Detención a estudiantes pone en tela de juicio diálogo en Venezuela - Runrun

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El diálogo entre Gobierno y oposición en Venezuela pende de un fino hilo. Después de que dos tribunales privaran de libertad a 11 estudiantes detenidos el 8 de mayo en los cuatro campamentos opositores instalados al este de Caracas, analistas consideran que la tensión reinará en los encuentros entre ambos grupos.

Richard Blanco, diputado del partido Alianza Bravo Pueblo a la Asamblea Nacional (AN) venezolana, aseveró que con sus “arbitrarias medidas” el Gobierno da una “patada a la mesa de diálogo”, sin importar la presencia de observadores extranjeros, y pone un color sombrío a conversaciones que siguen sin dar resultados.

“Los estudiantes no cometían delito alguno. Sólo defendían los valores de la democracia, pero el Gobierno no respeta el derecho a la libre protesta, consagrado en el artículo 68 de la Constitución, y hace caso omiso de las reivindicaciones que solicitan los jóvenes. Se pone en tela de juicio al diálogo en sí, que parece ser una cortina de humo para desarticular las protestas que llevan tres meses”, expresó Blanco.

Al ser consultado sobre el riesgo de fractura en las conversaciones, tanto por el arresto de estudiantes, como por la falta de acuerdos, el parlamentario sólo respondió con un refrán: cuando el río suena es porque piedras trae. “No se vislumbran mayores resultados en el tiempo”.

Posible ruptura 

Dinorah Figuera, diputada a la AN por el partido Primero Justicia, observó que “sería terrible” romper las comunicaciones con el Gobierno por su violencia hacia las manifestaciones pacíficas y su persecución sistemática para quien piense distinto. La lentitud en la resolución del conflicto político en Venezuela genera riesgos de ruptura en las conversaciones iniciadas hace un mes entre dos grupos que se adversan desde hace 15 años sin encuentro alguno. “La Mesa de la Unidad apostó al diálogo, pero quien tiene posibilidades reales de ofrecer resultados es el oficialismo”, dijo la parlamentaria.

Consideró positivo las presiones ejercidas por la oposición, pues han desencadenado en que se vean las costuras “totalitarias del régimen”, que mediante el uso de sus fuerzas militares reacciona violentamente contra las manifestaciones estudiantiles, por lo que ha quedado mal parado en materia de derechos humanos.

La inestabilidad del diálogo

Además, se ha observado nula voluntad política en abrir camino hacia la paz política. “La única medida que han tomado es permitir exámenes médicos a Iván Simonovis, condenado por 30 años por los sucesos de puente Llaguno, que desencadenaron el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Con base en sus resultados, se evaluaría la pertinencia de su libertad”.

El obstáculo mayor que enfrenta el diálogo son sus detractores, acusó Figuera, pues mientras unos se han abierto a dar respuesta a las peticiones opositoras, otros lo entorpecen a diario, como Diosdado Cabello, presidente del Congreso y máxima figura del partido de Gobierno desde que falleció Hugo Chávez, cuyas posiciones, según la diputada, perjudican al punto de que Estados Unidos amenace con sanciones a Venezuela. “Eso sólo haría sufrir al pueblo, como ocurrió con el bloqueo a Cuba. Siempre vamos a apostar a la resolución de los conflictos internamente”.

Los imputados 

Los fiscales del Ministerio Público imputaron a los 11 estudiantes delitos como porte de armas de fuego, asociación ilícita, incitación a la desobediencia, uso de adolescentes para delinquir, obstrucción a las vías públicas, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias.

Los afectados por la medida son: Sairam Rivas, Manuel Cotiz, Christian Gil, Dioris Albarrán, Abril Tovar, Gerardo Carrero, Gerardo Resplandor, Nixon Leal, Anderson Briceño, Carlos Pérez y Ángel Contreras. Los 156 jóvenes restantes fueron puestos en libertad con medidas cautelares, lo que significa que pasan a engrosar una lista de más de 3.000 venezolanos que deben presentarse cada 15 días ante los tribunales.

Diario Las Américas