Centro Carter denuncia injerencia política en comicios del #21Nov y rechaza intromisión del TSJ en Barinas
A juicio de la organización, la decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Contraloría General afectaron de forma directa el contexto jurídico electoral
La organización estadounidense Centro Carter presentó el pasado viernes, 3 de diciembre, su informe preliminar sobre los comicios regionales y municipales, realizados el 21 de noviembre.
En el documento, el Centro Carter reconoció “pasos positivos”, pero advierte que no se llevaron a cabo unas “elecciones democráticas” y condena la repetición de la votación en Barinas.
“Las elecciones estuvieron marcadas por la exclusión de muchos candidatos clave de la oposición, la sustitución arbitraria por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los comités ejecutivos de los partidos de oposición y disidentes chavistas, así como el contexto general de represión política, con más de 250 presos políticos”, señala el texto.
Campaña electoral
De acuerdo con la organización, la campaña “se caracterizó por un ventajismo manifiesto y el uso indiscriminado de recursos del Estado para fines electorales”.
“El ventajismo oficialista hizo frente a una oposición dividida en una campaña caracterizada por el bajo interés ciudadano, la escasez de recursos que afectó sobre todo a la oposición y el ambiente apaciguado, casi sin incidentes ni choques entre militancias antagónicas”, añade el texto.
Sin embargo, consideran que la comprensión del fenómeno proselitista no puede ceñirse a las fechas oficiales de campaña pues el proselitismo y “el activismo de los candidatos y las organizaciones comienza antes y tiene efectos significativos”.
Denuncias del día de elecciones
La misión del Centro Carter manifestó que no hubo reportes de mayores dificultades técnicas durante jornada electoral, y ninguna que pusiera en vilo el desarrollo normal de la jornada, que transcurrió de manera ordenada y con pocos incidentes.
No obstante, destacaron el caso del estado Zulia, donde se reportó el homicidio de una persona y agresiones contra observadores locales y periodistas.
“Observadores nacionales e internacionales notaron retrasos en la apertura de las mesas de votación y su cierre, abusos del mecanismo del voto asistido, “puntos rojos” en la cercanía de varios recintos de votación”, añaden.
En cuanto a los puntos rojos, recordaron que son espacios organizados por el PSUV cerca de los centros de votación para controlar la participación de los votantes. “Han sido criticados como herramientas para rastrear a los votantes y correlacionar el voto a los beneficios del gobierno”, denuncian.
Actuaciones contra medios
El informe señala que en los últimos cinco años Venezuela ha experimentado un éxodo de profesionales de la información. Según los interlocutores consultados por el Centro Carter, en el país se respira un ambiente hostil hacia la prensa descrito como de “agresión a la crítica” por parte no solo del oficialismo sino también de la oposición.
Lo anterior, según el Centro Carter, ha dificultado la cobertura de una campaña en la que denuncian poco acceso a las fuentes oficiales, así como restricciones para participar en las ruedas de prensa y acreditarse en los actos electorales.
Según el CNP, en al menos 25 ocasiones se impidió a los informadores el acceso a los centros electorales; en otras cinco, se les exigió el borrado de material grabado, y en dos se intentó el decomiso de sus equipos. Tres amenazas, dos hostigamientos y hasta una detención arbitraria fueron también registrados por este gremio.
Injerencia del TSJ y la Contraloría
A juicio de la organización, la decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Contraloría General afectaron de forma directa el contexto jurídico electoral.
En cuanto al CNE, mencionan el caso de la decisión de suspender la totalización de los votos para la gobernación de Barinas y convocar nuevas elecciones para el estado en enero 2022, invocando la inhabilitación del candidato de la oposición Freddy Superlano.
Lo anterior desconoce el Decreto Presidencial del 31 de agosto de 2020, mediante el cual se concedieron indultos a 110 ciudadanos, entre los que se encontraba Superlano, es el último ejemplo de intromisión del TSJ en el desarrollo del proceso electoral.
Sin embargo, de acuerdo con el rector Roberto Picón, desde mayo hasta el 4 de noviembre, la CNE fue informado de 24 inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría, 17 de ellas a candidatos postulados a las elecciones que no pudieron ser inscritos por el CNE.
Actuación del CNE
Según el Centro Carter, la actitud del CNE ha contribuido a apaciguar el ambiente y ha permitido encaminar la elección regional de 2021 con la participación de las principales fuerzas políticas, “una inflexión positiva en consideración de los antecedentes descritos”.
Sin embargo, consideran que el Poder Electoral tiene puntos vulnerables críticos. El primero es que, según la organización, “existe un evidente desconocimiento del espíritu de la Constitución que exige un CNE desvinculado de los partidos”.
Por otra parte, destacan que, si bien, hasta ahora, los cinco Rectores han puesto una clara voluntad para avanzar de manera concertada y con una lógica institucional, “la división política podría reaparecer en votaciones cruciales y de alto impacto”.
Puede leer el informe completo aquí
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