En Venezuela hubo municipio antes que hubiera cualquier otra forma de organización política con posterioridad a 1498. La fundación de ciudades se hizo con la formalidad española y, aunque ya en aquellas lejanas tierras perdía sus fuerzas, aquí las recuperó, en virtud de las largas distancias y las difíciles comunicaciones.
La democracia, aún desde su prólogo, trajo la revigorización de la vida municipal en sus programas y en sus constituciones. En la de 1947, la de 1961, y esta de 1999 no es excepción. Pero cuando uno dice, desde su prólogo, es por un dato preciso.
En el Programa de Febrero de 1936, el Presidente Eleazar López Contreras afirma: “Una de estas reformas, que considero de las más esenciales, es la relativa a los Municipios, que casi habían dejado de existir bajo la influencia nefasta de intromisiones extrañas. Esta cuestión vital debe estudiarse sin tardanza, a fin de devolverle a los Concejos Municipales su autonomía.
La regeneración de esa célula del organismo nacional, que tantas raigambres seculares tiene en nuestra historia, sería el punto de partida de saneamiento del Estado federativo venezolano.” Pertenece a un sólido discurso doctrinario de Andrés Eloy Blanco al dejar su curul de concejal de Caracas, la aseveración de que La autonomía municipal es “de los principios tradicionales y salvadores de la nacionalidad venezolana.”
El Municipio es una comunidad, con sustento sociológico e histórico y es la unidad política primaria de la organización nacional. Su naturaleza es, pues, comunitaria y celular. La creación legislativa ulterior del consejo comunal en cuanto instancia del gobierno comunitario o la comuna como “espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas” que dice la Ley Orgánica del Poder Popular y del conjunto de leyes asociadas a ésta cuyo propósito excede a la promoción de la democracia participativa que el Constituyente de 1999 avisoró, pues asume el propósito de la “construcción del socialismo”, no se aviene con la pauta constitucional, ni con la Historia de Venezuela.
Con la Ley de los Consejos Comunales, señala atinadamente Brewer-Carías, “puede decirse que se comenzó el inconstitucional proceso de desmunicipalización de la participación ciudadana” al sustituirse al Municipio como unidad política primaria “por un sistema de entidades sin autonomía política alguna (…) directamente vinculadas y dependientes en un esquema centralizado del poder, dirigido desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo Nacional…
El “Estado Comunal”, paralelo al Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, federal y descentralizado, planteado en la Constitución, tiene obviamente consecuencias sociales, políticas y económicas distintas, pero también implicaciones jurídicas nítidamente contradictorias con el diseño constitucional y el concepto de sociedad al cual éste atiende.
Fortalecer el municipio en bien del ciudadano y de la ciudad, para que sea promotor de esa vida local que queremos, para el pueblo y para el progreso, es el objetivo de la Mesa de la Unidad Democrática.
Hay un Compromiso de nuestros candidatos a alcaldes y concejales a nivel nacional, y unos Lineamientos elaborados con seriedad, profesionalismo y criterio abierto. Y en cada uno de los trescientos treinta y cinco municipios del país se trabaja en la dimensión específica, atendiendo a las peculiaridades locales. En Lara, nos sentimos orgullosos de nuestro elenco de candidatos.
Alfredo Ramos tiene con què ser un gran alcalde de Iribarren y lo será. En Palavecino la gente tiene muy sólidos motivos para creer en José Barrera, como en Torres el joven liderazgo de Juan Guillermo Gòmez es base del optimismo. Gerencia para progresar darà José Martìn a Jiménez y Vìctor Escalona es la oportunidad de que Morán vuelva por sus fueros.
Alexis Virguez es un incansable luchador en Simòn Planas. Y la experiencia acredita a José Moreno en Crespo, Daniel Quiñones en Andrés Eloy Blanco y Williams Ereú en Urdaneta. Ellos, con la fuerza de la Unidad, serán la llave del cambio y el progreso en Lara.
