El Gobierno presentó ante la Corte un documento en el que denuncia «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI
Este martes, 28 de febrero, el Gobierno de Nicolás Maduro puso «en duda la debida imparcialidad y objetividad» de la Corte Penal Internacional (CPI) instancia, que comenzó en 2021 una investigación formal al país por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno presentó ante la Corte un documento en el que denuncia «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite y los vínculos probados de dicha instancia con ONG´s, que «han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto».
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— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 28, 2023
Como prueba de la «naturaleza política del proceso», Venezuela señaló el caso de un ciudadano venezolano designado en 2019 por el Parlamento, entonces de mayoría opositora, para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales, que fue «presentado por la Fiscalía de la CPI como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución'».
El Ejecutivo agregó que «seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación».
Víctimas venezolanas presentan sus observaciones
En consecuencia, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI emitió una orden el 18 de noviembre de 2022 donde invita “a las víctimas y a sus representantes a presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía”.
Las opiniones y observaciones, que las víctimas pueden presentar llenando este formulario hasta el próximo 7 de marzo, serán compiladas en un informe por la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones de la CPI, quien las transmitirá a la Sala a más tardar el 21 de marzo de este año.
En enero de este 2023, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (CU-ULA) solicitó al Observatorio de Derechos Humanos de esta institución (ODH-ULA) que exponga ante la CPI la persecución a universitarios en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Por ello, el ODH-ULA coordinó una reunión con autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes de la ULA, que tuvo lugar el pasado 9 de febrero, con el fin de orientar sobre cómo presentar casos ante la CPI que aporten argumentos que permitan la reanudación de la investigación de esta instancia sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
Mayda Hočevar, directora del ODH-ULA, dio inicio a la reunión informando que este observatorio ofrece orientación y apoyo a los universitarios que han sido víctimas del Estado venezolano para llenar el formulario creado por la CPI.
Hočevar resaltó que las víctimas deben relatar allí las violaciones de derechos humanos sufridas y, sobre todo, explicar por qué consideran que bajo el régimen político actual no obtendrán justicia ni reparación. “En este momento estamos tratando de convencer a los jueces de la CPI que autoricen al Fiscal Karim Khan para que continúe la investigación sobre Venezuela”, precisó.
*Con información de EFE
