En el programa de gobierno que presentó Hugo Chávez, en su aspiración a ser nuevamente reelecto, se destacan puntos caracterizados por su alto grado de complejidad y abstracción. Promesas comunes sobre soluciones prácticas a problemas cotidianos no parecen ser del interés del candidato del gobierno, razón por la cual pide el voto de los venezolanos para iniciar una cruzada para salvar al mundo. Sin entrar en los detalles de semejante propósito, nos interesa considerar hoy una idea que ha sido reiterada en las recientes alocuciones presidenciales, y es la de transformar a Venezuela en una potencia. No hay categorías claras en la afirmación, pero se afirma que el interés está en entrar en la competencia por el poderío y prestigio en la arena internacional.
La tarea, titánica apenas es enunciada, ya está siendo abordada, según el gobierno, con medidas concretas. Chávez no se equivoca cuando relaciona poderío nacional con capacidades económicas y militares. La totalidad de los estudios sobre el poder nacional coinciden en que capacidades económicas y militares son la base para hacer valer aspiraciones de poderío nacional, y de acuerdo con lo anunciado, la lucha en la OPEP por mantener los precios del barril por encima de 100 dólares y la incorporación y asimilación de tecnología militar rusa, china e iraní, son parte del esfuerzo. La poca transparencia que los Estados muestran en asuntos estratégicos es particularmente marcada en la revolución bolivariana, por tal razón las deducciones preliminares apuntan a considerar que la tensión dentro de la OPEP se debe a la baja capacidad que Irán y Venezuela tienen para elevar su producción, por una parte, y a su debilitado flujo fiscal, por la otra. Asimismo, la tecnología que se adquiere, y la forma en la que se hace, responde más a criterios políticos que técnicos, con lo que la calidad y la transferencia tecnológica son cuestionables.
Yendo más allá de los factores militares y económicos, la literatura politológica especializada en el poderío nacional apunta a capacidades más refinadas, como las societales, políticas y burocráticas. Sin dejar de lado las económicas y militares, por ser condiciones necesarias, se concluye que no son suficientes, y se incorporan la cohesión social, el acuerdo entre élites y la profesionalización de la administración pública, con especial énfasis en el servicio diplomático. Estas capacidades se encuentran deprimidas en Venezuela, en donde la polarización (como fenómeno y como práctica electoral), y la descomposición de los marcos regulatorios, fracturan la cohesión social; el proyecto totalizante del socialismo del siglo XXI niega la posibilidad de acuerdo entre élites y reduce la complejidad de la política a la lucha por un “botín de guerra”; y la politización partidista del funcionariado público en todas sus instancias impide desarrollar procesos coherentes de largo aliento. Todo apunta a la desorientación del Estado –situación de alto riesgo en un mundo complejo- por causa de la ausencia de un concepto compartido de interés nacional, es decir, el peor escenario para el desarrollo de un proyecto de poderío nacional.
