En el estado Bolívar, la minería es realizada por cinco actores principales: políticos, militares, mineros no indígenas, bandas criminales e indígenas.
RunRun.es, en el año 2019, informó sobre la presencia de 20 balsas mineras a tan solo 23 km de distancia del Salto Ángel.
El más reciente informe de World Heritage Watch (WHW), organización que proporciona información sobre el patrimonio en peligro a la UNESCO que los Estados no reportan, informó sobre la destrucción de entre 500 y 700 hectáreas del Parque Nacional Canaima y su ecosistema, ante la minería para extraer oro mediante técnicas semimecanizadas y el uso de mercurio, un metal altamente tóxico.
Si bien las estimadas 521 hectáreas en las que la minería ocurre sólo representan una superficie de 0,018% de todo el territorio en el parque, representa una porción importante ya que el impacto de la minería no está limitado a las áreas en donde se ubican las minas, explica el informe.
“Cada mina agrega grandes cantidades de sedimento y contaminación a los ríos y a los cuerpos de agua en general”, reza el documento.
La organización explica que en el estado Bolívar la minería la realizan cinco actores principales, a saber: políticos, los militares, mineros no indígenas, bandas criminales, e indígenas.
Entre estos actores, los mayores afectados son los indígenas Pemón, explica WHW, haciendo referencia a SOSOrinoco, organización que se encargó del capítulo Venezuela en el último informe sobre patrimonio natural amenazado.
SOSOrinoco publicó en 2018 un reporte en el que da cuenta de 15 lugares en donde se hace minería dentro del P.N Canaima, y 18 en áreas adyacentes. En junio de ese año, el reporte fue entregado directamente a la UNESCO y ahora en 2020 se hizo una actualización del mismo. En él evidencian el agravamiento de la situación, y se recomienda que Canaima sea incluido dentro del listado de Patrimonios de la Humanidad en Peligro.
El informe hace referencia a los hallazgos de la investigación Canaima: un paraíso envenenado por el oro, publicado en RunRun.es y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) en 2019. En este trabajo se revela la presencia de 20 balsas mineras a tan solo 23 km de distancia del Salto Ángel; 14 de ellas, ubicadas en el sector de Arenales, 5 a lo largo del río Carrao y una en Akenan.
“También se descubrió una red criminal vinculada a un hombre de negocios responsable de construir una instalación turística ilegal en el corazón del P.N. Canaima que también sirve como centro de operaciones para actividades mineras ilegales. Los yacimientos más grandes están cerca de la frontera sur del parque, las minas del complejo Campo Alegre, alcanzando 293 hectáreas”, cita el informe sobre la investigación de RunRun.es.
Minería como política de Estado
“Una fiebre del oro está teniendo un impacto negativo en el Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad”, indica el reporte.
WHWatch explica que esta fiebre del oro está siendo alimentada por el gobierno venezolano a través de una política nacional que promueve la minería extractiva, conocida como el «Arco Minero del Orinoco», promulgada en 2016 en violación de la Constitución de Venezuela.
Esta área comprende una gran extensión del territorio de Venezuela, con una extensión de 111,843 km2. La política nacional del Arco Minero es una apertura total a la minería en general, pero cuya ambición principal es el oro y el coltán, argumenta la organización.
Esto ha generado, explican, una fiebre del oro en toda la región al sur del río Orinoco, incluido el estado de Amazonas, y a una proliferación de la emisión de certificados, así como permisos de facto, para la extracción de metales y minerales metálicos en todo el resto del país.
La política da la apariencia externa de un marco geográfico delimitado, pero en realidad aspira a extenderse a regiones no definidas por los mapas oficiales como dentro del Arco Minero del Orinoco, como es el caso del Parque Nacional Canaima”, se lee en el reporte.
Además, señalan que ha sido la fuente de sustento para un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, un asunto que ha sido incluso reconocido por las Naciones Unidas, y que ha empeorado significativamente en los últimos dos años.
Asimismo, indican que la situación se ha acentuado por la compleja crisis humanitaria en la que se encuentra inmersa Venezuela.
“Los escenarios futuros para el P.N. Canaima no son alentadores, porque no hay autoridades ambientales presentes en el campo, ni hay voluntad política o gobernanza legal para ocuparse de las operaciones mineras. Esto lleva a la expectativa de una mayor devastación del parque, una de las áreas naturales más extraordinarias del planeta, así como graves daños a la cultura nativa del pueblo Pemón”, sentencian.
El Parque Nacional Canaima fue aceptado como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994, luego de que el gobierno lo propusiera, dadas sus extraordinarias cualidades naturales y valor cultural. Esta aceptación obliga al Estado venezolano a preservarlo en toda su integridad, belleza escénica y valor patrimonial.
