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“La defensa de los DDHH no es un delito”: Se cumplen dos años de la detención de Javier Tarazona

javier tarazona
Redacción Runrun.es
Hace 2 años
La organización Amnistía Internacional señaló que Tarazona cumple dos años de “persecución, detención arbitraria y discriminación”

Este domingo, 2 de julio, se cumplen dos años desde que se produjo la detención del activista Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes.

En un mensaje publicado por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, recordaron que ya son 730 días desde que detuvieron al docente universitario, investigador y defensor de los DDHH.

“La defensa de los DDHH no es un delito”, añadió la Coalición en su mensaje.

Rafael Tarazona, hermano de Javier y que estuvo detenido también, exigió la liberación de su pariente, señalando que se trata de una “cárcel política”.

“Él es inocente y debe ser puesto de inmediato en libertad. Ser defensor de DDHH no es delito”, escribió Rafael Tarazona en Twitter.

Por su parte, la organización Amnistía Internacional señaló que Tarazona cumple dos años de “persecución, detención arbitraria y discriminación”.

En ese sentido, exigieron la liberación inmediata e incondicional del director de Fundaredes. 

El 30 de junio del 2021, Tarazona acudió a la Fiscalía para solicitar que se investigue la relación de funcionarios del gobierno donde aparece el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín junto a su esposa Carola, y los jefes guerrilleros Nicolás Rodríguez Bautista alias “Gabino”, Eliecer Chamorro Acosta alias “Antonio García” e Israel Ramírez Pineda alias “Pablo Beltrán”, todos pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional.2

 

Posterior a eso, ya el 2 de julio, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Tarazona en Coro, estado Falcón junto a su hermano José Rafael Tarazona Sánchez y el abogado Omar de Dios García,​ activistas de Fundaredes.

Tarazona había acudido al Ministerio Público para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución en Falcón por funcionarios policiales estatales, del Sebin y de individuos no identificados.

La ONG Centro para los Defensores y la Justicia denunció para aquel momento que los activistas fueron trasladados a la sede del Sebin en Punto Fijo.​ El Tribunal contra el Terrorismo los imputó por “instigación al odio, terrorismo y traición a la patria”.

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