El Foro Penal emitió un comunicado este jueves 9 de agosto en el que rechazan el proceso en el que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la asamblea nacional constituyente (anc) allanan la inmunidad parlamentaria de los diputados Julio Borges y Juan Requesens.

Explicaron que esta decisión se dio “sin respetar el derecho a la defensa de los directamente afectados por éstas, sin citarles ni convocarles a exponer o a consignar sus argumentos y alegatos defensa”. En el texto, además de esta irregularidad, indicaron que la anc usurpó funciones de la Asamblea Nacional, pues sería esta el único órgano facultado en la Constitución para aprobar una medida así.

Sobre los sucesos del 4 de agosto, en la que drones atentaron contra el presidente Maduro y por la que se le allana la inmunidad a estos dos parlamentarios, pidieron una investigación objetiva e imparcial por parte de los cuerpos de seguridad e instituciones del estado pertinente. “Expresamos nuestra grave preocupación al constatar que, desde la simple afirmación de una hipótesis sobre los hechos que no ha sido corroborada por una investigación seria, objetiva e imparcial, se persiga y se criminalice de manera indiscriminada a personas por el simple hecho de ser opositores políticos”.

A continuación el comunicado completo:

Quienes suscriben, directivos, coordinadores regionales y abogados y activistas voluntarios del Foro Penal, ante las decisiones emanadas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 8 de agosto de 2018, que sirvieron de base para que la Asamblea Nacional Constituyente desconociera la inmunidad parlamentaria de los  Diputados Julio Borges y Juan Requesens, destacamos lo siguiente:

1) Rechazamos categóricamente las decisiones emitidas en fecha 8 de agosto de 2018 por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de que las mismas se produjeron sin respetar el derecho a la defensa de los directamente afectados por éstas, sin citarles ni convocarles a exponer o a consignar sus argumentos y alegatos de  defensa y sin permitir, ni siquiera, la actuación e intervención de su defensa técnica a los efectos de que, en nombre de sus representados pudiesen hacer valer, como lo ordena la Constitución, en todo estado y grado del proceso y de la investigación, sus  derechos e intereses.

2) Rechazamos, de manera igualmente categórica, que la Asamblea Nacional Constituyente, que además fue constituida de manera ilegítima, haya usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) que es el único órgano del Poder Público al que la Constitución vigente, en su Art. 200, le atribuye la competencia de autorizar al Poder Judicial la detención, investigación penal y el enjuiciamiento de  diputados electos por el Pueblo soberano y en funciones.

3) En relación a los sucesos del día sábado 4 de agosto de 2018, en la Av. Bolívar de la ciudad de Caracas, que son los que dan motivo a la persecución judicial, previo allanamiento irregular de su inmunidad parlamentaria, no solo de los diputados Borges y Requesens, sino además de varios civiles que aún esperan su presentación ante los  tribunales como lo pautan la Constitución y la ley, destacamos:

PRIMERO: Que rechazamos cualquier mecanismo violento que cualquier persona, sea o no parte de la estructura del poder, utilice con la finalidad de hacer valer su visión o sus ideas políticas. Siempre nos hemos opuesto y rechazaremos cualquier tipo de violencia como mecanismo de reivindicación política o de cualquier otro tipo.

SEGUNDO: Exigimos de los cuerpos de seguridad, de la fiscalía y del poder judicial que sobre tales sucesos se adelante una investigación objetiva e imparcial, dirigida a determinar la verdad de los hechos por las vías jurídicas, tal y como lo ordena el Art. 13  del COPP.

TERCERO: Rechazamos que, violentando la garantía de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, y el derecho al debido proceso, se hayan adelantado de manera pública acusaciones y señalamientos contra los supuestos responsables de tales hechos, sin haber hecho las indagaciones de rigor, exponiendo públicamente evidencias que deberían formar parte de las indagaciones, aún en fase preparatoria, y violando con ello los deberes de reserva a los que están sometidas todas las partes y los sujetos

procesales en todo proceso penal.

4) Por último, expresamos nuestra grave preocupación al constatar que, desde la simple afirmación de una hipótesis sobre los hechos que no ha sido corroborada por una investigación seria, objetiva e imparcial, se persiga y se criminalice de manera indiscriminada a personas por el simple hecho de ser opositores políticos del gobierno o con la finalidad de mostrarlas como supuestos culpables, sin evidencias que lo acrediten de manera fehaciente e indiscutible, para la consolidación de la narrativa oficial sobre los hechos.

En Caracas, a los 9 días del mes de agosto de 2018.-

Alfredo Romero – Director Presidente

Gonzalo Himiob Santomé – Director Vice-Presidente

Robiro Terán – Director

Mariela Suárez – Coordinadora Operativa Nacional

Olnar Ortiz – Coordinador Estado Amazonas

Rossana Carreño – Coordinadora Estado Anzoátegui

Wiecza Santos – Coordinadora Estado Apure

Dimas Rivas – Coordinador Estado Aragua

Lucía Quintero – Coordinadora Estado Barinas

Patricia Borjas – Coordinador Estado Bolívar

Luis Armando Betancourt – Coordinador Estado Carabobo

Néstor Gutiérrez – Coordinador Estado Cojedes

José Reyes – Coordinador Estado Falcón

Abraham Cantillo – Coordinador Estado Lara

Fernando Cermeño – Coordinador Estado Mérida

Alberto Iturbe – Coordinador Estado Miranda (Altos Mirandinos)

Adriana Nápoles – Coordinador Estado Miranda (Valles del Tuy)

José Armando Sosa – Coordinador Estado Monagas

Pedro Arévalo – Coordinador Estado Nueva Esparta

José Torres Leal – Coordinador Estado Portuguesa

Daniel Salazar – Coordinador Estado Sucre

Raquel Sánchez – Coordinadora Estado Táchira

Rafael Maldonado – Coordinador Estado Trujillo

Gabriel Gallo – Coordinador Estado Yaracuy

Laura Valbuena – Coordinadora Estado Zulia