Vía El Nacional
El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, sugirió que aunque Venezuela recibe cordialmente a ciudadanos no permitirá que estos violen las leyes
El Gobierno de Venezuela advirtió a los comerciantes informales extranjeros que trabajan en el país que pueden perder la nacionalidad o los permisos de residencia si se determina que venden productos regulados como alimentos de la cesta básica o medicamentos.
“La violación de la ley, del ordenamiento jurídico, es causal para perder la nacionalidad o los permisos de residencia que hayan sido emitidos por la república, en ese particular nosotros vamos a actuar con toda la severidad necesaria”, dijo a periodistas el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.
El superintendente comentó que Venezuela acoge a muchos extranjeros “porque los queremos y los apreciamos” pero no para que violen las leyes del país.
Méndez indicó que la medida se enmarca en un plan de “abordaje a la economía popular” para detectar a los comerciantes informales que están vendiendo los productos regulados que se iniciará “en las próximas horas”.
El plan, dijo, consta de tres fases, una de educación y advertencia, otra de decomiso y multa, y una tercera de detención y pase a tribunales de los que incumplan la ley.
Explicó que estos comerciantes o buhoneros revenden los productos regulados a precios muy superiores a los estipulados por el Estado y de esta forma “roban el salario del pueblo”.
El presidente Nicolás Maduro informó ayer que aprobó un decreto para prohibir la venta de productos de primera necesidad en la economía informal “porque el pueblo está indignado”.
“La orden es muy clara, tiene que acabarse ya la especulación y la venta en la calle de productos de primera necesidad”, dijo.
El anuncio lo hizo tras informar que aprobó una reforma de la Ley de Precios Justos para penalizar con hasta 14 años de cárcel a los implicados en contrabando, a quienes también se les confiscarán todos sus bienes, lo que dará al delito un tratamiento similar al que se aplica en materia de drogas en el país.
Exigen a Nicolás Maduro no criminalizar el trabajo de la buhonería
Trabajadores de la economía informal de Caracas manifestaron a través de un comunicado de la Asociación de Trabajadores, Empresarios y Microempresarios (Atraem), sobre el llamado realizado al ejecutivo nacional a no satanizar el oficio de la buhonería y combatir la famosa matraca aplicada por los cuerpos de seguridad del estado, que es la causa principal de los altos precios de los productos en la calle. Además expresaron que los líderes economía informal están dispuestos a dialogar con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) sin discriminación buscando soluciones para el sector, todo bajo el amparo de la Constitución.
Ali Martínez, trabajador informal de Bellas Artes, señaló que el Gobierno debe buscar a los líderes de la economía informal para establecer reuniones de trabajo y buscar soluciones para el sector, la especulación se evita con diálogo no con represión como se hizo en el pasado. “El gobierno está buscando criminalizar nuestro oficio, debemos combatir la especulación pero prohibir que los buhoneros vendamos productos de primera necesidad a su precio justo es algo inaudito, esto nos recuerda el pasado cuando éramos y aun somos correteados por la policía y hasta nos llevaban a la cárcel, debemos evitar esto”, expresó.
Martínez, quien se identificó como militante del PSUV, explicó que la economía informal tiene un grado de organización que debe ser reconocido, esto se expresa cuando recogen en una calle entre varios buhoneros el dinero para pagarle el soborno al policía. “La matraca es el mayor problema que vivimos los trabajadores independientes, esta es una de las causas del alza del precio de los productos, la economía informal no es el problema, por eso le pedimos al camarada Andrés Eloy Méndez que se reúna con nosotros y no solo con los grandes empresarios”.
Por su parte Vicente Carias, trabajador informal y miembro de Atraem, informó que más de 6 millones de personas forman parte de la economía privada popular, de los cuales millón y medio son empleados informales. “Somos parte importante del desarrollo de Venezuela y merecemos respeto, estamos dispuesto a dialogar con el Gobierno buscando reconocernos, invitamos al Sundee a recorrer las calles y establecer contacto con los líderes del gremio dejando los estigmas y las divisiones políticas a un lado”, afirmó.
