El diputado Miguel Pizarro señaló que este es un paso para el camino de la justicia y que el informe recomienda a la CPI hacer las investigaciones penales
«Maduro no es el que intenta venderse en las últimas dos semanas como demócrata, el maduro que enfrentamos es el que está dibujado en este informe», aseveró el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro (PJ-Miranda).
En la sesión virtual de la Asamblea Nacional -que inició su segundo periodo legislativo del año- Pizarro reconoció la labor de los sobrevivientes, familiares, víctimas y funcionarios activos que dieron su testimonio a la Misión Internacional de Naciones Unidas, que publicó su informe el miércoles, 16 de septiembre.
El diputado y Comisionado para la Ayuda Humanitaria también destacó que en dicho informe se determinan responsabilidades individuales y cadenas de Mando. «Desde el propio Maduro, pasando por Nestor Reverol, siguiendo hasta Diosdado Cabello, son responsables directos de dar órdenes, de pedir detenciones, desapariciones, de saber de violaciones de Derechos Humanos y no hacer nada para detenerlos».
También señaló que la Misión Internacional hace un conjunto de recomendaciones, entre ellas a la Corte Penal Internacional (CPI) de profundizar y sustanciar las investigaciones penales. «Esto es un paso en la dirección correcta del largo camino para la justicia, reparación, no repetición. Que al final de todo este ciclo se pueda cerrar este capítulo oscuro de la historia de Venezuela», expresó.
Igualmente el diputado Rosmit Mantilla (Encuentro Ciudadano-Táchira) informó que colaboró con el informe y dio su testimonio de cómo torturan en las cárceles venezolanas, especialmente en la Sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Plaza Venezuela.
«Participé como testigo en la elaboración de este informe y conté lo que viví. Se violan a los reos, se muelen a batazos, se les coloca bolsas plásticas con excremento humano, se somete a aislamiento a los privados de libertad en la tumba de Plaza Venezuela», relató.
Por eso señaló que en Venezuela la democracia no se cuenta en votos o elecciones, sino en su respeto a los Derechos Humanos. «La única solución posible es la constitución inmediata de un gobierno de emergencia nacional, que haga respetar los DDHH».
«No es posible una Venezuela de futuro, del perdón si antes no pasamos por la justicia. Hago un llamado a que las bases de la transición reposen sobre la base de la búsqueda de la justicia», concluyó.
Impunidad en alza
La diputada Dennis Fernández (AD-Cojedes) también intervino y señaló que la ruptura de la instituciones y del Estado de derecho, ha provocado un crecimiento vertiginoso de la impunidad, crímenes de lesa humanidad, asesinatos, encarcelamientos.
Consideró importante la recomendación de la Misión Internacional de que la CPI inicie las investigaciones correspondientes y así «las víctimas puedan obtener oportuna justicia».
Igualmente el parlamentario Luis Florido (UNT-Lara) aseguró que la administración de Nicolás Maduro debe «pagar sus delitos» y rendir cuentas a los venezolanos y ante los órganos de justicia nacionales e internacionales por los crímenes de lesa humanidad.
“Esa es la responsabilidad que tenemos con este informe, que no se convierta en letra muerta, sino en acciones concretas, para que aquí respondan los que tengan que responder”, acotó.
“Esa es la responsabilidad que tenemos con este informe, que no se convierta en letra muerta, sino en acciones concretas, para que aquí respondan los que tengan que responder”, acotó.
Educación en crisis
Los diputados también debatieron y aprobaron un proyecto de acuerdo por la crisis en el sistema educativo, además de las últimas medidas anunciadas por Nicolás Maduro sobre el regreso a clases.
Bolivia Suárez (Independiente-Lara) criticó las «contradicciones» de Maduro, por señalar un día que las clases serían virtuales, en otro momento que el año escolar se iniciaría en enero y luego que serían en octubre bajo el esquema del 7×7.
«¿Habrá luz, Internet, jabón, agua? Cuánta improvisación obviando el distanciamiento social y las medidas de seguridad. La COVID-19 expone la vida de todos. Los docentes no cuentan con una póliza acorde a la realidad inflacionaria del país, esgrimió.
Suárez indicó que apoyan el pacto unitario para impulsar otras acciones como la aprobación de un bono para los maestros y personal de educación. «Procurar la cooperación técnica, educativa y financiera internacional para hacer frente a la crisis educativa”.
Sobre esto la diputada Ana Mercedes Aponte (AD-Vargas) reveló que un profesor de categoría 6 -máximo escalafón- gana poco más de 700 mil bolívares y que Maduro les «robó» su contratación colectiva. «Adeuda desde el mes de mayo de 2018 a septiembre del 2020, 280 por ciento de aumento salarial y si a eso le sumamos la recurrencia estaríamos hablando de cerca de 700 por ciento que el régimen les adeuda a los docentes».
