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Acceso a la Justicia en informe remitido a la ONU: Maduro incumplió promesas en materia de independencia judicial

Promesas
Redacción Runrun.es
01/12/2021
En el informe remitido a la ONU, además se le recordó al consejo que más del 80% de los jueces y por lo menos el 96% de los fiscales del país son provisorios

 

Acceso a la Justicia denunció este martes que el Gobierno de Nicolás Maduro incumplió las promesas que le hizo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace cinco años en materia de independencia judicial.

En el marco del III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos al que se someterá el país a finales de este 2021, Acceso a la Justicia remitió un informe en el que asegura que, debido a dicho incumplimiento, la situación del país ha empeorado en el último lustro.

Acceso a la Justicia recuerda que en ese momento, el compromiso incluyó la reanudación de los concursos de oposición para la adjudicación de tribunales y fiscalías, pues a pesar de que la Constitución lo ordena en su artículo 255, no se han realizado desde 2004 concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial.

“Incluso si bien en 2016 se aprobaron las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial, estas permiten que participen solamente quienes ya están dentro de la judicatura, lo que es discriminatorio, y no prevén que en la selección de los jueces participe la sociedad civil”, describen.

En el informe remitido a la ONU,  se le recordó al consejo que más del 80% de los jueces y por lo menos el 96% de los fiscales del país son provisorios. La situación de la defensa pública aún es peor y llega al 100%, porque allí “jamás se ha celebrado un solo concurso”.

Tras señalar que la provisionalidad ha facilitado que todo el sistema de justicia se encuentre cooptado y politizado, Acceso a la Justicia denunció que esta situación ha terminado abriéndole las puertas a la emergencia humanitaria que hoy vive el país y que ha sido denunciada desde 2016.

Las denuncias de Acceso a la Justicia

Anulación del Parlamento, persecución de la disidencia y represión generalizada

Estas son algunas de las denuncias que la ONG elevó a la ONU. En diciembre de 2015,  los venezolanos le dieron la mayoría de la AN a la oposición. Sin embargo, esta no se había instalado aún y ya había comenzado a ser neutralizada por el TSJ, que la eliminó de facto a través de 145 sentencias, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2020.

Solo en 2020, el TSJ dictó veintiséis fallos contra la AN, de los que aún se desconoce el contenido de muchos. En el último lustro, el máximo juzgado emitió en promedio una sentencia cada doce días contra el Legislativo.

A lo anterior hay que sumar la figura de la cuestionada ANC, cuyos miembros fueron electos de forma ilegítima en agosto de 2017, sin un referéndum como exige la Constitución,

Para mayo de 2020, más de noventa y seis parlamentarios de oposición y disidentes del chavismo, principales y suplentes, habían sufrido algún tipo de persecución política. El TSJ tuvo un rol protagónico en el caso de una treintena de diputados opositores, violando su inmunidad parlamentaria.

El uso de la justicia militar contra civiles se ha hecho habitual en los últimos años, denuncia Acceso a la Justicia.

“Durante la ola de protestas antigubernamentales de 2017. Sobre esto, la Sala Constitucional del TSJ dictó la sentencia n.° 246 del 14 de diciembre de 2020, en la que estableció la posibilidad de que los jueces castrenses procesen a personas que no son miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, recordaron. 

Anulación del voto pasivo y activo

Sobre este punto, Acceso a la Justicia señala que luego de las parlamentarias de 2015, el Gobierno articuló nuevas estrategias para mantenerse en el poder mediante el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

La ANC se sumó a la maniobra y canceló a tres de los principales partidos opositores, en represalia por no haber postulado candidatos en los comicios de alcaldes de diciembre de 2017, lo que permitió que Nicolás Maduro compitiera prácticamente solo en las cuestionadas presidenciales de mayo de 2018.

el TSJ intervino a partidos de oposición y disidentes del chavismo, imponiéndoles nuevas directivas con personas afines al Gobierno; y habilitó a otros partidos no inscritos en el CNE por haber sido ilegalizados en algún momento.

Anulación de garantías constitucionales y de tratados de derechos humanos

Entre enero de 2016 y enero de 2021, Venezuela se mantuvo bajo un régimen de estado de excepción por emergencia económica, con el aval de la Sala Constitucional del TSJ, sin tener la aprobación parlamentaria exigida por la Constitución. El Ejecutivo nacional dictó treinta y dos decretos que mantuvieron la vigencia de la emergencia económica.

Venezuela se convirtió en el único país de la región en el cual rigen dos estados de excepción de manera simultánea77, de forma totalmente inconstitucional y sin notificación al Secretario General de Naciones Unidas.

Ataques a la autonomía universitaria y al derecho a la asociación

Reporta la ONG que “el chavismo ha intentado cooptar las universidades venezolanas, sin lograrlo”. En 2009 aprobó una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), que prevé que las elecciones universitarias se realicen en proporción igualitaria para profesores, estudiantes, empleados y obreros.

Sobre la base de la LOE, el TSJ ha suspendido elecciones rectorales y estudiantiles a distintas casas de estudio y ha desechado las peticiones de anular la normativa que le han presentado distintas universidades.

Recomendaciones para restablecer la independencia judicial

Acceso a la Justicia presentó 14 recomendaciones destinadas a restablecer la independencia judicial y rescatar el Estado de derecho en Venezuela, que se transcriben textualmente:

Aprobar un Código de Ética para magistrados y jueces, de acuerdo con las pautas internacionales de independencia y seguridad de los jueces.

Promulgar una nueva Ley Orgánica del TSJ acorde a la Constitución.

Abandonar la injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones, nombramientos y administración de los órganos del sistema de justicia.

Que el Fiscal General, los magistrados del TSJ, el Defensor del Pueblo y el Defensor Público sean designados según lo que establece la Constitución.

Dar estabilidad y autonomía a jueces, fiscales y defensores públicos, así como incentivos de carrera, capacitación y crear mecanismos para su evaluación.

Retomar el enfoque del derecho constitucional vigente, respetando la seguridad jurídica, y abandonar la práctica de legislar y actuar como poder constituyente desde las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ, violando la separación de poderes y la voluntad popular.

Eliminar la situación que le permite al Ejecutivo legislar a su antojo.

Que el Poder Judicial cese la persecución a la disidencia y la represión de la población.

Que el Poder Judicial deje de atacar la libertad de asociación y participación política, así como la libertad de expresión e información. 10 La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela Sumisión formal para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el Examen Periódico Universal-Venezuela Sesión 40

Que cese la intervención del Poder Judicial en las universidades nacionales y los colegios profesionales de abogados.

Que los jueces y fiscales sean nombrados por concurso según lo establecido en la Constitución.

Que se respete el artículo 254 de la Constitución relativo a la asignación de al menos 2% del presupuesto ordinario nacional al sistema de justicia.

Que cese la opacidad del TSJ, MP, Defensoría del Pueblo y de la Defensa Pública y rindan cuentas de su gestión por escrito según la normativa vigente.

Que el TSJ cese su práctica de omitir la publicación del texto de algunas de sus sentencias en su portal web y honrar el derecho del acceso a la información.

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