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Piden a Petro intervenir para que gobierno venezolano desestime ley contra las ONG

Fundehullan
Redacción Runrun.es
Hace 2 años
93 organizaciones de la sociedad civil de Venezuela enviaron una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro,  en la que piden que inste al gobierno de Maduro a desestimar proyecto de ley que fiscaliza actuación de las ONG
Advierten que la “ilegalización de las organizaciones” puede provocar la salida “forzada” del país de sus integrantes, así como de los beneficiarios
El proyecto de la AN oficialista contra las ONG contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones

 

Un total de 93 organizaciones de la sociedad civil de Venezuela enviaron este jueves una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para solicitar su intervención ante el gobierno de Maduro para que desestime el proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, aprobada recientemente por el Parlamento.

“Dada la influencia que tiene su Gobierno sobre las autoridades venezolanas, agradecemos cualquier gestión de su parte para que se desestime el proceso en curso de aprobación del proyecto de ley, incluyendo su reforma o cualquier otra norma legal en la agenda legislativa que vaya en similar sentido”, reza el escrito.

Piden a Petro que aliente, conforme a la Constitución venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, el reconocimiento y facilitación del derecho a la libre constitución, funcionamiento, actuación y formalización de la personalidad jurídica de todas las formas de asociación sin fines de lucro.

“Su Gobierno es heredero de la movilización y organización de miles de colombianos y colombianas que desean dejar atrás el conflicto y construir un país de oportunidades y derechos sin discriminación de ningún tipo. Esos mismos principios son los que deseamos para nuestro país y que motivan el trabajo cotidiano de las organizaciones, iniciativas y activistas”, añadieron.

Las asociaciones advirtieron que, de aprobarse este proyecto de ley, se corre el riesgo de que se suspenda el derecho de libre asociación y reunión en Venezuela, cuyos “principales afectados serán las personas que reciben gratuitamente la asistencia y acompañamiento en la defensa de sus derechos vulnerados, así como ayuda humanitaria en todo el país”.

Señalaron que la “ilegalización de las organizaciones” puede provocar la salida “forzada” del país de sus integrantes, así como de los beneficiarios.

“Ambas situaciones incrementarán en números significativos las solicitudes de asilo y refugio en los países vecinos de acogida. Asimismo, debilitará de manera irreversible la democracia”, sostuvieron.

Viola la Constitución

El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

Este proyecto “atenta contra la libertad de asociación y de expresión, regulado en el artículo 52 y 57 de la Constitución”, alertó la organización Defiende Venezuela.

El pasado 9 de febrero el coordinador legal de Provea, Marino Alvarado, advirtió que el proyecto de ley contra las ONG se lo podrían aplicar también a las organizaciones sindicales “y se lo van a ir aplicando a otras formas organizativas que existen en el país”.

Agregó que la cooperación internacional también le llega a organizaciones que trabajan con el deporte, con la ciencia, y la academia en general.

«Es una ley que termina afectando a las personas más pobres (…) es una ley contra la atención a las personas que más necesitan en un país que tiene una emergencia humanitaria compleja y que, al contrario, el espíritu del Gobierno debería ser contribuir a que todas las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con los sectores más vulnerables se puedan fortalecer», apostilló.

Mientras que el director de la asociación Civilis, Mario D’andrea, dijo a EFE que el proyecto legislativo impone una serie de registros de «imposible ejecución».

«Uno de los límites que establece la ley es que si trabajas en Caracas y te registras en Caracas, no puedes trabajar en Bolívar. ¿Qué pasa con esas organizaciones que trabajan con ayuda humanitaria? ¿Tienen que hacer un registro en cada estado donde trabajan? Imagina la burocracia que eso implicaría», comentó.

Acá puede leer la misiva completa: Carta abierta al presidente Gustavo Petro

 

Con información de EFE

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