El chavismo repite los mismos errores que hicieron que en 2019 más de 60 países desconocieran el proceso de mayo de 2018. La lista de cuestionamientos va desde la configuración del Poder Electoral hasta la negativa de postergar los comicios
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Un árbitro parcial como el Consejo Nacional Electoral (CNE), una secuencia de normas electorales a la medida del chavismo y la ausencia de verdaderas misiones de observación frenarían el reconocimiento internacional a las elecciones parlamentarias del #6D. La lista de cuestionamientos a los venideros comicios es tan amplia que arroja más sombras que luces sobre su legitimidad.
El punto de partida de los elementos que no pasarían el escrutinio internacional es la forma cómo fueron designados los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), poder que se basó en la supuesta «omisión legislativa» de la Asamblea Nacional (AN).
En ese contexto, otro aspecto vulnerado es la norma de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, según la cual la designación de los cargos del directorio es competencia del órgano electoral, en su sesión de instalación.
“El árbitro es una condición fundamental para que se celebren elecciones en igualdad de condiciones. Esto es necesario para que se garantice la participación de todos los partidos en el proceso y que nadie abuse de los medios de comunicación, que no se invalide a ningún sector”, agrega el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), José Ignacio Ávalos.
Una de las particularidades es que las parlamentarias no cumplen con las normas electorales del país ni con los estándares y el protocolo internacionales, es por ello que el experto electoral especifica que se requieren condiciones para que sean confiables y se respeten los resultados dentro y fuera del país.
Tanto el OEV como Súmate han denunciado que el TSJ usurpó las funciones del legislativo. La comunidad internacional, además, ha sido testigo de cómo el directorio comicial designado, en junio de 2020, y presidido por la exmagistrada Indira Alfonzo, pasó de largo la Constitución para aumentar el número de diputados a 277, crear una lista de diputados nacionales, cambiar el sistema de elección del voto indígena y alterar las circunscripciones electorales.
“El aumento del número de diputados es una decisión política que se tomó en la Mesa de Diálogo Nacional para favorecer la presencia de sus dirigentes en la Asamblea Nacional”, precisan desde Súmate.
Este incremento representa 66% más diputados que en 2015. Todo esto a pesar de que la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) registra una merma de cinco millones de personas en la población venezolana. El CNE hizo sus cálculos y utilizó los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas: 32.788.056 habitantes.
Árbitro y observación
El politólogo y exrector del CNE, Luis Salamanca, subraya que los comicios para la elección de los diputados de la AN solo serán reconocidos por los aliados tradicionales de Maduro: China y Rusia, entre otros. Que además, están confirmados como acompañantes electorales.
“Eso no llega ni a elección, eso es una presunta elección. Desde el mismo concepto de lo que se hará el #6D pudiera convertirse en una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la cual asistirán muy pocas personas porque, incluso los mismos chavistas, están renuentes a ir a votar. Quizás por eso, Maduro asomó la posibilidad de que fueran ayudados a asistir transportados por personal militar, un poco mostrando la mano dura para amedrentar”, expresa Luis Salamanca.
El poder que le queda al partido oficialista deriva de los recursos del Estado con los que, a su vez, se asegura el ventajismo, añade.
Salamanca puntualiza que, como en 2018, el gobierno de Maduro busca una legitimación internacional que le ha sido esquiva mediante el portaaviones de una oposición a su medida y las organizaciones a quienes el TSJ entregó los símbolos de los principales partidos. A éstos los denominó “Fake parties” (fiestas falsas).
Según Súmate, las parlamentarias repiten y exacerban condiciones de ventajismo, coacción e intimidación a actores y electores; y el diseño y control de los procesos electorales a la medida de los intereses del oficialismo.
“Uno de los elementos que la Unión Europea (UE) tiene claro es que se violan varios artículos de la Constitución. Además de los cuestionamientos a la designación de los rectores, el CNE desaplicó artículos yendo más allá de su potestad reglamentaria”, indica Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría de Súmate.
Desde agosto de 2020, la UE ha advertido que, en Venezuela, “no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo”. Pese a las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, que fueron impulsadas por el Alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el organismo no ha concretado el objetivo de postergar los comicios. Mientras tanto, la falta de garantías actuales es la piedra de tranca para la observación internacional solicitada por la revolución.
“La UE evidentemente no podrá ni siquiera plantearse el envío de una misión de observación electoral. Eso requeriría no solo el respeto a los estándares democráticos, que no se daban y siguen sin darse pues no ha sido posible modificarlos, sino también un calendario realista”, argumentó Borrell, el 6 de octubre.
La respuesta de Maduro ha sido enfática: “Pidan lo que ustedes quieran, pero no pidan lo imposible. No nos pidan violar la Constitución. ¡Es un mandato, eso está claro! Las garantías electorales en Venezuela sobran, hay suficientes”.
Solo observadores
Ignacio Ávalos, del OEV, argumenta que el #6D habrá observadores nacionales, pero el CNE cuenta, hasta ahora, con acompañantes mas no observadores internacionales. Esta es la tendencia de los últimos procesos electorales en Venezuela y uno de los elementos que se sumaron a las cuestionadas presidenciales de mayo de 2018, en las que fue electo Maduro, para un segundo mandato.
Sin embargo, la legitimidad del gobernante ha sido desconocida por casi 60 países que, en contraposición, reconocen al presidente de la AN, Juan Guaidó, como presidente encargado. Además de la postergación de los comicios, la UE ha insistido en la puja por habilitar a los partidos políticos ilegalizados y cuyas directivas fueron impuestas por el TSJ, una verdadera actualización del Registro Electoral (RE) y una auditoría profunda del sistema automatizado de votación.
«Vemos con preocupación que se utiliza la figura de acompañamiento internacional para intentar legitimar la realización de elecciones que no son transparentes y confundir a la opinión pública», destaca Súmate.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) tampoco ha aceptado la invitación que hizo Maduro, al secretario general, Antonio Guterres, para que el organismo envíe “una misión de acompañamiento”, el #6D. De acuerdo con Guterres, la ONU sólo puede asumir tareas como las solicitadas si se lo encarga la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.
En septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas responsabilizó al gobernante de crímenes de lesa humanidad.
Sin correr la arruga
Pero no basta con cambiar la fecha de las elecciones para que haya reconocimiento del proceso comicial dentro y fuera del país. «Debe haber borrón y cuenta nueva”, expresa Nélida Sánchez, de Súmate.
Esto último también es planteado por el internacionalista Luis Daniel Álvarez, quien señala que un mero cambio de fecha sería correr la arruga. Piensa que un proceso transparente y equitativo, y con una adecuada ponderación de la comunidad internacional, pasa por otro CNE nombrado por el Parlamento.
“No es posible que en el camino se violen las normas de forma reiterada, mientras el CNE es tan arbitrario que renuncia un rector y no se instala al suplente, sino que un grupo de partidos pide que nombren a otro. Además, una observación técnica internacional requiere de pasos como verificación de la normativa, de las diferentes fases del proceso, auditorías, y estar atentos por si hay impugnación de los resultados”, indica Álvarez.
En la lista de razones para que haya más dudas que certezas de la comunidad internacional, las parlamentarias de 2020 tienen el récord de ser los primeros comicios en la historia electoral del país en los que se dictan “normas especiales”, destaca Súmate. Menos de seis meses antes del proceso, con lo cual se contraviene la Constitución, se avalaron dos reglamentos o normas especiales: normas especiales para las elecciones a la Asamblea Nacional 2021-2026 y el reglamento especial de representación indígena.
“Estas normas cambian el sistema electoral venezolano para la Asamblea Nacional, al elevar a 277 el número de diputados que no debe exceder de 167; y la creación ilegal de 48 escaños parlamentarios con base en una ‘Lista de adjudicación nacional’, al tiempo de que la distribución discrecional de los escaños por la lista regional se incrementó de 51 a 96 curules. Se aprobó la elección de 130 diputados por nombre y apellido en 87 circunscripciones nominales, que implica escoger 17 diputados adicionales a los 113 de 2015”, enfatiza Súmate.
Marcha y contramarcha
Los comicios fueron convocados el 1 de julio y el cronograma inicial se publicó 10 días después. Sin embargo, la Ley Orgánica de los Procesos Electores (Lopre), y su reglamento, establecen que el cronograma debe conocerse el mismo día de la convocatoria.
El árbitro comicial modificó por tercera vez, el 6 de octubre, el cronograma de las parlamentarias. Esto ocurrió seis días después del cambio anterior. El último ajuste se tradujo en la postergación del simulacro electoral para el 25 de octubre. Anteriormente había sido rodado del 11 al 18 del mismo mes.
Ignacio Ávalos, director del OEV, expresa que todavía no se tiene certeza de si todas las máquinas de votación para el #6D se encuentran en el país.
“El simulacro de votación es visto por mucha gente como la oportunidad de medir fuerzas y maquinaria. Desde el punto de vista tecnológico tiene una importancia única porque es poner en práctica toda la plataforma. Es una elección ficticia para probar como está el sistema, cómo funciona y se evalúan los tiempos, más aún en este momento de pandemia cuando deberían existir protocolos de bioseguridad”, enfatiza Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría de Súmate.
El CNE también cambió las fechas de las auditorías técnicas, dentro de las cuales están la auditoría del software de las máquinas de votación, sobre los datos de electores, de los archivos de máquinas de votación; además de las auditorías al software de totalización; cuadernos de votación y el predespacho.
“El respeto al cronograma contribuye a crear condiciones de transparencia, pues permite a todos los contendientes conocer las actividades preelectorales, electorales y poselectorales con sus respectivos lapsos de duración y fechas de ocurrencia”, puntualiza el Observatorio Electoral Venezolano (OEV).
