Parece evidente que el gobierno no rectificará a pesar de sus pesares. Ceballos y Scarano han demostrado que cuentan, en sus municipios respectivos, con un apoyo popular abrumador, según los resultados de las elecciones del domingo. Manifestaciones de voluntad que, según muchos, deberían ser suficientes para que el gobierno asuma su error político al apresarles. El argumento sin embargo, es el contrario: Nicolás insiste, en que meterá preso a los alcaldes que “se vuelvan locos”. Además de reiterar su concepción de la separación de poderes (según la que manda él en todas partes), vislumbra el carácter del régimen frente a la protesta, y sobre todo, la contradicción absoluta con su argumento más poderoso desde que Chávez ganó la primera elección: la premisa de la mayoría.
Respecto a la separación de poderes, creo que no vale la pena derramar más tinta. Tal cosa no existe desde hace ya bastante tiempo, y hoy el poder en Venezuela está divido entre los grupillos de mandones que todos conocemos bien. Pero separado, en el sentido republicano de ese concepto, no está. Ni estará. En cuanto al carácter del gobierno frente a la protesta, queda claro, al menos hasta el momento en que escribo, que no existe la más mínima intención de reducir la intensidad represora cuando sea necesario, ni conceder paliativos a la crisis evidente. La vara es, y seguirá siendo, la del poder ejercido porque sí; la de botar a Smolansky de una reunión; la de la bravuconería y rabietas televisadas; la de aclarar, por si queda alguna duda, quienes son lo que dictan en la dictadura. Sin novedades.
Lo complicado es la paliza electoral. Y es que el desmantelamiento sistemático del Estado de Derecho en Venezuela, de la institucionalidad, y de la democracia, ha venido, paradójicamente dirían algunos, de la mano de las mayorías. De la imposición de esa nefasta idea en la que democracia consiste sólo en votar y ganar. Todo el sustento, todas las acciones, todas las imposiciones, han venido de la mano de la bendita y sacrosanta voluntad popular. No hay derechos de las minorías, no hay instituciones, no hay cielo ni dioses capaces de defenestrar aquello que la mitad más uno ha decido. Esa concepción, que ha servido para acabar con la justicia, con las leyes, la Constitución y el Derecho, ahora le explota en la cara al gobierno, que arguye como puede que los acaldes están presos por violar la Ley, porque lo dice un Tribunal, y porque ahora sí, hay que respetar todo lo que ellos, por contar con el apoyo popular, decidieron destruir, que por estar destruido y bajo su control, ha dejado de existir.
Ceballos y Scarano deberían estar libres, como todos los presos políticos y estudiantes que injustamente se encuentran tras una reja, no porque la mayoría así lo desee, sino porque no hay legalidad alguna que justifique su detención. El gobierno probablemente no aceptará liberarles (ojalá me equivoque) pero la vocería opositora erraría en fundamentar su exigencia de justicia en esa premisa mayoritaria, tan volátil y peligrosa. La victoria, sin embargo, no es superflua, y constituye una señal política nada menospreciable que coloca al bigote y al teniente coronel en el dilema más incómodo para un gobierno. El de imponer el poder a la voluntad popular. No se dicta tan fácil cuando grita todo el mundo. Menos si se vuelven todos locos.
Miguel E. Weil Di Miele
