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Comunidad universitaria rechaza imposición de autoridades en la USB por parte del CNU

Yakary Prado
Hace 3 años

 

El CNU convocó una reunión para discutir los procedimientos que llevarían a la designación de un rector encargado tras la muerte de Enrique Planchart. Sorpresivamente, la sesión terminó también con la designación de dos vicerrectores
Profesores y estudiantes de la casa de estudios de Sartenejas, así como representantes de otras universidades, advierten que esta ofensiva gubernamental que podría repetirse en otras casas de estudio

 

En una polémica sesión extraordinaria, el Consejo Nacional de Universidades designó a un nuevo rector y a otras autoridades universitarias de la Universidad Simón Bolívar (USB). 

El rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, explicó que en esta sesión se debían discutir los procedimientos para designar a un rector encargado en la USB tras la muerte de Enrique Planchart. 

Pero, de forma irregular, la sesión condujo a la designación inmediata de tres nuevas autoridades: Jorge Stephany como rector interino;  Víctor Theoktisto como vicerrector académico interino y José Vicente Hernández como vicerrector administrativo interino, quienes ya habían sido invitados para su juramentación.

En vista de lo irregular de la situación, los rectores de la UCV, UDO, Unexpo, LUZ, UCLA, ULA y representantes de la propia USB salvaron su voto en la decisión. 

Cabe precisar que la delegación profesoral había presentado una lista de 20 nombres de candidatos para seleccionar el rector encargado que, aseguran, fue ignorada por el ministro César Trómpiz.

Nuestra Consultoría Jurídica ha hecho todas las evaluaciones y se designó como rector de la Universidad Simón Bolívar a Jorge Estefan, egresado de esta casa de estudio y físico quien asumirá las riendas de esta universidad con el objeto de avanzar en el proceso de regularidad institucional”, subrayó Trompiz. 

Condena dentro de la comunidad universitaria

La Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar rechazó la ilegítima designación de tres autoridades rectorales por parte del CNU.

Explicaron que los cargos de vicerrector administrativo y vicerrector académico no presentaban ninguna falta absoluta, ya que estaban siendo ocupados por profesores designados por el CNU entre los años 2016 y 2017, luego de la renuncia de los profesores electos en 2009.

En un comunicado, objetaron que los profesores designados “participen o hayan participado en proyectos políticos del Ejecutivo Nacional y el Partido PSUV, poniendo en entredicho la autonomía de su accionar”.

Entre los antecedentes políticos de las nuevas autoridades designadas por el CNU en la USB señalan la creación de la criptomoneda Petro, la candidatura a la Asamblea Constituyente de 2017 (desconocida internacionalmente) o la propia representación del ministro ante el Consejo Directivo de la Universidad.

En redes sociales, profesores y estudiantes han activado una propuesta digital para hacer visible el problema y exigir elecciones.

 

¿El comienzo de una política de imposición de autoridades?

La polémica decisión levantó una ola de condena por parte de voceros de universidades autónomas y experimentales y distintas organizaciones. 

El profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, explicó en entrevista con Román Lozinski las irregularidades que evidenció esta designación. 

“La sesión se hizo de forma ambigua y, en el marco de esa ambigüedad, ellos decidieron que se debía elegir no solo al rector interino, sino también a dos vicerrectores. Esos dos vicerrectores estaban designados hace algún tiempo porque habían renunciado los dos titulares”, explicó.

Además, denunció que el ministro de Educación Universitaria ignoró la lista de 20 personas propuestas desde la universidad y que se decantaron por escoger a los nombres que puso sobre la mesa el Ministerio.

No estaba convocada una reunión para elegir a tres autoridades de la USB. En segundo lugar, lo habitual es que se nombre una comisión que examine los currículo y en otra sesión, de acuerdo al informe establecido, se someta a consideración. Eso no ocurrió así y se nombraron tres personas vinculadas con la posición del gobierno tanto en la política nacional como en la universitaria”, denunció.

Advirtió que este antecedente podría replicarse en otras casas de estudio en las que no se han podido hacer elecciones o hay falta de autoridades.

“Esto puede ser el comienzo de una política en la que se convoque un CNU para designar autoridades en cada universidad y vayan construyendo autoridades afines al gobierno (…) Estas acciones no son ingenuas, no son neutras, tienen un carácter político por la capacidad de crítica que ha tenido la Academia venezolana frente a la situación política nacional”, alertó. 

 

Por su parte, la ONG Aula Abierta, que defiende y promueve los derechos humanos en el ámbito universitario, recalcó que el CNU basó su decisión en el presunto vencimiento de los 180 días para celebrar elecciones, debido a la extemporaneidad de los cargos de las anteriores autoridades.

“Desde Aula Abierta, aclaramos que las universidades públicas venezolanas se han visto imposibilitadas de celebrar elecciones debido a las prácticas sistemáticas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la última década”, explicaron.

También,  recuerdan que el CNU “de manera continua y contraria a la ley”, ha venido designando autoridades en diversas universidades en Venezuela desde el año 2016. 
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“Exigimos al CNU y demás autoridades que cesen las prácticas de designación ilegal de autoridades y que estas se hagan en consonancia con la LU y los tratados internacionales en materia de educación”, concluyen. 

Mientras que Benjamín Scharifker, químico venezolano y exrector de la USB, opinó que esta imposición de autoridades en esta casa de estudios es “parte de la apoptosis (muerte programada) diseñada por la dictadura para acabar con las universidades” en Venezuela. 

Finalmente, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, declaró a un medio universitario que esta decisión es una “intervención a la USB” y constituye  una “flagrante violación a la autonomía”, así como una “demostración del talante antidemocrático”  de quienes dirigen la cartera universitaria.

 

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