La ONG Foro Penal instó al Poder Judicial a ejecutar la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, liberando a 67 «presos políticos» que llevan más de tres años detenidos, en condición de privación de libertad preventiva.
El preso político Daniel Parra, arrestado en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017, fue liberado el 22 de septiembre, informó la ONG Foro Penal.
«En libertad (el) preso político Daniel Parra, encarcelado en Mérida por protestas de 2017», escribió la organización no gubernamental en su cuenta de Twitter.
#22S En libertad preso político Daniel Parra, encarcelado en Mérida por protestas de 2017. Primer preso político liberado consecuencia de reforma del COPP. Agradecidos con equipo @foropenal Mérida @francisco_cermeno @fernandocermeza … #QueSeHagaJusticia#AbrazoDeLibertad pic.twitter.com/CdqkSjg5Uh
— Foro Penal (@ForoPenal) September 22, 2021
Parra es el «primer preso político liberado consecuencia de la reforma» del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Horas antes de quedar en libertad, el Foro Penal instó al Poder Judicial a ejecutar la reforma del COPP, liberando a 67 «presos políticos» que llevan más de tres años detenidos, en condición de privación de libertad preventiva.
Otros deben ser liberados de inmediato
El presidente de la ONG, Alfredo Romero, dijo en una rueda de prensa que esa reforma establece «claramente la obligación de liberar a personas que se encuentran más de tres años privadas de libertad preventivamente».
“Hubo personas privadas de libertad cuatro años de libertad, como Lorent Saleh, o que aún se mantienen con privaciones de libertad de cuatro a siete años y a las personas se les iban prorrogando esas medidas de privación de libertad», añadió.
En este sentido, se preguntó «cuál es la reforma concreta del COPP que establece un tope de tres años»: «Si la prórroga existe de manera justificada por un juez, solo puede ser máxima de un año. Incluso con una prórroga justifica, medida privativa de libertad preventiva solo puede durar un máximo tope de tres años».
Asimismo, Romero indicó que, al día de hoy, «hay 67 presos políticos de los 261 que llevan más de tres años privados de libertad de manera preventiva y aún privados de libertad».
«En virtud de que aplica retroactivamente esta medida en beneficio del reo, hay 67 presos políticos que deben ser inmediatamente liberados«, añadió.
#22Sep Tras la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, solicitará formalmente la liberación de más de 60 presos políticos. Reporta @NeidyFreytesUrb para #VIVOplay por: https://t.co/AyzOvsL1rt pic.twitter.com/NHfWUBuDeV
— VIVOplay (@vivoplaynet) September 22, 2021
#21sep Con la reforma del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal 67 presos políticos que tienen más de 3 años privados de libertad“preventivamente” DEBEN ser liberados inmediatamente. pic.twitter.com/Uobp2vh3X2
— Alfredo Romero (@alfredoromero) September 21, 2021
El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, coincide con Romero sobre la necesidad de que sean puestos en libertad de forma inmediata 67 presos políticos.
«La prisión preventiva debe dejar de ser usada arbitrariamente como si fuese una pena anticipada que cumplen personas que ni siquiera han sido juzgadas», sumó.
Exactamente. La prisión preventiva debe dejar de ser usada arbitrariamente como si fuese una pena anticipada que cumplen personas que ni siquiera han sido juzgadas. https://t.co/BJQQgaP7UX
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) September 21, 2021
Esfuerzos institucionales
El abogado Alejandro Rodríguez Morales, experto en derecho penal, también se refirió a la reforma al COPP, que, a su juicio, «tiene aspectos positivos tales como la eliminación del efecto suspensivo ante el otorgamiento de la libertad, la nulidad absoluta de las detenciones arbitrarias y la ampliación de los derechos de las víctimas, entre otros».
No obstante, apunta Rodríguez Morales, «nunca debe olvidarse que más allá de la ley se encuentra su aplicación. En tal sentido, es necesario que se hagan verdaderos esfuerzos institucionales para que dicha aplicación sea adecuada y efectiva«.
En su opinión, «deben hacerse reformas no solo de las normas, sino también respecto al proceder de actores fundamentales del sistema de justicia, como los fiscales del Ministerio Público y los jueces penales. Solo así podrá aplicarse debidamente cualquier reforma del proceso penal».
Con información de EFE
