser judicializados.
A Cristian Charrys Arroyo lo asesinaron el 24 de septiembre de 2018, en La Dolorita, parroquia Petare, cuando regresaba a su casa de celebrar su cumpleaños número 25. Funcionarios de la extinta Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), lo abordaron, lo obligaron a arrodillarse y le dispararon a quemarropa sin razón ni motivo alguno.
“Nada de esto le va a devolver la vida a mi hijo, ni calma mi tristeza o alivia la depresión a la que me enfrento diariamente, pero mi lucha va a contribuir a que ese asesino no va a seguir acabando con la vida de más muchachos sanos como el mío”, asegura Carmen.
Carmen tiene 56 años y se unió a otras madres, hermanas y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en barriadas de Venezuela, para buscar justicia y visibilizar estos hechos que ocurren sin que el Estado le ponga freno, investigue ni aplique castigos o las penas.
Un colectivo encabezado por mujeres
“A nosotras nos unió esta desgracia que tenemos en común y así será hasta el final de nuestros días”, afirma Ivonne Parra, que junto a Carmen dirige “Madres Poderosas”, desde que se registró como una Asociación Civil Sin Fines de Lucro en septiembre de 2021.
La idea surgió en 2018, señaló Ivonne. Fue un abogado criminalista quien ayudó a darle un nombre que, más allá de representar casos particulares, buscara que otras madres y familiares pudieran integrarse.
Antes de crear “Madres Poderosas”, en el 2019 ya Carmen e Ivonne formaron parte del grupo de familiares víctimas relataron sus testimonios de la letalidad policial y de las violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales que que se vive en el país a Michelle Bachelet, ex-alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Desde entonces trabajan junto a la organización Alianza de Familiares Víctimas del 2017 (Alfavic 2017) y se transformaron en un colectivo encabezado por mujeres, que se ha convertido no solo en “abogadas” y defensoras de los derechos humanos, sino en terapeutas las unas de las otras.
Sin investigaciones
Aunque haya dictado sentencia contra el asesino de su hijo, Carmen sabe que no será la última vez que irá al tribunal. Ella sigue acompañando a sus compañeros y a las mamás de los otros 12 jóvenes asesinados.
Ahora, la mayoría de las mujeres que integran este grupo manejan términos judiciales, redactan oficios para presentar ante el Ministerio Público, tribunales o para solicitar alguna experticia.
“Cada semana alguna debe ir a los tribunales o a la fiscalía y ahí estamos para acompañarnos. Si es de ir todas a la morgue para buscar un protocolo de autopsia porque tienen tres años que no se lo han enviado a la fiscalía, lo hacemos. Nosotras mismas nos encargamos de los escritos y de enviarlos por correo”, comenta Ivonne.
La falta de respuestas por parte del Estado en su obligación de realizar una investigación en cada caso, de forma debida y expedita, dentro de los lapsos procesales, despertó en ellas la solidaridad, sororidad y empatía.
“Tenemos una herramienta, que no es el dinero, sino el apoyo que nos damos entre todas. Si en una fiscalía se están burlando de una de nosotras, que lo hacen a cada rato, vamos y le explicamos lo que hemos aprendido en este camino y hacemos acompañamiento”, precisa Ivonne.
Sin sentencia definitivamente firme
El homicidio de Andrés David Osorio Contreras, de 18 años, es uno de los más antiguos de los documentados por “Madres Poderosas” y donde el culpable fue eximido. El hecho ocurrió el 22 de julio de 2006, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Jardín Botánico.
Su madre Daissy Contreras cuenta que Andrés David trabajaba como mototaxista, y cuando regresaba de llevar a un pasajero al centro comercial El Tolón, en Las Mercedes, un funcionario del Cicpc le dio un disparo en la espalda. Ocurrió en medio de un enfrentamiento con delincuentes que intentaron robar al policía.
“En el 2013, el funcionario fue condenado. Sin embargo, en el 2014 se anuló el juicio y comenzamos otra vez ese camino de tortura, hasta hoy en día. Juicios interrumpidos y detenidos por dos años en pandemia”, relata Daissy.
Contreras logró que se continuara el juicio, “pero en diciembre de 2022, un juez de la mal llamada justicia del Estado venezolano, absuelve a este funcionario, sin que hasta la fecha haya sido publicada la sentencia para poder ejercer el derecho a apelación”.
Este episodio no solo le quitó a un hijo a Daissy, pues su otro hijo se vio obligado a marcharse del país y dejar su vida por temor a represalias por estos funcionarios del Cicpc. “Temíamos a que lo sembraran y lo detuvieran. Yo vivía con mucho miedo a que lo encontraran en el camino y también me lo mataran”.
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