Advirtieron que denunciarán ante el Consejo de DDHH de la ONU que renueven las actividades de la Misión de determinación de Hechos sobre Venezuela
25 Organizaciones no gubernamentales sobre los derechos humanos a nivel internacional, como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Human Rights Watch, CUBALEX y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), denunciaron en un comunicado de prensa este 16 de febrero que el gobierno de Nicolás Maduro está aumentando su poder represivo «antes de las elecciones presidenciales previstas» para este año en Venezuela.
Entre las persecuciones y amenazas a políticos críticos a Maduro y la reducción del espacio cívico y el derecho a la asociación, las organizaciones destacaron los casos de la desaparición forzada y detención de la activista Rocío San Miguel, el pasado 9 de febrero, y la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) del país el pasado 15 de febrero.
«Esto supone una preocupante escalada en los intentos del país de eludir el escrutinio internacional y la rendición de cuentas», se lee en documento.
Las instituciones sobre los derechos humanos reiteraron que la decisión de expulsar a la Oacnudh se produjo luego de que los miembros de la ONU se pronunciaran en redes sociales sobre la vulneración del derecho al debido proceso judicial de San Miguel y la presentación del informe del relator independiente sobre el derecho a la alimentación sobre las vulneraciones sanitarias de los presos políticos, a las mujeres, a los adultos mayores y a los niños, niñas y adolescentes venezolanos.
«La Oacnudh, incluida a través de su presencia en Caracas, ha desempeñado un papel importante (…) en la prestación de apoyo y asistencia a las víctimas y supervivientes. Por lo tanto, la decisión de suspender su presencia crea lagunas de protección inmediatas para personas y comunidades en riesgo», reza el comunicado.
Renovación de la Misión de la ONU en Venezuela
Para las 25 ONG, ,«la situación de derechos humanos se está deteriorando aún más». Hicieron un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para renovar el mandato de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela para seguir sus evaluaciones sobre las violaciones a los derechos fundamentales y «crímenes internacionales» en el país, «algunos de los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad».
La Misión «es clave para proporcionar a los Estados miembros de la ONU recomendaciones sobre estrategias eficaces de prevención y mitigación a la luz de la intensificación de la persecución selectiva y la represión generalizada», denuncia el comunicado.
Por ejemplo, el año pasado La Misión investigó y denunció que 10 de los 15 funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), un ente del Estado venezolano, son los mismos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), organismo señalado de asesinar a cientos de jóvenes en el marco de las protestas del año 2017 y 2019, además de las ejecuciones extrajudiciales de las «Operaciones Trueno» durante el 2022 y que el gobierno de Maduro prometió desmantelar hace 2 años.
Las organizaciones advirtieron que Venezuela sería una de los temas a discutir en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prevista para el mes de marzo de este año. Sin embargo, la comunidad internacional tiene previsto solicitar una sesión extraordinaria «si un tercio de los Estados miembros (de la ONU) lo solicita».
