LA DIPUTADA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Delsa Solórzano aseguró que el “tiempo de la impunidad terminó” y que con la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se hará justicia en el mundo.
En rueda de prensa, Solórzano señaló que este es un día que debe ser recordado y que es un informe para todos los venezolanos.
Igualmente explicó que la designación de la Comisión que investigará violaciones de Derechos Humanos en Venezuela será en las próximas horas y que convivirá junto a los enviados de la Alta Comisionada de DDHH, Michelle Bachelet.
Sobre el informe dijo que hay varios puntos destacables como la exigencia de eliminar a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el asesinato de más de 6 mil personas por cuerpos de seguridad del Estado, la reducción del salario mínimo a 2 dólares mensuales y el acoso a la Asamblea Nacional.
“Representa un paso importante, porque empezamos a ver un camino más claro, para que en un breve tiempo las víctimas tengan justicia”, agregó la diputada.
Siguen las violaciones
La diputada Adriana Pichardo – también presente en la rueda de prensa- aseguró que este informe también será remitido a la Corte Penal Internacional para la investigación preliminar sobre violación a los Derechos Humanos en el país.
Además aprovechó las declaraciones para denunciar que el buzo profesional Hugo Marino Salas sigue en condición de desaparición forzada, desde que fuera detenido el pasado 20 de abril, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Desde entonces sus familiares y abogados no han tenido información de su paradero y como lo explicó Pichardo, tampoco ha sido presentado ante un tribunal.
A principios del mes de julio los familiares de Hugo Marino solicitaron un habeas corpus al tribunal, con la intermediación del Foro Penal Venezolano, pero no se les había dado respuesta.
Incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos solicitó información sobre el paradero de Marino Salas.
Ese mismo mes de julio, Estados Unidos aplicó sanciones a la directiva de la Dgcim luego de las denuncias de tortura y asesinato del Capitán Rafael Acosta Arévalo.
Igualmente este viernes, 27 de septiembre, la Unión Europea informó sobre nuevas sanciones a siete funcionarios entre ellos a cuatro funcionarios de este cuerpo de inteligencia militar, por considerar que están implicados en “torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos”, entre ellas la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
