Frente a la inacción y negligencia en materia de derechos sociales se tiene un Estado diligente y que no escatima a la hora de reprimir
La emergencia humanitaria que vive el país obliga a revisar el funcionamiento del Estado venezolano, el cual fue concebido para que “asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna”, pero a la luz de su conducción por parte del Gobierno nacional, quien además ha monopolizado todas sus funciones, el mismo ha perdido buena parte de su razón de ser.
Estos principios básicos –establecidos en el preámbulo de la Constitución– que luego fueron desarrollados en su articulado, prácticamente han dejado de tener sentido para la ciudadanía, pues las obligaciones del Estado en materias fundamentales como seguridad y justicia, así como su deber de atender áreas vitales para la calidad de vida de la población como salud, educación, alimentación y servicios básicos, han sido dejadas a su suerte, constituyéndose en lo que podemos llamar un Estado negligente, pero también en muchos casos ausente.
Son múltiples las garantías constitucionales que actualmente carecen de atención gubernamental, y esto pasa principalmente por la omisión intencionada o no en la que viene incurriendo el Ejecutivo Nacional.
Garantías en peligro
La existencia de un Estado ausente o negligente por inacción o ineficacia desde hace unos años viene condenando a la población venezolana a sufrir los rigores de los peores indicadores socioeconómicos de su historia, o a tener que sobrellevar un acceso muy limitado a sus derechos fundamentales como seguridad, salud, justicia o alimentos. A continuación, Acceso a la Justicia destaca algunas de las garantías constitucionales que las autoridades violentan día tras día, negando con ello la propia esencia del Estado, que es la de servir al ciudadano.
Lo social no es lo primero
Las estadísticas de mayo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) muestran que la crisis está en pleno apogeo, ya que el alto costo de los alimentos, el desabastecimiento, la falta de medicinas y la precariedad de los servicios básicos fueron los reclamos ciudadanos más reiterados.
Una de las principales preocupaciones de la población es en materia alimentaria, afectada por la escasez o la imposibilidad de comprar lo necesario para vivir –debido a la hiperinflación. Por ello hace largos recorridos en comercios tratando de cazar un producto que le permita subsistir, o protesta por la falta de rubros básicos que pueda comprar, o sale a la calle a buscar comida en la basura, ya que los precios, en su mayoría, son prohibitivos.
Lo mismo se repite en el sector transporte. El impedimento de los conductores para mantener sus unidades –ya sea por precio o falta de repuestos– ha hecho desaparecer numerosas rutas urbanas y suburbanas, y ha provocado el uso de camiones de carga sin condiciones de seguridad para tratar de paliar la notable falta de buses y “por puestos” en el país.
En paralelo, los servicios de electricidad y agua viven sus peores horas. No hay región del país que no padezca de cortes del suministro energético, principalmente asociados a la falta de mantenimiento, ya que el Estado no ha cumplido con su misión de asegurar sus operaciones; así como la distribución de agua también falla de manera generalizada por las mismas razones.
En el caso de la salud, aunque el artículo 83 de la Constitución estipula que este es un “derecho social fundamental”, y que debe garantizarse como parte del derecho a la vida, la realidad es que el Gobierno no asegura ninguno de los factores que lo conforman: atención hospitalaria, acceso a medicamentos, vacunación, entre otros.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala en su artículo 11 el derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.
Sin embargo, todas estas y otras garantías de índole social en Venezuela, que son responsabilidad del Estado, o no forman parte de las políticas públicas y acciones que emprende el Ejecutivo Nacional, o no son atendidas adecuadamente.
La justicia debe ser accesible e imparcial (Artículo 26)
La carta magna no solo establece que “toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses”, sino que además “el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.
Con cada una de estas estipulaciones la Constitución busca blindar el acceso a la justicia y la ejecutoria de la misma. Pero el país dista mucho del ideal planteado por el texto fundamental. El Gobierno violenta prácticamente todas esas condiciones, incluso con la venia de quienes lideran el poder Judicial.
Por ejemplo, las protestas antigubernamentales de 2017 desnudaron el estado de la justicia venezolana, pues al tiempo que se aplicaron miles de detenciones arbitrarias –Foro Penal contó 5517 al cierre de diciembre 2017, y otras 164 hasta marzo 2018–, lo que supuso que los arrestos se hicieran sin una orden o sin que hubiera flagrancia como lo impone el debido proceso, el quebrantamiento de este último precepto continuó, ya que muchos de los apresados no fueron presentados en las primeras cuarenta y ocho horas ante una autoridad judicial, mientras que muchos fueron sometidos a la justicia militar, privándolos de su derecho a ser procesados por su jueznatural.
Una manera de proceder similar se evidencia con el tiempo de respuesta a demandas o recursos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por ejemplo, en una muestra de 146 sentencias que fueron noticia desde diciembre de 2015 (elección de la Asamblea Nacional) y marzo de 2018, el máximo tribunal decidió las causas presentadas por el presidente de la República en un promedio de 7,8 días y siempre a favor, cuando las de los partidos de oposición le tomó una media de 137,5 días, y los temas antigobierno presentados por ciudadanos los resolvió en 302,2 días, en contra en todos los casos.
Así tenemos que frente a la inacción y negligencia en materia de derechos sociales se tiene un Estado diligente y que no escatima en nada a la hora de reprimir. Esa es la imagen del Estado venezolano, uno que sólo vive para sí mismo y no para los ciudadanos.
Todas las personas son iguales ante la ley (Artículo 21)
La Constitución desarrolla en este apartado una serie de garantías, entre las que se debe destacar el primer numeral, el cual estipula que “no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
De este tipo son numerosas las formas de discriminación que ha impuesto el Ejecutivo, pero la ejercida a través del Carnet de la Patria las lidera todas. El panel de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, emitió un informe en el que considera que con este documento, el Gobierno ha instrumentado una política de apartheid para entregar medicinas y alimentos, lo que viola los derechos humanos.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los despidos políticos también se enmarcan entre los métodos discriminatorios activados por las autoridades. Todo aquel que disienta del régimen político es visto como un enemigo y, en consecuencia, sufre la violación de sus derechos.
Con información de Acceso a la Justicia.
