Claves | Al gobierno no le da nota en nueva evaluación de la ONU sobre derechos civiles y políticos

Durante dos días el Comité de Derechos Humanos de la ONU evaluó la situación de derechos civiles y políticos ante delegados del gobierno venezolano

El gobierno salió reprobado en la evaluación.  Ante voceros como el canciller, el fiscal general y representantes del TSJ, el comité de DDHH de la ONU cuestionó las inhabilitaciones y denunció torturas, restricciones a la libertad de expresión, falta de independencia de poderes e impunidad en casos de violencia de género, entre otros temas

El tema de las inhabilitaciones políticas fue duramente cuestionado por miembros del comité de DDHH de la ONU como el portugués José Manuel Santos País, quien contradijo la versión del gobierno de que las personas inhabilitadas podían ser candidatos

 

 

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluó durante los días 10 y 11 de octubre la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela.

El Comité de Derechos Humanos (CCPR) es el órgano de la ONU encargado de monitorear el cumplimiento de lo establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que incluye la libertad de expresión, derecho a la vida, derecho a la integridad.

Organizaciones no gubernamentales como Provea destacaron que ocho años después de la última evaluación que se hizo en Venezuela no hay mejoras en la situación de los derechos de los ciudadanos.

Como representantes del gobierno en Ginebra asistieron voceros del madurismo encabezados por el fiscal general Tarek William Saab, quien fue recriminado durante su presentación por su defensa a ultranzas del gobierno venezolano. 

⚠️ José Santos Pais, del Comité de DDHH, señaló ante las intervenciones del Fiscal General de Venezuela: "jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma al gobierno de su país, cuando normalmente debe presentar su situación de completa independencia"#VenezuelaPreocupa pic.twitter.com/Ro14nmWATi

— Cepaz (@_CEPAZ) October 11, 2023

 

Y es que el intercambio se enrareció en varios momentos por la actitud de la comisión del gobierno, quienes en numerosas ocasiones usaron adjetivos calificativos contra el comité, los expertos y la validez de las denuncias que presentaron, sustentadas en data de organizaciones de la sociedad civil y de los informes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela. 

A continuación, una lista de los derechos civiles y políticos vulnerados en Venezuela que fueron expuestos por distintos expertos del comité en los dos días de sesiones. 

Restricción del derecho a la libre movilidad e identidad

En Venezuela se restringe el derecho a la libre movilidad ante la dificultad de acceder a documentos como pasaportes dentro y fuera, lo que a su vez afecta el acceso a otros derechos, como la salud en el extranjero. 

En la exposición de esta vulneración se denunció también que los ciudadanos pagan sus pasaportes y algunos trámites quedan en el limbo por fallas en la plataforma de la institución. 

La respuesta del canciller Yván Gil a esta denuncia fue que en en Venezuela “tenemos 100% de cobertura en la entrega de documentos de identidad. Con excepción de los países donde se nos impide tener consulados”.

#VenezuelaPreocupa al Comité de Derechos Humanos por las dificultades para acceder a documentos de viaje. pic.twitter.com/PfveoFZIA4

— Examen DDHH Venezuela (@ExamenDDHH_VE) October 11, 2023

Cuestionamiento a las inhabilitaciones

El tema de las inhabilitaciones políticas fue duramente cuestionado por miembros del comité como el portugués José Manuel Santos País, quien contradijo la versión del gobierno de que las personas inhabilitadas podían ser candidatos. 

“Me parece extraño, más cuando en el marco de las próximas elecciones vemos como ya hay candidaturas anuladas por inhabilitaciones”, expresó en el debate. 

Minutos antes, el canciller Yván Gil había asegurado que los derechos políticos en el país “no se perdían” y que los candidatos inhabilitados no perdían sus derechos a elegir o a a ser electos, sino a cumplir sus funciones dentro de la administración pública: “Ellos pueden elegir, ser electos, pero por hechos de corrupción han sido inhabilitados de la administración en la función pública”.

🇻🇪 Yvan Gil, Canciller de Nicolas Maduro acaba de asegurar ante la ONU, que las "inhabilitaciónes" de la Contraloría son sólo para ejercer cargos de la administración pública y que los "inhabilitados" si pueden ser candidatos en elecciones de voto popular. pic.twitter.com/UuyKtD52Nm

— Ramnier (@Ramnier) October 11, 2023

Otra miembro del Comite, Hélène Tigroudja (Francia) criticó que las decisiones de inhabilitaciones no fueran publicadas en las gacetas oficiales de Venezuela y puso en duda que los poderes públicos del país jugaran un rol “independiente e imparcial” en los comicios en Venezuela.

Uso continuado de las torturas,  desapariciones forzadas, represión y detenciones arbitrarias.

Otro tema sensible en la evaluación del comité fue el relativo a las torturas. Denunciaron que siguen recibiendo “información preocupante” sobre uso continuado de torturas y malos tratos para obtener confesiones e información. Asimismo, destacaron la impunidad en estos casos y el temor de las víctimas a denunciar. 

En concreto, la miembro del comité Hélène Tigroudja (Francia) refirió que les parece “muy preocupantes” las denuncias que han recibido sobre los  mecanismos de interrogatorio del Sebin contra activistas de derechos humanos. 

#VenezuelaPreocupa al Comité de Derechos Humanos por las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la posibilidad de retaliaciones hacia las personas defensoras venezolanas que participan en el diálogo. #100ct pic.twitter.com/SzcmwaKfPg

— Examen DDHH Venezuela (@ExamenDDHH_VE) October 10, 2023

Además Tigroudja preguntó sobre las denuncias de desapariciones forzadas y recalcó que el comité recibió “información numerosa y confiable” sobre la represión de las protestas, así como las ejecuciones extrajudiciales durante operativos de seguridad y de opositores al gobierno.

En la disertación, también exhortaron al gobierno a responder sobre las medidas para evitar las detenciones arbitrarias, y precisaron que el comité recibió información de más de 15.700 detenciones arbitrarias entre 2015-2023.

Tras invitar a los miembros del comité a venir a Venezuela para “constatar la realidad”, el fiscal designado por la Consituyente, Tarek William Saab, dijo que desde 2016 a  2023 hay 500 funcionarios civiles y policiales detenidos por violaciones de derechos humanos.

“Somos impecables e implacables a la hora de procesar casos relacionados a violaciones de DDHH”, sostuvo. 

Centros clandestinos de detención y procesamiento de presos políticos

A la delegación del gobierno le preguntaron si los centros clandestinos de detención fueron cerrados, cuántos casos de civiles procesados por jurisdicción militar hay y también sobre cuántas personas detenidas por motivos políticos han sido procesadas por tribunales contra el terrorismo.

La respuesta del gobierno vino en esta ocasión por parte del vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Henry Tamaure, quien sostuvo ante el comité experto de la ONU que en Venezuela “no se juzgan a civiles en tribunales militares”, que estos no son perseguidos por la justicia militar. y que el personal militar de reserva “es juzgado en tribunales civiles”.

Derecho a la vida y muertes violentas

Al Comité de Derecho Humanos de la ONU le preocupa, y así lo expuso ante el gobierno, la falta de estadísticas claras y desglosadas sobre muertes violentas.

También, precisaron que la respuesta del Estado venezolano cuando se le solicitó información fueron datos genéricos, en los que señalaron que gracias a la Misión Cuadrantes de paz se registró una “importante disminución” de muertes violentas en el país, específicamente homicidios. 

En este particular, instaron al gobierno a informar sobre las medidas aplicadas para prevenir las muertes violentas, incluidas aquellas cometidas por agentes del Estado. 

#VenezuelaPreocupa al Comité de Derecho Humanos por la falta de estadísticas claras y desglosadas sobre muertes violentas.#10Oct pic.twitter.com/qaMfgGuNmk

— Examen DDHH Venezuela (@ExamenDDHH_VE) October 10, 2023

Restricciones a la libertad de expresión

Wafaa Bassim (Egipto), miembro del comité, expuso ante los voceros del gobierno que hay razones considerables para creer que persisten las violaciones a la libertad de expresión, como acoso y detenciones arbitrarias a periodistas críticos al Gobierno, injerencia y cierres de medios de comunicación.

Antes de preguntar qué medidas había tomado el gobierno para proteger a los periodistas, recalcó que estos actos de restricción a la libertad de expresión “también afectan a los defensores de derechos humanos, activistas políticos y líderes sindicales”.

Amenazas a las ONG y medios digitales con ley de cooperación internacional

Aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó que le preocupa la creación de un registro único contra las ONG a través del proyecto de ley contra la cooperación internacional en Venezuela y dudó públicamente de su beneficio a  la libertad de asociación, el canciller Gil Pinto defendió la iniciativa legislativa y dijo que seguirá adelante. 

“Ha sido redactado tomando como ejemplo leyes de 93 países miembros de la ONU. Será un marco legal que brindará protección y regulará la acción de las ONG. Será una ley novedosa”, sostuvo. 

 

Las sanciones no son excusa para violar DDHH

Hélène Tigroudja, miembro del Comité de DDHH de la ONU, consideró que el argumento sobre las medidas coercitivas unilaterales -sanciones- que usa el gobierno venezolano “no es pertinente cuanto se trata de debatir sobre la puesta en práctica del pacto” de derechos civiles y políticos, cuya aplicación o no por parte del Estado venezolano se evaluaba en estas secciones

“En este diálogo vamos a hablar de corrupción, tortura, violaciones graves y sistemáticas del derecho a la vida, criminalización de actividades de periodistas, defensores de DDHH y otros temas que no tienen nada que ver con el régimen de sanciones”, recalcó. 

Al canciller Yván Gil le molestó este comentario: “Lamentamos que la señora Tigroudja haya minimizado el efecto de las sanciones sobre los DDHH en Venezuela (…) Burocratiza el tema de los DDHH, lo cual es inaceptable, no podemos tolerar y va en contra de cualquier principio de protección a ciudadanas y ciudadanos de un país, que se han visto afectados porque a su gobierno se le imposibilita obtener los recursos necesarios para su protección”. 

🇺🇳 Hélène Tigroudja, miembro del Comité de DDHH de la ONU:

🗣️ "El argumento sobre las medidas coercitivas unilaterales no es pertinente para justificar la violación de DD.HH. No tiene nada que ver con el régimen de sanciones".

📌 Reunión Comité de DDHH ONU y Venezuela. pic.twitter.com/bNeUMKcyYd

— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) October 10, 2023

🔴 Yvan Gil: lamentamos que la señora Tigroudja haya minimizado el efecto de las sanciones sobre los DDHH en Venezuela.

🗣 No se puede burocratizar los DDHH. No podemos tolerar eso en contra de la protección de los ciudadanos de un país.

📌 Reunión del Comité de DDHH de la ONU… pic.twitter.com/eO6Eqep9BX

— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) October 10, 2023

Corrupción sin investigación

José Manuel Santos, miembro del Comité, destacó en su intervención que desde 2017 los ciudadanos venezolanos no tienen acceso a la información sobre las empresas contratadas por el Estado. Destacó asimismo que no hay información sobre auditorías realizadas por la Contraloría a las empresas públicas.

“Casi un tercio de los altos mandos del ejército son propietarios de empresas ligadas al transporte, alimentos, construcción y petróleo”, precisó.

Resaltó además que EEUU ha llevado a cabo al menos 58 investigaciones relacionadas al narcotráfico y tráfico de armas

Defensor del pueblo ausente

Kobauyah Tchamdja (miembro del Comité) planteó ante la delegación del gobierno su preocupación por lo documentado por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, que ha denunciado  la falta de independencia del Defensor del Pueblo.

“Solo transmite el discurso gubernamental oficial sobre los derechos humanos, no documenta ni investiga proactivamente las denuncias, por tanto, la ciudadanía no tendría confianza en esa institución para que se hagan respetar sus derechos”, remarcó. 

Defensor del Pueblo silente ante preguntas de expertos en la ONU. #VenezuelaPreocupa

Expertos del Comité de DDHH alertaron ante conclusiones de la Misión de la ONU sobre la falta de independencia del Defensor del Pueblo en Venezuela:

“Solo transmite el discurso gubernamental… pic.twitter.com/7UaY9tdp50

— PROVEA (@_Provea) October 11, 2023

Falta de independencia del TSJ

Las irregularidades en la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no pasaron por alto en la evaluación del comité.

José Santos País se refirió en su exposición de este 11 de octubre a la aprobación en enero de 2022 de una nueva ley orgánica del TSJ que redujo el número de magistrados de 32 a 20 y denunció que “hay vínculos claros de estos magistrados con partidos políticos”.

Asimismo, destacó la reelección de varios de ellos pese a haber concluido su periodo y denunció las intervenciones del TSJ a partidos políticos a través de la suspensión de sus directivas. 

Violencia del género

Al comité de la ONU le preocupa que Venezuela no aplique medidas suficientes que garanticen que las víctimas de violencia de género puedan acceder a la justicia.

Datos que compartieron miembros del comité en sus exposiciones indican que en los primeros meses de 2022 hubo un femicidio en Venezuela cada hora. Cifras de las ONG venezolanas que fueron mencionadas dan cuenta de más de 2.000 femicidios desde 2016. Pero la cifra más preocupante es la impunidad en un 90% en estos casos. 

“Ocho años después las víctimas no obtienen justicia ante la inoperancia del sistema”, denunció Acceso a la Justicia. al comentar sobre lo expuesto en estos debates. 

En su último examen el Comité de Derechos Humanos recomendó a Venezuela aplicar medidas que garanticen que las víctimas de violencia de género puedan acceder a la justicia. 8 años después las víctimas no obtienen justicia ante la inoperancia del sistema. #VenezuelaPreocupa pic.twitter.com/V4lmJYcttv

— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) October 11, 2023

Ante lo contundente de las denuncias, a la viceministra Alana Zuloaga no le quedó más que reconocer que “aun queda por hacer en tema de género” y destacar que  en Venezuela hay igualdad de salarios (aunque no precisó que al menos en el sector público ya corren veinte meses sin aumento del salario mínimo).

“Soy un ejemplo de inclusión, como mujer joven y trabajando en el área de seguridad”, sostuvo.

 

Atropellos contra indígenas y Arco Minero

Hernán Quezada, abogado chileno y miembro del comité, expuso que según información recibida, en 2021 solo 15% de las tierras fueron demarcadas y las comunidades indígenas protestaron porque muchas fueron establecidas sin consentimiento previo.

De igual forma, otros miembros del comité expusieron los abusos e impunidad en el Arco Minero del Orinoco. Comentaron informaciones  sobre la presencia de grupos armados que controlan zonas mineras en Venezuela: “Estos grupos están vinculados a la trata de personas y trabajo forzoso”, alertaron.

A este alegato respondió Tarek William Saab, quien dijo que “todas las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas son debidamente atendidas por el Ministerio Público” y se refirió a varias operaciones  “para detener las operaciones ilegales que afectan el ambiente en el Arco Minero del Orinoco”.