LA NOCHE DEL 24 DE AGOSTO funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) efectuaron una requisa en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal Venezolano, afirmó que durante la acción los reclusos fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como golpizas y tortura psicológica. Además, hubo varios heridos.
La ONG Un mundo sin mordaza rechaza los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos estos reclusos, debido a que eso constituye una violación al artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, la ONG exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y solicita que se acate el debido proceso, derecho fundamental consagrado en el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
En Ramo Verde se encuentran actualmente 86 de los 501 presos políticos encarcelados por orden del gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con una nota de prensa de la ONG, los reclusos describieron el hecho como “una noche de terror”, en la que fueron destruidas sus pertenencias y los pocos medicamentos a los cuales tienen acceso, pues varios de ellos presentan delicadas condiciones de salud, como es el caso de Vasco Da Costa, quien además fue víctima de maltrato psicológico muy severo.
“Se burlaron del cáncer que padece y le quitaron las pocas medicinas para su tratamiento”, aseveró Himiob.
La requisa culminó aproximadamente a las 3:00 de la madrugada. En el grupo de reclusos que fueron golpeados estaba el sargento Luis Alexander Bandres Figueroa, quien fue encarcelado por protestar contra Maduro en Cotizay desde su reclusión ha sido sometido a torturas como descargas eléctricas y golpizas; y Jesús Medina, reportero gráfico detenido en agosto de 2018 por colaborar en una investigación periodística sobre las protestas sociales registradas en Venezuela.
Un mundo sin mordaza recuerda que estas denuncias de agresiones y tortura atribuidas a funcionarios estatales representan una situación de riesgo inminente para la vida e integridad personal de estos presos políticos. Hasta el momento, 12 de ellos tienen boleta de excarcelación, pero continúan privados de libertad ante la negativa de las autoridades de los centros de reclusión a cumplir dichas órdenes, lo cual constituye una violación a los derechos humanos.
