Escrito por Daisy Galaviz para El Pitazo

“Por una orden presidencial”, justificaron funcionarios del Faes —ente adscrito a la Policía Nacional Bolivariana— el allanamiento de apartamentos en el complejo urbanístico de la Misión Vivienda Venezuela de Ciudad Tiuna. Familiares de las ocho víctimas ajusticiadas narraron que con esa consigna entraban a los domicilios y minutos después se escuchaban disparos.

Alrededor de las 4 de la madrugada del sábado 8 de septiembre, 500 uniformados del cuerpo táctico de la PNB —vestidos de negro y con pasamontañas— ingresaron al complejo habitacional localizado en el sector Las Mayas. Los edificios son conocidos por la comunidad como “Los Rusos”, y se encuentran a solo metros de Fuerte Tiuna; la instalación militar mas reconocida de la capital venezolana.

Entre los bloques 28 y 36, funcionarios realizaron requisas en los domicilios sin una orden de allanamiento emanada de un órgano judicial, como establece el artículo 211 del Código Orgánico Procesal Penal. Los presuntos buscados por las autoridades fueron llevados a pisos cercanos de sus apartamentos y fueron ejecutados en las paredes; como expresaron sus deudos desde la medicatura forense de Bello Monte.

Freddy Eduardo Bello Martínez, de 21 años, fue uno de los ajusticiados. Eglis Martínez, su cuñada, relató que el hombre tenía una semana viviendo en Fuerte Tiuna; anteriormente residía en el barrio San Andrés de El Valle, pero decidió ocupar el apartamento que la Misión Vivienda le había otorgado hace tres años, pues se encontraba deshabitado y a la familia habían llegado comentarios que se lo iban a quitar.

Pasadas las 5 de la mañana, Freddy fue sacado de la vivienda con una voz de “es una orden presidencial”. De acuerdo a la cuñada dormía con su hija de tres años, a quien alejaron y se la entregaron a la madre. Ambas fueron encerradas en un cuarto desde donde escucharon los disparos; pudieron salir cuando se llevaban a la víctima al hospital de Coche.

La víctima, de 21 años, se dedicaba a vender café detallado al frente del centro comercial El Valle y fue señalado por los policías como “un secuestrador”.

En el mismo apartamento de Freddy mataron a su cuñado, Deiver Daniel Caraballo, un joven que en agosto cumplió su mayoría de edad. Antes del operativo de este 8 de septiembre fue detenido por funcionarios del Faes en otro procedimiento policial que se desarrolló el 19 de mayo; el cual dejó como resultado tres asesinados y siete retenidos, como expresa una nota del diario Últimas Noticias.

Deiver fue llevado a declarar, pero según su hermana, quien pidió resguardo de su identidad, lo soltaron el mismo día. El sábado no corrió con la misma suerte: tras escuchar la llegada de los funcionarios, salió de su vivienda y corrió al apartamento de su cuñado, donde terminó sin signos vitales. La víctima tenía siete hermanos, se encontraba desempleado y había dejado los estudios, pero formaba parte de la Misión Robert Serra, que ayuda con los operativos para tramitar el carnet de la patria.

José Gregorio Pantoja, de 49 años, es otro de los hombres que fue víctima de la masacre. Se ganaba la vida como mototaxista desde hace cinco años y dejó cuatro hijos menores de edad. Con ojos cansados de tanto llorar, una de sus hermanas comentó que “los cuerpos policiales no pueden estar matando a su antojo. Deben darle la oportunidad de redimirse a quienes han cometido delitos”.

Junto a José Gregorio mataron a un amigo, un comerciante que no vivía en Ciudad Tiuna, sino que residía en Maracay, pero que estaba de visita en Caracas para abastecerse de comida. Recibía el nombre de Iván Ramón Rojas Riera, de 36 años, tenía junto a su esposa varios locales de repuestos de celulares y dejó a dos niños menores de edad.

La mujer, mientras esperaba que le entregaran el cadáver de su pareja, detalló que el viernes 7 de septiembre llegaron a la capital del país. Ella se quedó en la casa de su suegra, en El Valle, e Iván se hospedó en el apartamento de José Gregorio, ubicado en el piso tres del bloque 34 de Ciudad Tiuna, porque tenían planificado comprar carne la mañana del sábado 8.

“A las 6 de la mañana recibí una llamada y me dijeron que habían matado a José Gregorio, pero que Iván estaba vivo. Cuando llegué al sitio me enteré que los mataron a los dos: una persona me comentó que hubo una masacre y que en el apartamento donde asesinaron a Goyo también mataron al gordito del Aveo gris”, refirió la esposa. Comentó que funcionarios policiales lo identificaron como “azote de la zona, que pertenecía a una banda dedicada al robo de vehículos”.

Por último, Jhonny Heriberto Blanco Mecía, de 36 años, fue identificado por las autoridades como el jefe de la banda. Sus familiares lo describieron como un “comerciante que revendía carros, compraba dólares y tenía planeado montar una fábrica de tequeños”. Uno de sus ingresos era una grúa la cual cuando requerían de sus servicios, la alquilaba.

Desde la adjudicación de los apartamentos por parte de la Misión Vivienda, Jhonny vivía en el complejo en el apartamento 13B del bloque 33. Dejó siete hijos y una esposa con tres meses de embarazo. La mujer denunció como los uniformados le pusieron una bolsa negra en la cabeza para que no viera lo sucedido; en un momento explicó que se quedó sin aire y tuvo miedo por la vida de su bebé.

Además declaró que en el operativo de mayo, funcionarios del Faes ingresaron a su apartamento y desde la fecha, como el hombre tenía varios negocios, le fijaron una cuota en dolares “que debía pagar si no le dijeron que me matarían, lo matarían o le sembrarían droga e iría preso”.

Familiares de la víctima denunciaron que los uniformados robaron de la vivienda electrodomésticos, joyas, relojes, comida y una camioneta que la víctima tenía estacionada en el edificio. Se conoció que Jhonny viajaba con frecuencia fuera del país; en ellos traía ropa y celulares para la venta.

En el operativo policial también fueron ajusticiados Martín Alfonso Sulbarán Rengífo, Eudomar Euclides Quijada Hugas y otro por identificar.

Funcionarios policiales informaron que resultaron detenidas 25 personas, quienes estaban presuntamente vinculadas a bandas delictivas. Se decomisaron cinco kilogramos de sustancias estupefacientes, siete vehículos solicitados y dos artefactos explosivos de fabricación artesanal.