La organización Transparencia Venezuela se pronunció para rechazar la pretensión del presidente Nicolás Maduro de aprobar el presupuesto nacional 2017 sin concurso de la Asamblea Nacional, como está establecido en la Constitución.
Transparencia Venezuela hizo un llamado a pronunciarse en contra por, además de ser violatorio de la Constitución, impide la participación ciudadana, bloquea la necesaria rendición de cuentas y facilita la concentración y el abuso de poder por parte del Gobierno.
“El presidente no es el único venezolano que puede decidir en qué se gastan los recursos de todos los venezolanos y en qué no. La pretensión presidencial profundiza la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los recursos del pueblo, lo que impide la participación ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y facilitan la concentración y el abuso de poder” enfatiza Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.
Aún más, De Freitas advierte que, de aprobarse el Presupuesto Nacional fuera de la Ley y sin concurso de la Asamblea Nacional, cualquier endeudamiento público en el que se incurra para obtener recursos, éste no será asumido por la República, sino directamente por el ciudadano Nicolás Maduro.
La organización también explica que el presidente Maduro decida unilateralmente las prioridades de Venezuela y en qué se gastan los recursos cada vez más escasos, viola no solo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus arts. 187 y 313, “sino el derecho de cada uno de los venezolanos que elegimos a los diputados de la Asamblea Nacional para que nos representen en el proceso de aprobación, seguimiento y control de los fondos públicos”.
“Para que cuenten los intereses colectivos, es preciso que el presupuesto público sea sometido a una amplia e inclusiva discusión a través del órgano legítimo de representación política que reúne a delegados de todos los territorios del país y, en nuestro caso también de los grupos indígenas, es decir, la Asamblea Nacional”, indica la organización y agrega que luego de que se logren los consensos, es la Asamblea Nacional el único poder autorizado, según la Constitución, para aprobarlo y darle la legalidad que garantice el obligatorio cumplimiento de sus metas y desautorice cualquier accionar que no esté allí contemplado.
Aseguran que de respetar la institucionalidad para dilucidar cómo se asignarán los recursos disponibles en el presupuesto, “abre las posibilidades para mejorar la crítica situación social y económica que padecen los venezolanos”.
“Mientras el mundo avanza hacia una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y del presupuesto en particular, Venezuela se hunde en el secretismo, aumentando los riesgos y las oportunidades de corrupción”, sentencia la organización.
