UN ARTÍCULO ESCRITO POR LUIS CARLOS DÍAZ para Acceso a la Justicia explica como el gobierno manipula la información en torno al caso de los hermanos Sánchez, militantes del partido Primero Justicia y capturados por organismos de seguridad del Estado.
Los hermanos Sánchez no estaban en flagrancia y los uniformados no tenían orden de captura. Así que fue una detención arbitraria, es una violación a los derechos humanos y es en la era chavista.
Posteriormente estuvieron incomunicados, sin acceso a sus abogados ni sus familiares durante horas. No se supo dónde estaban y las autoridades responsables de la detención no daban razón de ellos. Eso es una desaparición forzada, otra violación a los derechos humanos.
Es una práctica común en la administración chavista, algo similar sucedió con Alcedo Mora, que sigue sin aparecer tras su denuncia de corrupción en PDVSA.
Una vez que pudieron comunicarse con sus familiares, informaron que habían sido torturados para declarar falsamente. Algo similar se lo aplicaron a Marco Coello y a otros cinco detenidos para intentar culpar a Leopoldo López por los hechos de violencia del 12 de febrero. En esa oportunidad las torturas incluyeron batazos, golpes con extintores, ahogamiento, electricidad, alteración del sueño, terror psicológico y amenazas.
Las torturas no prescriben y tienen responsabilidades personales.
Como si fuera poco, el presidente Nicolás Maduro televisó una grabación con declaraciones de uno de los hermanos presuntamente torturados. El mandatario dijo que tenía permiso de la Fiscalía para mostrar en público esas “evidencias” del caso.
Condenó a los hermanos al aire en televisión. También el vicepresidente, Tareck El Aissami pidió para ellos y para otras decenas de detenidos “la pena máxima”.
La acusación no está en el expediente, la Fiscalía aclaró que no conocía el vídeo y por lo tanto no pudo haberle permitido su uso al Presidente, además exigió que se investigara la tortura y otras violaciones a los derechos humanos.
La juez Josepline Flores le devolvió la pelota a la Fiscalía para que averiguaran quién “autorizó” el uso del video, rechazó investigar la tortura y ordenó la privativa de libertad en la cárcel de Tocorón para los estudiantes Francisco José y Francisco Alejandro Sánchez, acusados no de terrorismo, sino de “Instigación Pública y Agavillamiento”.
Con información de Acceso a la Justicia
