Sofía Nederr, autor en Runrun

Sofía Nederr

#GuachimánElectoral | Árbitro parcial, normas amañadas y falta de observación frenan aval internacional de las parlamentarias
El chavismo repite los mismos errores que hicieron que en 2019 más de 60 países desconocieran el proceso de mayo de 2018. La lista de cuestionamientos va desde la configuración del Poder Electoral hasta la negativa de postergar los comicios

 

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Un árbitro parcial como el Consejo Nacional Electoral (CNE), una secuencia de normas electorales a la medida del chavismo y la ausencia de verdaderas misiones de observación frenarían el reconocimiento internacional a las elecciones parlamentarias del #6D. La lista de cuestionamientos a los venideros comicios es tan amplia que arroja más sombras que luces sobre su legitimidad.

El punto de partida de los elementos que no pasarían el escrutinio internacional es la forma cómo fueron designados los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), poder que se basó en la supuesta “omisión legislativa” de la Asamblea Nacional (AN). 

En ese contexto, otro aspecto vulnerado es la norma de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, según la cual la designación de los cargos del directorio es competencia del órgano electoral, en su sesión de instalación.

“El árbitro es una condición fundamental para que se celebren elecciones en igualdad de condiciones. Esto es necesario para que se garantice la participación de todos los partidos en el proceso y que nadie abuse de los medios de comunicación, que no se invalide a ningún sector”, agrega el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), José Ignacio Ávalos.

Una de las particularidades es que las parlamentarias no cumplen con las normas electorales del país ni con los estándares y el protocolo internacionales, es por ello que el experto electoral especifica que se requieren condiciones para que sean confiables y se respeten los resultados dentro y fuera del país.

Tanto el OEV como Súmate han denunciado que el TSJ usurpó las funciones del legislativo. La comunidad internacional, además, ha sido testigo de cómo el directorio comicial designado, en junio de 2020, y presidido por la exmagistrada Indira Alfonzo, pasó de largo la Constitución para aumentar el número de diputados a 277, crear una lista de diputados nacionales, cambiar el sistema de elección del voto indígena y alterar las circunscripciones electorales.

“El aumento del número de diputados es una decisión política que se tomó en la Mesa de Diálogo Nacional para favorecer la presencia de sus dirigentes en la Asamblea Nacional”, precisan desde Súmate.

Este incremento representa 66% más diputados que en 2015. Todo esto a pesar de que la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) registra una merma de cinco millones de personas en la población venezolana. El CNE hizo sus cálculos y utilizó los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas: 32.788.056 habitantes.

Árbitro y observación

El politólogo y exrector del CNE, Luis Salamanca, subraya que los comicios para la elección de los diputados de la AN solo serán reconocidos por los aliados tradicionales de Maduro: China y Rusia, entre otros. Que además, están confirmados como acompañantes electorales.

“Eso no llega ni a elección, eso es una presunta elección. Desde el mismo concepto de lo que se hará el #6D pudiera convertirse en una reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la cual asistirán muy pocas personas porque, incluso los mismos chavistas, están renuentes a ir a votar. Quizás por eso, Maduro asomó la posibilidad de que fueran ayudados a asistir transportados por personal militar, un poco mostrando la mano dura para amedrentar”, expresa Luis Salamanca.

El poder que le queda al partido oficialista deriva de los recursos del Estado con los que, a su vez, se asegura el ventajismo, añade.

Salamanca puntualiza que, como en 2018, el gobierno de Maduro busca una legitimación internacional que le ha sido esquiva mediante el portaaviones de una oposición a su medida y las organizaciones a quienes el TSJ entregó los símbolos de los principales partidos. A éstos los denominó “Fake parties” (fiestas falsas).

Según Súmate, las parlamentarias repiten y exacerban condiciones de ventajismo, coacción e intimidación a actores y electores; y el diseño y control de los procesos electorales a la medida de los intereses del oficialismo.

“Uno de los elementos que la Unión Europea (UE) tiene claro es que se violan varios artículos de la Constitución. Además de los cuestionamientos a la designación de los rectores, el CNE desaplicó artículos yendo más allá de su potestad reglamentaria”, indica Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría de Súmate.

Desde agosto de 2020, la UE ha advertido que, en Venezuela, “no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo”. Pese a las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, que fueron impulsadas por el Alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el organismo no ha concretado el objetivo de postergar los comicios. Mientras tanto, la falta de garantías actuales es la piedra de tranca para la observación internacional solicitada por la revolución.

“La UE evidentemente no podrá ni siquiera plantearse el envío de una misión de observación electoral. Eso requeriría no solo el respeto a los estándares democráticos, que no se daban y siguen sin darse pues no ha sido posible modificarlos, sino también un calendario realista”, argumentó Borrell, el 6 de octubre.

La respuesta de Maduro ha sido enfática: “Pidan lo que ustedes quieran, pero no pidan lo imposible. No nos pidan violar la Constitución. ¡Es un mandato, eso está claro! Las garantías electorales en Venezuela sobran, hay suficientes”.

Solo observadores

Ignacio Ávalos, del OEV, argumenta que el #6D habrá observadores nacionales, pero el CNE cuenta, hasta ahora, con acompañantes mas no observadores internacionales. Esta es la tendencia de los últimos procesos electorales en Venezuela y uno de los elementos que se sumaron a las cuestionadas presidenciales de mayo de 2018, en las que fue electo Maduro, para un segundo mandato.

Sin embargo, la legitimidad del gobernante ha sido desconocida por casi 60 países que, en contraposición, reconocen al presidente de la AN, Juan Guaidó, como presidente encargado. Además de la postergación de los comicios, la UE ha insistido en la puja por habilitar a los partidos políticos ilegalizados y cuyas directivas fueron impuestas por el TSJ, una verdadera actualización del Registro Electoral (RE) y una auditoría profunda del sistema automatizado de votación.

“Vemos con preocupación que se utiliza la figura de acompañamiento internacional para intentar legitimar la realización de elecciones que no son transparentes y confundir a la opinión pública”, destaca Súmate.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) tampoco ha aceptado la invitación que hizo Maduro, al secretario general, Antonio Guterres, para que el organismo envíe “una misión de acompañamiento”, el #6D. De acuerdo con Guterres, la ONU sólo puede asumir tareas como las solicitadas si se lo encarga la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.

En septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas responsabilizó al gobernante de crímenes de lesa humanidad.

Sin correr la arruga

Pero no basta con cambiar la fecha de las elecciones para que haya reconocimiento del proceso comicial dentro y fuera del país. “Debe haber borrón y cuenta nueva”, expresa Nélida Sánchez, de Súmate.

Esto último también es planteado por el internacionalista Luis Daniel Álvarez, quien señala que un mero cambio de fecha sería correr la arruga. Piensa que un proceso transparente y equitativo, y con una adecuada ponderación de la comunidad internacional, pasa por otro CNE nombrado por el Parlamento.

“No es posible que en el camino se violen las normas de forma reiterada, mientras el CNE es tan arbitrario que renuncia un rector y no se instala al suplente, sino que un grupo de partidos pide que nombren a otro. Además, una observación técnica internacional requiere de pasos como verificación de la normativa, de las diferentes fases del proceso, auditorías, y estar atentos por si hay impugnación de los resultados”, indica Álvarez.

En la lista de razones para que haya más dudas que certezas de la comunidad internacional, las parlamentarias de 2020 tienen el récord de ser los primeros comicios en la historia electoral del país en los que se dictan “normas especiales”, destaca Súmate. Menos de seis meses antes del proceso, con lo cual se contraviene la Constitución, se avalaron dos reglamentos o normas especiales: normas especiales para las elecciones a la Asamblea Nacional 2021-2026 y el reglamento especial de representación indígena.

“Estas normas cambian el sistema electoral venezolano para la Asamblea Nacional, al elevar a 277 el número de diputados que no debe exceder de 167; y la creación ilegal de 48 escaños parlamentarios con base en una ‘Lista de adjudicación nacional’, al tiempo de que la distribución discrecional de los escaños por la lista regional se incrementó de 51 a 96 curules. Se aprobó la elección de 130 diputados por nombre y apellido en 87 circunscripciones nominales, que implica escoger 17 diputados adicionales a los 113 de 2015”, enfatiza Súmate.

Marcha y contramarcha

Los comicios fueron convocados el 1 de julio y el cronograma inicial se publicó 10 días después. Sin embargo, la Ley Orgánica de los Procesos Electores (Lopre), y su reglamento, establecen que el cronograma debe conocerse el mismo día de la convocatoria.

El árbitro comicial modificó por tercera vez, el 6 de octubre, el cronograma de las parlamentarias. Esto ocurrió seis días después del cambio anterior. El último ajuste se tradujo en la postergación del simulacro electoral para el 25 de octubre. Anteriormente había sido rodado del 11 al 18 del mismo mes.

Ignacio Ávalos, director del OEV, expresa que todavía no se tiene certeza de si todas las máquinas de votación para el #6D se encuentran en el país.

“El simulacro de votación es visto por mucha gente como la oportunidad de medir fuerzas y maquinaria. Desde el punto  de vista tecnológico tiene una importancia única porque es poner en práctica toda la plataforma. Es una elección ficticia para probar como está el sistema, cómo funciona y se evalúan los tiempos, más aún en este momento de pandemia cuando deberían existir protocolos de bioseguridad”, enfatiza Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría de Súmate.

El CNE también cambió las fechas de las auditorías técnicas, dentro de las cuales están la auditoría del software de las máquinas de votación, sobre los datos de electores, de los archivos de máquinas de votación; además de las auditorías al software de totalización; cuadernos de votación y el predespacho.

“El respeto al cronograma contribuye a crear condiciones de transparencia, pues permite a todos los contendientes conocer las actividades preelectorales, electorales y poselectorales con sus respectivos lapsos de duración y fechas de ocurrencia”, puntualiza el Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

#GuachimánElectoral | Ventajismo oficialista gana terreno para las parlamentarias bajo la mirada del CNE
Organizaciones expertas en materia electoral, e incluso dos de los rectores suplentes del CNE, alertan de que, aunque en el cronograma el período de campaña será de 15 días, la gestión de Maduro hace de su actividad una campaña permanente, con lo cual no hay equidad

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El ventajismo oficialista para las parlamentarias del #6D gana terreno bajo la mirada del Consejo Nacional Electoral (CNE), que todavía no aprueba el reglamento. Por un lapso de 15 días, desde el 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre, los candidatos estarán en campaña oficial.

El tiempo de duración de la campaña fue modificado dado que la fecha anunciada inicialmente era desde el 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre, pero en actos partidistas el PSUV ya juega adelantado. Lo denuncian las organizaciones expertas en el tema electoral y los rectores suplentes Luis Fuenmayor Toro y Juan Carlos del Pino.

Carlos Medina, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), indica que en el marco jurídico que rige las elecciones en el país no hay un momento específico del cronograma que estipule cuándo deben aprobarse las normas de campaña. Así, por el ejemplo, para las elecciones parlamentarias de 2015, la regulación fue aprobada un mes antes.

“Las normas prácticas sugieren que la información sobre la campaña electoral se debe publicar con mucha antelación para que los actores políticos tengan claro cuáles van a ser las reglas del juego y las opciones. Que sepan cómo funcionarán”, señala Carlos Medina.

El politólogo Luis Salamanca, quien además fue rector del CNE, recuerda que el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2013 rige los comicios, luego el organismo hace uso de su potestad y dicta reglamentos para cada elección.

El artículo 201 del reglamento general señala que “el Consejo Nacional Electoral establecerá para cada proceso el lapso de la campaña electoral, así como sus regulaciones específicas, y cualquier otro aspecto relativo a la materia”.

Salamanca enfatiza que para el #6D, el CNE ha pasado por encima de toda la normativa para modificar mediante resoluciones y normas especiales la Constitución. Este escenario, señala, es un mal precedente para la campaña electoral.

“Las elecciones parlamentarias carecen de seguridad jurídica. En medio de este verdadero derrumbe constitucional y legal finalmente prevalece la voluntad de quienes están a cargo del CNE. Las fuentes del derecho terminan siendo la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, y los otros rectores”, destaca Luis Salamanca.

Campaña electoral corta y con ventaja

El lapso previsto para la campaña electoral 2020 será muy corto, acota el director del OEV. “El lapso anunciado para las parlamentarias no da suficiente tiempo para que los ciudadanos puedan conocer claramente las propuestas y los planes de los candidatos. Además, hay un problema, el CNE regula el período de campaña por unos días. Pero, por otro lado, el gobierno haciendo uso de su posición convierte constantemente su actividad en una campaña”, puntualiza Carlos Medina.

En ese sentido, agrega que mientras el oficialismo hace campaña política bajo el pretexto de sus funciones, sus contrincantes no pueden hacer nada porque no ha iniciado la campaña electoral que durará, taxativamente, 15 días. Bajo este escenario considera que Nicolás Maduro y sus candidatos son los que ganarán más terreno en el campo.

Juan Carlos del Pino, rector suplente incorporado a la Junta Nacional Electoral del CNE, denunció el 17 de agosto que tanto Nicolás Maduro  como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hacen uso “extremadamente abusivo de los medios del Estado” para promover una campaña electoral extemporánea.

“No es posible que, aunque no inicia la campaña que debe regular el CNE  impidiendo el ventajismo ejecutivo, que en tiempos electorales los canales del Estado sean usados para promover actividades de campaña del oficialismo. Es sencillamente un abuso”, resaltó el rector Juan del Pino, a través de su cuenta en Twitter.

Días antes, Luis Fuenmayor Toro acusaba que había un inicio ilegal del período de campaña y que el gobierno contravenía las leyes y los acuerdos políticos.

“Estas elecciones parlamentarias son una tierra de nadie en las que todo el mundo hace lo que quiere, mientras Maduro toma ventaja. Pero la verdad es que él no necesita hacer campaña electoral, ya logró su objetivo de que no exista oposición mayoritaria. Los grupos que asisten a la contienda del #6D, si se mantiene la decisión de la oposición mayoritaria de no postularse, no tienen capacidad de desafío ni de movilización del elector”, afirma el politólogo y exrector del CNE Luis Salamanca.

La misión de la campaña

El director del OEV destaca que la principal función de la campaña electoral es que los candidatos emitan los mensajes y que los ciudadanos conozcan sus planteamientos. En ese sentido, Carlos Medina enfatiza que la situación generada por el COVID-19 también incidirá porque no podrán hacerse actividades de proselitismo político abierto. Añade que, al menos, eso es parte de los elementos que se presume incluirá el reglamento.

El analista electoral resalta que, en medio de la contingencia sanitaria, aumenta el apremio porque haya equidad y todos los candidatos conozcan el alcance de las normas. Esto es clave para que los postulados a la Asamblea Nacional (AN) puedan aceitar sus planes de acción al presentar su oferta electoral.

¿Cuáles serán los medios en los que estará permitido hacer la campaña, con qué normas, cómo se va a trabajar eso? Son preguntas fundamentales que deben responderse pronto, acota Medina. Agrega que los medios de comunicación tradicionales, especialmente los asociados al Sistema Nacional de Medios Públicos, podrían generar limitaciones a algunos grupos de candidatos, con lo cual el reglamento de la campaña debe garantizar la igualdad. ¿El reto de los postulados? Formas creativas y estratégicas para presentar sus planes.

“Si fuera que todos o ninguno sabe cómo funcionará la campaña electoral, pero el problema es que algunos tienen información privilegiada y otros desconocen los mecanismos.  No se puede dejar para el último momento el saber cómo serán las normas. Pero el contexto actual es parte de las condiciones en que avanza este proceso electoral”, indica el vocero del OEV.

¿Cuándo se va a conocer el reglamento de la campaña electoral? “Cuando el CNE quiera, cuando les convenga. Así ha sido a lo largo de los años y se ha agravado ahora con el incremento del número de diputados, los cambios en la votación indígena y el invento de la lista nacional de diputados que no existe en la Constitución”, señala el politólogo y exrector Luis Salamanca.

#GuachimánElectoral Mapeo: el CNE forzó nueva distribución de diputados en las 87 circunscripciones (Parte II)
130 de los 277 diputados serán escogidos mediante el voto nominal, 17 más que en 2015. Por el voto lista, o mediante las llamadas “planchas” de los partidos, se elegirán 96 diputados, 45 más que en las parlamentarias de hace cinco años. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE), designado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conservó las 87 circunscripciones que rigieron los comicios de 2015. Y ahora, donde antes se habían elegido 167 diputados, se distribuirán los 277 que decidieron las autoridades para el #6D. Sin embargo, la organización de los diputados nominales y por listas luce discrecional, dado que el incremento de los escaños pareciera carecer de justificación técnica y numérica.

El número adicional de diputados viola el artículo 186 de la Constitución. De acuerdo con este, el número total de escaños no debe exceder los 167, porque una parte de la representación parlamentaria debe provenir de un cálculo que se hace con base en el índice de población que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

El directorio del CNE, que preside la exmagistrada Indira Alfonzo, decidió que 130 de los 277 diputados serán escogidos mediante el voto nominal. En 2015 se eligieron 113 diputados nominales. Además, el organismo comicial decidió que el 6 de diciembre se elegirán 96 diputados por lista, lo que significa 45 más que en el proceso de hace cinco años, en el que la oposición se alzó con la mayoría de la Asamblea Nacional.

CNE con doble objetivo

El exrector del CNE Andrés Caleca señala que la distribución de los nuevos diputados en las 87 circunscripciones puede tener doble motivación: asegurar las 2/3 partes del Parlamento y controlar las elecciones, de manera que sea imposible ganarle al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “Todo conduce a que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) pueda tener las dos terceras partes de la Asamblea, aunque les dé 30 o 40 diputados a La Mesita”, indicó. 

El exrector, quien forma parte de quienes piden la suspensión de las normativas que rigen el #6D, cree que la organización de las circunscripciones es un elemento más para la institución del sufragio, para llegar al punto en el que los venezolanos piensen que votar no hace falta, como, recuerda, ya lo piensan muchos ciudadanos.

El CNE incluyó la nueva distribución de los diputados en la circunscripción dentro de las Normas Especiales para las elecciones parlamentarias para el período 2021-2026, aprobadas el 30 de junio, tras la sentencia 0068-2020 de la Sala Constitucional. 

En el dictamen, el TSJ calificó como “incompatible” la elección de 70% de los diputados por voto nominal y 30% por lista, como establecen los artículos 14 y 15 de Ley Orgánica de Procesos Electorales. Dentro de esa nueva arquitectura electoral, la inclusión de 17 diputados nominales a los 113 de 2015 tampoco responde a criterios técnicos. Y es que dentro de la opacidad que signa al proceso comicial en curso, los cálculos para la distribución de los 17 escaños adicionales no se explican. 

En ese sentido, aunque la asignación está clara, habrán: 48 diputados nacionales, 96 de lista regional, 130 electos por nombre y apellidos, no es posible reproducir la distribución final de estos escaños siguiendo procesos matemáticos. 

CNE reedita vicios 

7 de los 17 nuevos diputados (41,2%) fueron asignados a circunscripciones donde el índice poblacional no justifica el incremento. El incremento de estos 7 escaños evidencia incongruencias, de acuerdo con un estudio minucioso de Súmate, están en Distrito Capital, Amazonas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Lara y Vargas. Los estados con mayor cantidad de diputados son Zulia, Miranda y Carabobo 

En Zulia se elegirán 25 diputados, 15 nominales y 10 por lista. En las parlamentarias de 2015, en esta entidad se eligieron 12 diputados nominales y 3 por lista.

Miranda, que en 2015 eligió 9 nominales, el #6D deberá elegir 11. En el caso de los diputados por lista, se pasó de 3 a 8. Para el #6D, la circunscripción 2 de ese estado recupera el diputado que en 2015 le quitó el ente comicial. Asimismo sucede en el caso de Petare, que conforma una sola circunscripción y donde se elegirá 1 diputado. También los municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias escogerán 2 diputados nominales.

En Carabobo serán 10 nominales (3 más que en los comicios anteriores) y 6 por lista (el doble de 2015). El Distrito Capital elegirá 13 diputados, 8 de los cuales son nominales.

El consultor electoral Aníbal Sánchez señaló que para las parlamentarias de 2020, lo mínimo asignado a cada entidad, tanto por lista como de forma uninominal, fueron 3 diputados. Refirió que estados como Amazonas y Vargas, aun con un solo circuito, elegirán 3 parlamentarios por lista y tres nominales.

Sánchez añade que 61% de los cargos que se elegirán de forma nominal serán en circuitos uninominales: Táchira con 5 nominales en 5 circuitos; asimismo Falcón y Mérida, con 4 nominales en 4 circuitos, y Apure, con 3 diputados en igual número de circuitos.

Los 48 diputados nacionales, los que saldrán por la fórmula que ideó el Poder Electoral, y que también se escogerán el #6D, no serán distribuidos en ningún estado.

#GuachimánElectoral: Fallas de origen de las parlamentarias: opacidad, normas sobrevenidas y escollos
Las parlamentarias 2020 avanzan, aunque con normas sobrevenidas y una cadena de escollos. Los obstáculos comienzan con la designación del directorio del CNE por parte de la Sala Constitucional que además eligió la directiva. También incluyen cambios esenciales en las normas y sobre la marcha de un proceso con más dudas que garantías

 

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La carrera de obstáculos hacia las elecciones parlamentarias se inició cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en junio la “omisión legislativa” de la Asamblea Nacional (AN) en la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Luego usurpó las competencias legislativas e impuso el nuevo directorio comicial. La maniobra se hizo mientras avanzaba el trabajo y se cumplían los lapsos del Comité de Postulaciones Electorales, presidido por el diputado Ángel Medina.

“Con esta decisión el máximo tribunal volvió a usurpar la competencia exclusiva y excluyente de la AN, establecida en el artículo 296 de la Constitución, de designar a los titulares y suplentes de la conducción del Poder Electoral; y además lo intervino”, advierte Francisco Castro, director de Súmate.

Por si fuera poco, el TSJ impuso como presidenta del Poder Electoral a una de sus magistradas, Indira Alonzo, designada como rectora, apropiándose también de una competencia exclusiva del CNE, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope). 

Castro resalta que uno de los requisitos fundamentales para los rectores, que no se ha cumplido, es su independencia política. Señala que, además de los cuestionamientos a los rectores designados en junio, el rector Leonardo Morales, nombrado tras la renuncia del vicepresidente Rafael Simón Jiménez, pertenecía a Avanzada Progresista (AP) e incluso representó a ese partido en una de las primeras actividades del cronograma electoral: la entrega de la base de datos para la selección de los Organismos Electorales Subalternos.

Elecciones agravadas 

En 2003, 2005, 2014, 2016 y 2020, la Sala Constitucional del TSJ hizo la designación de las autoridades electorales en el país. El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, afirma que, aunque no es la primera vez que el TSJ nombra a los miembros del CNE, en otros momentos se cuidaban más las formas. “No es la primera vez que vamos a elecciones con un CNE mal designado. Sin embargo, las primeras veces el TSJ nombró rectores temporales hasta tanto la Asamblea Nacional pudiera, efectivamente, nombrar los rectores como manda la Constitución y eso fue lo que ocurrió en el año 2005”, acota.

Lander califica como irregular y grave que la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, sea la misma magistrada de la Sala Electoral que redactó la sentencia que inhabilitó, en 2015, a los diputados electos en el estado Amazonas y en la circunscripción indígena sur.

Otro de los tropiezos de cara a las parlamentarias del #6D fue el desmontaje de tres de los principales partidos opositores, jugada que también ejecutó la Sala Constitucional.

De esta manera, el TSJ impuso juntas directivas ad hoc para Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Este movimiento se tradujo en la remoción de las autoridades legítimas de esos partidos, que habían sido escogidas por la militancia y por métodos internos.

 Elecciones con normas sobrevenidas

Los escollos para las elecciones del #6D no terminan, y el CNE designado por el TSJ también cumplió lo señalado en la sentencia sobre el cambio de normas comiciales, con lo que el nuevo Poder Electoral no solo alteró las reglas del juego luego de convocar las parlamentarias, sino que también hizo cambios en el lapso de seis meses antes de la contienda, contraviniendo, una vez más, la Constitución. 

Lander, del OEV, advierte que las normas especiales que regirán el proceso del 6D perturban y hacen mucho ruido a lo largo del camino a las parlamentarias. “Las elecciones no son solo el día de la votación; se trata de un proceso que tiene distintas fases. Dentro de ese proceso está la revisión del Registro Electoral (RE), las auditorías, las postulaciones, la campaña electoral; todo eso es parte del proceso electoral”, agrega.

En ese sentido, refiere que igual ocurrió con la incorporación de la paridad de género en las postulaciones cuando estaba por iniciarse el proceso.

Las Normas Especiales para las Elecciones a la Asamblea Nacional Período 2021-2026 incluyen un amplio menú que abarca el incremento del número de escaños de la AN a 277, lo que significa un aumento de 110 curules.

“El número adicional de diputados viola expresamente los lineamientos para la conformación de la Asamblea Nacional establecidos en el artículo 186 de la Constitución, según el cual el número total de escaños no debe exceder los 167, ya que estipula que una parte de la representación parlamentaria debe provenir de la base poblacional del 1,1% de la población nacional”, explica Francisco Castro, director de Súmate.

El aumento del número de diputados se suma a las sombras sobre la transparencia de los venideros comicios. Además, Castro señala que el CNE tiene potestad reglamentaria, pero no para legislar.

Escollo para los indígenas

Un aspecto importante sobre las normas fue el cambio en el modo de elegir a los representantes indígenas. De acuerdo con el OEV, la nueva norma, aparte de inconstitucional, afecta la calidad del proceso comicial en curso.

 Tanto el OEV como Súmate advierten que con los cambios en la elección, que ahora se hará a través de asambleas comunitarias, se atenta contra el artículo 63 de la Constitución: El derecho al sufragio se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. Otro punto esencial es que en adelante los tres diputados indígenas pasarán a representar apenas el 1,1% de la cámara, a diferencia del 1,8 % que representan en la actual legislatura.

“Menospreciar así la relevancia de la representación indígena ante la AN sería, además, desconocer un derecho reconocido a esos pueblos por primera vez en la Constitución de 1999”, expresa el OEV. 

Más elección, menos decisión  

 Las nuevas normas reservaron espacio para asignar un cociente electoral de 48 diputados nacionales. Sobre este punto hay un elemento de peso: estos representantes se van a elegir sumando los votos que obtenga cada uno de esos partidos en sus listas en cada estado, pero además se les restarán posibilidades a los partidos regionales.

 “Se crea ahora un nuevo ente, un nuevo cuerpo, que son 48 diputados adicionales que son, supuestamente, de una lista nacional y al ser de una lista nacional, entonces ninguno de esos diputados será el representante efectivo de una entidad federal. Nuevamente hay una distorsión del voto directo”, advierte Luis Lander.

 Por su parte, Francisco Castro, director de Súmate, complementa sobre las irregularidades que, al ser una lista nacional, los venezolanos en el exterior deberían poder votar por tratarse de una circunscripción nacional. “Esa es una violación más”, ataja.

Bioseguridad en veremos

 El cronograma electoral avanza en medio de la pandemia por COVID-19 y todavía no hay claridad sobre las medidas de biodiversidad para el #6D. Pero, además, hay varias actividades del proceso que demandan la presencia de varias personas, con lo cual no estaría garantizado el distanciamiento social, básico para reducir las posibilidades de contagio.

El CNE informó, el 6 de agosto, que presentará su plan de bioseguridad para las elecciones parlamentarias a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que evalúe su factibilidad.

 “¿Cómo hacemos nosotros para, efectivamente, garantizar un sistema que nos permita no poner en riesgo a los electores, que, obviamente, son el centro fundamental de todo proceso electoral, pero tampoco a los funcionarios que son los que se van a tener que calar todo el día allí en una situación eventual de riesgo?”, plantea Luis Lander.

 De esa manera, el director del OEV refiere la experiencia reciente de República Dominicana, país donde hubo un repunte de las infecciones después del proceso electoral.

 “La Unión Europea y las organizaciones internacionales han hecho distintos estudios de cómo realizar elecciones en tiempos de pandemia y hay un conjunto de recomendaciones. Por ejemplo, en los operativos de inscripción y actualización en el registro electoral, el CNE cumplió o trató de cumplir una o dos, o sea, el distanciamiento y el uso de mascarilla, pero no había gel en los puntos de inscripción y actualización, en muchos sitios no se estaba respetando la distancia de dos metros, no había un acrílico entre las personas y los funcionarios”, finaliza Francisco Castro.