Smolansky pide a la CorteIDH condenar al Estado por violar libertad de expresión
El alcalde se refirió al cierre de RCTV, ocurrido el 27 de mayo de 2007. “Ha sido la puñalada más grande que haya recibido la libertad de expresión en Venezuela y la historia de nuestra democracia”, señaló
Este martes el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, aseguró que luego de siete años de la decisión arbitraria del gobierno nacional de cerrar RCTV, siguen estando vigente en los venezolanos los trabajadores y comunicadores que perdieron sus empleos.
“Ha sido la puñalada más grande que haya recibido la libertad de expresión en Venezuela y la historia de nuestra democracia”, señaló.
El alcalde enfatizó la importancia de recuperar los derechos que tienen los venezolanos, sobre todo el que tienen a estar informados y poder expresarse libremente.
“El deber de los que queremos vivir en libertad es que podamos recuperar, precisamente, la libertad de expresión, que podamos tener medios independientes, que podamos tener periodistas que puedan acceder a la fuente oficial y que, sobre todo, podamos derrumbar una hegemonía comunicacional que lo que busca es adoctrinar, ideologizar e imponer una sola línea de pensamiento”, expresó Smolansky.
Recordó que esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en costa Rica, decidirá sobre el caso de Radio Caracas televisión; en ese sentido el alcalde de El Hatillo solicitó a esta instancia internacional condenar al Estado venezolano por las violaciones a la libertad de expresión, al derecho al trabajo y al debido proceso.
El Estado venezolano despojó a RCTV, sus accionistas, directivos y periodistas de sus derechos a la libertad de expresión y derecho a la propiedad a través de la negativa de renovación de concesión y la confiscación de sus equipos. Violó la libertad de expresión al forzar el cese de sus transmisiones, de su actividad periodística e informativa¨.
El cierre de RCTV, ocurrido el 27 de mayo de 2007, dejó sin empleo a miles de trabajadores de esa planta televisiva, tras la negativa por parte del Estado venezolano de renovar la concesión que otorga para que los medios hagan uso del espectro radioeléctrico.
