Venezuela vive hoy la mayor crisis económica de su historia contemporánea, y a pesar de ello, el Gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado considerablemente el lobby en Estados Unidos. En los tres años que tiene como presidente, el Estado venezolano ha invertido en cabildeo 4.370.000 dólares en Washington, según datos obtenidos del Centro de Responsabilidad Político Opensecrets.org.
Desde 2014 cuatro empresas: Brownstein Hyatt Farber Schreck, Cornerstone Government Affairs, DutkoGrayling y Squire Patton Boggs han sido las encargadas de realizar el lobby a nombre de Citgo Petroleum – filial de la empresa estatal de petróleos, Pdvsa- en las principales agencias y departamentos del gobierno estadounidense.
Según se desglosa en Opensecrets.org la principal actividad de cabildeo corresponde a medir el potencial impacto que tendría para Citgo Petroleum las restricciones de política exterior y que el Departamento de Energía aplicaría tras aprobar la ley S. 2142 – que impone sanciones a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela en 2014 – un gasto que representó para la nación 2.460.000 de dólares.
Brownstein y Cornerstone fueron las empresas encargadas de realizar el lobby – en la Cámara de Representantes, el Senado, la Oficina Ejecutiva del Presidente, el Departamento de Estado, de Justicia, de Tesoro, de Representación Comercial, la oficina del Vicepresidente y la Casa Blanca – ingresando 13 distintos documentos desde el 15 de julio de 2014 hasta el 20 de enero de 2016. La ley entró en vigencia el 18 de diciembre de 2014.
Pero Cornerstone Government Affair tuvo una asignación adicional: medir el impacto potencial de las políticas energéticas de Estados Unidos en las operaciones que realiza Citgo Petroleum luego de que fuesen aprobadas las normas Hr 2576 (Ley sobre el Control de Sustancias Tóxicas) y Hr 3080 (Ley que busca modernizar la norma de Control de Sustancias Tóxicas). Para dicho fin se utilizaron 280.000 dólares
Venezuela también gastó 1.220.000 dólares en protección a la marca Citgo Petroleum, una actividad relacionada con la ley S. 2142. Para esta actividad solo estuvo asignada la empresa Squire Patton Boggs, la misma firma que estuvo encargada de la defensa de Franci Francisco Flores de Freitas, el sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, detenido en Puerto Príncipe el 10 de noviembre de 2015 por tener presuntamente en su posesión 800 kilogramos de cocaína junto a Efraín Antonio Campos Flores.
Otros 400.000 dólares gastó el Estado venezolano, a nombre de Citgo Petroleum en trabajar para ayudar a la financiación de créditos en las actividades de dragado y seguimiento de las legislaciones Hr 335 (Ley Marítima de promesa de Estados Unidos) y Hr 3080 (Ley para el Desarrollo de 2014 de Reforma y de los recursos hídricos) con la firma Dutko Grayling, previamente llamada Dutko Group Companies. Otros 10.000 dólares gastados por dicha empresa no tuvieron asignación específica en las actas.
